SON MÁS DE 10 mil millones de pesos los que el empresario Pedro Topete ha perdido en los últimos siete años en pleitos contra autoridades ligadas a Enrique Peña Nieto y con el Grupo Atlacomulco.
Es de dominio público el contrato por 4 mil millones de pesos que en 2015 canceló el gobierno del Estado de México a Infraiber para operar el Sistema de Identificación de Aforo Vehicular del Circuito Mexiquense.
Con el famoso SIVA Topete y los suyos obtenían 50 centavos por cada automóvil que circulara por las 10 autopistas de cuota en esa entidad mexiquense.
Pero a ese monto habrá que sumarle la pérdida de una indemnización por 6 mil millones de pesos de otra compañía de ese mismo empresario: Viabilis Holding.
Es el monto que reclamó al Estado mexicano como compensación por el rescate de la concesión para la operación y explotación de las vías cortas del ferrocarril Chiapas-Mayab.
Desde 2008 Viabilis había adquirido los derechos sobre el ferrocarril conocido como ‘La Bestia’, con el apoyo de funcionarios de la SCT de Felipe Calderón.
Estos mantuvieron en el limbo la renuncia que la propietaria original de la concesión, el ferrocarril estadunidense Genesee & Wyoming, había oficializado un año antes.
Tras reparar con recursos públicos los daños ocasionados a la infraestructura por el huracán Stan, el gobierno panista no solo resucitó la concesión, sino que modificó el título para extender los derechos de explotación de 30 a 50 años.
Fue en 2016 cuando el gobierno de Peña Nieto decidió rescatar la concesión del ferrocarril Chiapas-Mayab, por lo que Topete apeló para solicitar una multimillonaria indemnización, un monto que se mantuvo en resguardo hasta la fecha.
En los dos casos, el de Infraiber y el de Viabilis, el fronting que Topete ha utilizado para pelearse con gobiernos estatales y federales ha sido el litigante Paulo Diez Gargari.
Tanto en el caso del ferrocarril como en el de las autopistas del Estado de México, estos dos personajes toparon con la misma pared: el ya desaparecido Gerardo Ruiz Esparza.
Con la intervención del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y de diversos despachos contables y de auditoría externa, se determinó que el monto legal a compensar era cero pesos.
Las mencionadas pérdidas arrojan luz sobre las cuentas pendientes que Topete Vargas y Díez Gargari tienen contra los funcionarios mexiquenses del sexenio anterior.
Asimismo contra sus empresas relacionadas y contra todos aquellos que, aún en el presente gobierno de la 4T, hayan tomado decisiones que afectan el curso de sus negocios o de sus batallas jurídicas.
ESTA SEMANA LA familia de Vicente Fernández se llevó tres reveses legales de cara a los infructuosos intentos por detener la transmisión de la serie biográfica del famoso charro de Huentitán de Televisa-Univision, cuya primer temporada finalizó el fin de semana pasado, llegando a más de 38 millones de personas. Primero el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside ahora Javier Juárez Mojica, rechazó la petición de sacar del aire la producción; después la Dirección General de Radio y Televisión de la Secretaría de Gobernación, de Adán Augusto López, se negó a ordenar el retiro de la historia; y finalmente el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa otorgó la suspensión definitiva a favor del consorcio de Avenida Chapultepec 18. Tres golpes secos para el abogado Marco del Toro. Con ello se tiene vía libre para lanzar la segunda temporada de diez capítulos el próximo mayo.
TRAS OCHO MESES de intentos infructuosos, finalmente la prestamista AlphaCredit quedó admitida en concurso mercantil este miércoles. La financiera de Augusto Álvarez y José Luis Orozco fue rechazada por dos juzgados, el Décimo Segundo de Distrito, a cargo de Víctor Manuel Bravo que en dos ocasiones distintas el año pasado lo negó, y más recientemente en el Primero de Distrito, a cargo de Elizabeth Vargas Lira. Tuvo que ser el Juzgado Primero especializado en Concursos Mercantiles, que recién asumió Olga Borja Cárdenas, el que le dio entrada. El asesor legal externo, Fernando del Castillo, lo promovió con acuerdo previo de acreedores, entre los que figuran Credit Suisse que capitanea Nicolás Troillet, Morgan Stanley que comanda Jaime Martínez-Negrete y el Banco Interamericano de Desarrollo que dirige Mauricio Claver, entre otros. Ya se designó a Daniel Tapia como conciliador.
EL FONATUR RECUPERÓ unos predios en Huatulco a una tercera parte de su valor actual, con lo que evitó un litigio de por lo menos cuatro años. En 2009 Asur los adquirió. En el contrato se estableció la obligación de presentar un proyecto arquitectónico, así como fechas para el inicio y terminación de un proyecto turístico. Pero en 2013 la dependencia emitió un oficio por el cual le quitaron a Fernando Chico Pardo las obligaciones de presentación de ese proyecto, inicio de obra y su terminación y las penas convencionales. Para 2020, en una revisión del cumplimiento de ejecución de obras en Huatulco, se detectó que el único lote sin ningún desarrollo ni construcción era justo el de Asur, ante lo cual Fonatur ya al frente de Rogelio Jiménez Pons solicitó el avaluó y comenzó negociaciones para recuperar los terrenos con valor actual de 700 millones de pesos.
EL MIÉRCOLES HUBO Consejo extraordinario en el Seguro Social. Como punto principal en la orden del día estaba el nombramiento de Iván Arturo Pérez Negrón como nuevo titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, en sustitución de Mauricio Hernández Ávila. Pero en las últimas horas algo pasó que Zoé Robledo se retractó. Hernández ocupa esa posición desde diciembre de 2018. En el sexenio de Felipe Calderón fue subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, donde uno de sus principales pupilos era Hugo López-Gatell. Finalmente Pérez Negrón quedó debajo de él.