Rompe gobierno relación empresas-ciencia
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Rompe gobierno relación empresas-ciencia

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Rompe gobierno relación empresas-ciencia

11/01/2019

El Puente que existió durante décadas desde el Conacyt entre la ciencia aplicada y las empresas mexicanas, se rompió en este nuevo gobierno por dos razones.

El presupuesto cayó en 8 mil millones de pesos y la nueva dirección que encabeza la señora María Elena Álvarez-Buylla Roces, tuvo a bien reorientar los recursos a la investigación “científica pura”.

En el sexenio anterior, los recursos aplicados para fortalecer la relación ciencia-empresa fueron los más altos en la historia del país, al invertirse 31 mil millones.

Pero en este sexenio de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente va a desaparecer esta política en favor de las empresas por la decisión de cambiar el rumbo.

Ahora, de 24 mil 764 millones se ajustó a 16 mil 764 millones de pesos y esos recursos se aplicarán al gasto corriente de los 27 centros de investigación y para becas de estudiantes en el exterior.

Conacyt, que ejerce el 30% del total del presupuesto del sector científico, tuvo una reducción de alrededor del 13%, con respecto al presupuesto que manejó hasta el año pasado Enrique Cabrero.

A lo anterior agregue ahora los recortes sufridos los últimos tres años y que en conjunto sumarían casi una disminución del 50% del presupuesto en términos reales.

Este recorte ya fue cuestionado por los científicos mexicanos, quienes señalan que en los países desarrollados se invierte, cuando menos, el 2% por ciento de su Producto Interno Bruto en este sector.

Por ejemplo, Alemania hace 23 años ejercía el equivalente al 2.13% de su PIB y para el 2015 subió a 2.88%; otro caso es Austria, que elevó de 1.9% a 3.07% en ese mismo periodo.

Apenas el 7 de enero, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad le demandaron en una carta a López Obrador enmendar el error de retirar recursos para fomentar la ciencia y tecnología.

No solo en el Conacyt, sino en sus centros de investigación y en otras instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y en las universidades públicas.

Y es que la investigación en ciencia y tecnología se comprometería porque las becas, el costo del personal del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y las cátedras, aumentaron desde el 2011.

El monto de becas se duplicó en siete años y las cátedras simplemente no existían. En el 2018 se destinaron más de 10 mil millones de pesos para becas y mil 500 millones para las cátedras.

Para el SNI, el Conacyt ejerció el año pasado otros 5 mil millones de pesos, a lo que habría que añadir 5 mil millones más para los 27 centros. Hoy, el recurso apenas alcanzará los 6 mil millones de pesos.

Además el presupuesto para infraestructura quedó en cero, lo que es bastante grave, ya que ahí caen los laboratorios nacionales, algunos de los cuales se encuentran en las universidades y centros de investigación.

Si ya era preocupante no poder adquirir nuevos equipos para mantenerse competitivo a nivel internacional, más grave es el no contar con recursos para darles mantenimiento correctivo y preventivo a los actuales.

Esos equipos pueden perder garantías, dejar de funcionar o dañarse. Implicaría tirar dinero invertido a la basura y poner en riesgo muchos proyectos de investigación y tesis de posgrado que ya están en marcha.

Así las cosas, el futuro de la ciencia en México se ve muy negro, pues la operatividad del Conacyt está en riesgo de estancarse.

LEGACY VULCAN ACABA de demandar al gobierno mexicano por 500 millones de dólares. Resulta que esta firma estadounidense, que es accionista de Calica, denunció al gobierno de expropiarle yacimientos de piedra caliza en la zona de la Riviera Maya. Vulcan, que representa aquí Ernesto Enríquez, también acusa el embargo de cuentas bancarias para pagar obligaciones fiscales, a pesar de que el gobierno de Quintana Roo se había comprometido a no cobrarlas hasta que se cumplieran algunas condiciones. Vulcan contrató al despacho de abogados Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, de Carlos Aiza, y a Covington & Burling en Estados Unidos. Entretanto el abogado del gobierno mexicano es el canadiense J. Cameron Mowatt. Viene la primera controversia para Graciela Márquez, la flamante secretaria de Economía, porque se enumeran diversas violaciones al Tratado de Libre Comercio.

Y YA QUE hablamos de la señora Márquez, los industriales del acero siguen esperando las primeras medidas para contrarrestar el bloqueo arancelario del gobierno de Donald Trump, que les ha costado unos 2 mil millones de dólares por reducción de exportaciones a Estados Unidos y otros 200 millones adicionales por los aranceles que han pagado quienes sí han logrado exportar. La secretaria de Economía prometió a Ternium de Máximo Vedoya, AHMSA de Alonso Ancira, Mittal de Víctor Martínez, Tubacero de Joseph Woldernberg, entre otras, que a la “brevedad” se adoptarían acciones equiparables al impuesto de 25% que nuestros vecinos le recetaron al acero mexicano. ¿Se acuerda de las promesas de Ildefonso Guajardo?

AYER SE CERRÓ la venta del 50% de las acciones de la famosa fabricante de lubricantes Quaker State, que dirige Héctor Flores, a favor de la angloholandesa Shell. La transacción se pactó en alrededor de 200 millones de dólares. Es el segundo golpe de los angloholandeses que capitanea aquí Alberto de la Fuente, toda vez que en 2002 los mismos se quedaron con Penzzoil, otra unidad de negocios del mismo Quaker. Lo interesante es que Shell salta a cerca del 35% del mercado, lo que está prendiendo focos rojos entre sus pares. Vamos a ver cómo procesa esta operación la Comisión Federal de Competencia Económica, que encabeza Alejandra Palacios.

UNA OPERACIÓN INMOBILIARIA que se concretó en la recta final del 2018 fue la venta de uno de los componentes del complejo Antara. Según esto, se trató de las oficinas corporativas de General Motors, la armadora que preside Ernesto Hernández. Hablamos de aproximadamente 12 mil metros cuadrados. El inmueble fue vendido por Grupo Sordo Madaleno, que comanda Javier Sordo Madaleno, en alrededor de 50 millones de dólares. El comprador fue el fondo alemán GLL, que representa Javier Marquina. Los germanos están muy activos en el real estate. Union Invesment es socio de Fibra Uno, de Moisés El-Mann, en la Torre Mayor y Deka compró a María Asunción Aramburuzabala el desarrollo Terret.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.