EL PRIMER INCIDENTE documentado entre un avión que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otra que despegaba del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en trayectoria de colisión, ocurrió el 2 de abril pasado.
Fue el vuelo 1013 de Volaris, que dirige Enrique Beltranena, que se encontró con una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que comanda Luis Cresencio Sandoval, con matrícula XCBDM.
Éste, como otros muchos incidentes que en este espacio hemos relatado, quiso ser ocultado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), que dirige Víctor Hernández.
Pero sucede que el director de Investigación de Accidentes e Incidentes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Constantino Tercero, tiene la instrucción precisa de documentar todos los incidentes.
La orden del subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, fue muy precisa: documentar todos los incidentes que se presenten para que la responsabilidad por cualquier suceso sea atribuida a quien ha sido el directamente encargado de que estos problemas se atiendan y se solucionen, es decir, el susodicho Hernández.
Todo el mundo está de acuerdo en una cosa: el titular de Seneam debe irse cuanto antes. Es un secreto a voces que la decisión de separarlo del cargo ya está tomada, debido sobre todo a su falta de pericia en el manejo del rediseño del espacio aéreo.
Pero también por su afán de ocultar los incidentes que están multiplicándose y porque su apuesta del famoso PBN (Performance Based Navigation) para hacer compatible la operación del AIFA con el AICM fue un fiasco, reconocido hasta por la consultora francesa NavBlue, que nada más cobró sus seis millones de euros y desapareció del mapa sin haber terminado el trabajo para el cual fue contratada.
La razón de ello es muy simple: sin el apoyo de los controladores expertos en la zona del Valle de México (la mayoría de los cuales o fueron despedidos o enviados de castigo a otras funciones) NavBlue no podía saber cómo se maneja realmente el control de tránsito aéreo en el área en que hay conflicto entre las aproximaciones y despegues de ambos aeropuertos.
Por eso es que ni siquiera fueron publicados los procedimientos finales en el PIA ni en Jeppesen y todos los problemas que han surgido con el rediseño del espacio aéreo del Valle de México que se introdujo a las carreras el 25 de marzo de 2021, le fueron atribuidos a los asesores de NavBlue.
Cansados del nulo conocimiento y apoyo, los franceses partieron. La Sedena, preocupada, envió a tres militares retirados que no supieron qué hacer, pero se dieron cuenta del caos al interior del Seneam y entonces el director de ese organismo, Hernández, encargó el asunto a tres controladores novatos, quienes no alcanzaron a hacerlo bien.
Entre las pifias más sonadas está que al ingresar la información a los sistemas de radares se cometieron errores graves por las prisas, pero tardarán mucho en darse cuenta; la capacitación para la inauguración del Felipe Ángeles, como todas las de esta administración, se hizo fuera de toda norma.
El diseño del espacio aéreo se realizó con errores y sin practicar en simulador todas las condiciones que se pueden presentar. En resumen: un desastre.
Desde que supo que se irá, Hernández se ha dedicado a conseguirle plaza de controlador a sus cercanos. Así, su hijo del mismo nombre, el hijo de Raúl Gumersindo Campilla, la novia de la estación Toluca, Areli Gallardo, así como su hermano y su cuñada ya obtuvieron flamantes puestos.
Sin embargo, ante la falta de acción de las autoridades, uno de los tapados para sustituir a Hernández, Ricardo Torres Muelas, empezó a moverse para prometer ascensos, plazas, horas extras a sus cercanos y amenazar con el despido a sus detractores. Esto deteriora aún más el maltrecho clima laboral.
Por ahora, antes de irse, Hernández manda aplicar exámenes a los últimos enemigos de los que no logró deshacerse para que no puedan obtener su refrendo de licencia y se vayan junto con él.
Así se las gastan.
TUVIERON QUE SER los pilotos extranjeros afiliados a la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA), que preside Jack Netskar, los que advirtieron ayer sobre lo que aquí llevamos denunciando meses: los crecientes incidentes en el espacio aéreo del Valle de México. La organización más importante de pilotos comerciales del mundo alertó ayer a sus agremiados sobre los riesgos crecientes que existen en las aproximaciones al AICM desde que empezó a operar el AIFA, con todo y que éste apenas tiene seis vuelos diarios. La IFALPA mostró su preocupación por una situación que los expertos ya habían señalado que sucedería con el rediseño del espacio aéreo: el agotamiento de la turbosina de los aviones porque las aproximaciones eran más prolongadas. Pero la joya de las advertencias en su comunicación se concentra en esta recomendación: “Si recibe una autorización que considera cuestionable, resuelva a su satisfacción”. O sea, si la cosa se ve complicada al enfilarse al aeropuerto de la Ciudad de México, no confíen en las instrucciones que les puedan dar los controladores aéreos del Seneam y actúen conforme a su mejor y propio criterio. Así, ¿o más claro?
EN LA ADMINISTRACIÓN del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue suspendido el contrato con la empresa Aguas de Rosarito, subsidiaria en México de la extranjera Consolidated Water. Por esta cancelación la empresa Aguas de Rosarito está demandando al actual gobierno bajacaliforniano una indemnización por 51 millones de dólares. El cese del acuerdo la operaron el extitular de Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Salomón Faz, y Amador Rodríguez, el ex secretario general de Gobierno de Bonilla. Lo que llamó la atención de la Función Pública estatal, que ya interviene en el caso, es que Milton Rubio Díaz, representante legal de Aguas de Rosarito, es muy cercano a los funcionarios bonillistas Faz y Rodríguez. La Función Pública local presume que la cancelación se hizo a modo para propiciar el reclamo de la indemnización.
PUES NADA, QUE le dictan ayer el auto de formal prisión a Eustaquio de Nicolás. El empresario sinaloense se va tener que quedar en el Reclusorio Oriente en lo que dura su proceso. Como le informé hace exactamente una semana en Twitter, al expresidente de Grupo Homex lo acusa el Bancomext de defraudación de un crédito de 456 millones de pesos que le dio en octubre de 2013, que se reestructuró en 2015 y que el mismo banco de segundo piso lo dio por resuelto en 2017. Pero ahora la administración de Luis Antonio Ramírez le revivió en abril pasado una denuncia. Quien ya se metió a analizar el caso del Tato es el secretario de Gobernación, el “voy a todas” Adán Augusto López.