El desabasto de medicamentos que experimentan los institutos de salud, principalmente en oncológicos, es el resultado de desastrosos procesos de compra que la administración de Andrés Manuel López Obrador arrastra desde principios de sexenio, en los que en promedio adquiere tan sólo 1 de cada 3 fármacos que necesita la población.
De acuerdo con revisiones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de David Colmenares ha realizado a estos procesos desde el 2019, tanto la Secretaría de Salud como el IMSS han registrado irregularidades en las compras de fármacos que van desde la inexplicable cancelación de partidas, la dependencia de un proveedor único o incluso la desaparición de medicamentos.
Por ejemplo, en la Auditoría 163-DS enfocada a la “Adquisición y Distribución Consolidada de Medicamentos y Material Terapéutico” se reporta que, en el ejercicio fiscal de 2019, la Secretaría de Salud, que tiene al frente a un perfecto inepto como Jorge Alcocer, incluyó en la convocatoria de la compra consolidada 3 mil 257 partidas, de 3 mil 988 que se habían requerido. Es decir, no se contemplaron de entrada 731 partidas.
Más aún, de las 3 mil 257 partidas licitadas, sólo mil 115 fueron adjudicadas a algún laboratorio o distribuidor farmacéutico, algo así como el 34.2 por ciento, mientras que mil 895 partidas fueron declaradas desiertas y otras 167 fueron canceladas o simplemente no se proporcionaron datos sobre su situación. Algo muy parecido, por cierto, a lo que reporta en este 2021 la UNOPS.
Se tiene registro de que entre las 2 mil 62 partidas declaradas desiertas o canceladas se incluyen por lo menos 18 partidas correspondientes a medicamentos oncológicos, por lo que queda demostrado que las protestas de los padres de niños con cáncer han tenido fundamentos técnicos y por supuesto nada tienen que ver con actos “golpistas” como dice el ridículo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y su comparsa de moneros paleros de la 4T.
También destaca, en una revisión profunda de los documentos de la ASF, los datos de la Auditoría 227-DS, realizada a la “Compra de Medicamentos Oncológicos Mezclados” en el IMSS de Zoé Robledo, en la que se advierten irregularidades graves que llegan hasta la desaparición o no acreditación de la aplicación de fármacos que sí se compraron.
Los sabuesos de David Colmenares determinaron un universo de revisión de 6 mil 224 registros de medicamentos oncológicos adquiridos también en el año 2019, de los cuales el IMSS sólo proporcionó información de 2 mil 476 aplicaciones, por lo que no se tuvo acreditación de la aplicación de 3 mil 748 fármacos a pacientes con cáncer.
Adicionalmente, se estableció que en la compra de medicamentos oncológicos mezclados, en la que invirtió mil 175 millones de pesos para 2019, el IMSS tuvo una dependencia casi total de la firma Productos Hospitalarios, S.A. de C.V, pues el 98.9 por ciento de los contratos en este rubro se adjudicaron a ese proveedor, sólo o en participación conjunta.
La compañía, como casi todas las razones sociales que venden la mayoría de estos fármacos, pertenece a Carlos Álvarez Bermejillo de Laboratorios PISA, el mismo que ha sido acusado en repetidas ocasiones por López Obrador de corrupción y de ser el causante del desabasto, pero que a la vez se mantiene como el proveedor número 1 en este segmento.
El 1.1 por ciento de los contratos restantes que el IMSS otorga para sus oncológicos mezclados lo hace con empresas como Gods Hands Fy, S. de R.L. de C.V. que, de acuerdo con la propia ASF, no cuenta con la licencia sanitaria correspondiente y, además, no acredita de forma suficiente las pruebas de calidad establecidas en los contratos.
Gobierno indolente.
LOS PLENOS DEL Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que presiden en cada caso Adolfo Cuevas y Alejandra Palacios, llevan años disputándose a quién de ellos le toca regular ciertos mercados económicos que se conocen como “zona gris”. Así, por ejemplo, pelearon si la fusión de Uber con Corner Shop era más un tema de competencia o uno de telecomunicaciones, siendo resuelto que las plataformas y aplicaciones digitales eran más un tema del IFT. Pero ayer el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Materia de Competencia resolvió un conflicto competencial, el 1/2021, de la mayor importancia entre el IFT y la Cofece. Se definió que la única autoridad que tiene que resolver temas respecto a los preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión, así como de sus medidas asimétricas, es el IFT. Con lo que la Cofece ha perdido cualquier posibilidad de imponer regulaciones a América Móvil de Carlos Slim y Grupo Televisa de Emilio Azcárraga, y sus filiales. El único que puede regular a ambos preponderantes, en cualquier tema, es el IFT. Además, el Tribunal resolvió que la autoridad competente para resolver temas respecto de sistemas operativos móviles es también el IFT. A la Cofece, sin embargo, se le confirió resolver en el futuro servicios de búsqueda en línea y servicios de computó en la nube. Con esta resolución los magistrados han dado certeza en el actuar a los reguladores, pero también a todas las empresas que se dedican a los nuevos e importantes negocios relacionados con mercados digitales y audiovisuales.
QUE NO CANTE victoria Arturo Herrera. Aunque Andrés Manuel López Obrador ya lo nominó para que asuma la gubernatura del Banco de México en sustitución de Alejandro Díaz de León a finales del próximo diciembre, hay la posibilidad de que esa candidatura se frustre en los próximos meses. Como aquí le hemos platicado, el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, no lo tolera. El economista de la UNAM y con doctorado en la Universidad de Cambridge nomás no congenia con los egresados del Colegio de México. Pero todavía le incomoda más que uno con ese perfil lleve la voz cantante de la política monetaria en la que necesita apoyarse para operar financieramente. Por ahí dicen que Ramírez de la O propondrá al presidente otra opción con mejor enfoque y sobre todo que tenga la venía del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos, a quienes ni siquiera han volteado a ver.
DESDE PALACIO NACIONAL salió la instrucción a la Fiscalía General de la República, que capitanea Alejandro Gertz Manero, de judicializar la carpeta iniciada contra Ricardo Anaya por la denuncia que Emilio Lozoya Austin hizo el año pasado. Estamos hablando de las pesquisas por supuestamente haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, denuncia que persigue sobre todo a los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega, Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle, hasta ahora el único aprehendido y preso desde el 9 de abril en el Reclusorio Norte. Por lo visto al presidente Andrés Manuel López Obrador no le están cayendo en gracia los videos críticos del excandidato blaquiazul y se le activó el “Ricky Riquín Canallín” porque ordenó ir ya por el queretano. El tiempo apremia porque este mes vence la investigación.
A LA QUE le salió el tiro por la culata fue a la secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Por querer quedar bien con la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, terminó machucándala también y tiznando el pachangón que la 4T organizó el jueves por la tarde en el Auditorio Nacional para conmemorar el tercer aniversario de la victoria de las elecciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Y es que a la hora que se paró en el podio Mario Delgado le cayó una rechifla tan sonora que la misma Sheinbaum se tuvo que poner a su lado. “Traidor, traidor, traidor” le gritaban al colimense. Los gobernadores morenistas también arroparon a Delgado. Una tarjeta al final del evento que le enviaron a la ex delegada de Tlalpan daba cuenta que Citlali mandó traer dos camiones de Iztapalapa con unos cien acarreados que fueron los que armaron el alboroto.
LA EXSENADORA también pasó factura a Yeidckol Polevnsky porque en el mismo fiestón le regateó la entrada a la zona VIP, donde estaban los funcionarios del gabinete obradorista, gobernadores y uno que otro legislador influyente. La “operación política” de Citlali, que molestó hasta el ala dura de la 4T, la vio venir el colmilludo líder de los senadores, Ricardo Monreal, quien muy temprano ese mismo jueves mandó decir que no estaría, quizás para evitar que también le recetaran la misma rechifla y gritos de “traidor” que le aplicaron a Mario Delgado. Lo notorio es que tampoco ningún senador y diputado monrealista se hizo presente. El que sí fue y de plano se retiró cuando supo que no estaría Andrés Manuel López Obrador fue el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo.