LA SEMANA PASADA le informé que Invex promovió un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es relevante porque está en riesgo la figura del fideicomiso.
El banco que capitanea Juan Guichard está siendo responsabilizado por Banobras del destino de un crédito por 99 millones de dólares que le extendió en 2013 a la empresa Rotary Drillrigs (Rodisa).
Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Veracruz a Rafael Cruz Sosa. Junto con Jorge Daniel Salas Hernández y Oscar Fernández Luque, están relacionados en sociedad en dicha empresa.
Fernández Luque, que está prófugo por este fraude, fue director de Desarrollo Social del municipio de Huixquilucan cuando Alfredo del Mazo Maza era el presidente. El crédito lo dio éste cuando saltó a Banobras.
El préstamo que Del Mazo facilitó a sus excolaboradores el 13 de agosto de 2013 era para que Rodisa dizque culminara obras de Pemex. Las garantías fueron increíblemente menores al monto del crédito.
Ahí un primer cuestionamiento a la actuación del Comité de Crédito de Banobras; inclusive la entonces Procuraduría General de la República encontró que los avalúos de los inmuebles en garantía eran falsos.
Cabe destacar que en la misma fecha que se otorgó el crédito, se informó a Pemex, entonces dirigida por Emilio Lozoya Austin, que la póliza de fianza ofrecida por Rodisa igualmente era falsa.
Fue hasta finales de 2014, derivado de la rescisión del contrato y la falta de pagos, que Banobras inició cuatro procedimientos contra Rodisa, tres civiles y uno penal, dejando afuera al fiduciario Invex.
Todo iba bien hasta diciembre de 2016, cuando a un genio funcionario se le hizo fácil echarle la culpa a Invex del quebranto y proceder contra el banco ante la imposibilidad de cobrarle a Rodisa.
Invex solo fungió como fiduciario del contrato de fideicomiso y fuente de pago a efecto de proteger los pagos que Pemex hiciera a favor de Rodisa y Banobras viera satisfecho su pago por el crédito otorgado.
La sentencia definitiva que condena a Invex fue publicada el 30 de mayo de 2017, cinco días antes de los comicios del Estado de México, donde ganó Del Mazo Maza.
Es de llamar la atención la celeridad con la que se estudió el juicio ordinario mercantil de Banobras contra Invex ante el Juzgado 62 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Y es que a pesar de ser un juicio con más de veinte pruebas documentales voluminosas por estudiar, además de las constancias de autos y demás pruebas desahogadas, todo se resolvió fast track.
Se citó para sentencia el 29 de mayo de 2017 y la sentencia definitiva que condenó al banco de Guichard fue publicada ¡al día siguiente!, es decir, el 30 del mismo mes y año.
A pesar de que Banobras cuenta con una sentencia en contra de Rodisa que la condena al pago del crédito y al no haberlo podido cobrar, obtuvo una segunda condena sobre el mismo crédito ahora contra Invex.
En sesión del pasado 30 de marzo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito negó el amparo a Invex, en una sesión que levantó sospechas por las conductas adoptadas por los magistrados.
Y es que previamente los magistrados Sofía Verónica Ávalos, Víctor Mota Cienfuegos y Paula María García Villegas Sánchez Cordero parecían estar convencidos de los argumentos a favor de Invex.
Ese 30 de marzo, día de la sesión, para justificar el cambio del sentido de su sentencia, los tres magistrados se terminaron dando golpes de pecho sobre la integridad con que se conducían en este caso.
Invex y sus abogados, Jaime Guerra y Ernesto Rodríguez, de Guerra y Asociados, seguirán dando la pelea, aquí y fuera de México, porque lo que está en riesgo es la figura del fideicomiso.
EUSTAQUIO DE NICOLÁS se va a quedar un rato en el Reclusorio Oriente, en lo que el juez esclarece el estado de la denuncia. Al Tato se le acusa de una defraudación al Bancomext por unos 240 millones de pesos. Bajo el nuevo Código Nacional de Procedimientos no está tipificado como un delito grave y le deberían dar libertad bajo caución. Eso es lo que deberá pelear la defensa que encabeza su penalista, Anuar García. La acusación del banco que dirige Luis Antonio Ramírez podría alcanzar al resto de los integrantes del Consejo de Administración de Homex que fungieron entre 2012 y 2015, cuando el entonces director del Bancomext, Héctor Rangel Domene, autorizó el crédito que ahora se argumenta que no se pagó. Apunte a sus hermanos Gerardo y José Antonio de Nicolás, a Luis Alberto Harvey, Z. Jamie Behar, Wilfrido Castillo Sánchez-Mejorada, Rafael Matute, Edward Lowenthal, Dennis G. López, José Manuel Canal, Antonio Manuel Dávila, Samuel Suchowiecky, Ernesto Valenzuela y William Crombie. Lo que sucede con los De Nicolás y Homex ya prendió alarmas entre otros acreditados de ese banco del gobierno que durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto solicitaron préstamos. Y es que la 4T está revisando con lupa expedientes que no se cerraron completamente.
PUES NADA, QUE a exactamente un año de haber tenido luz verde para entrar a revisar la empresa, el visitador nombrado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), Enrique Estrella, pudo ingresar apenas ayer a Interjet. Fue el 3 de mayo de 2021 cuando el organismo que comanda Édgar Bonilla admitió la solicitud de concurso mercantil que promovió el bufete Del Castillo y Castro Abogados, que llevan al alimón Fernando del Castillo y Alfonso Castro. Pero al visitador Estrella le fue impedida la entrada por la sección 15 de la CTM que lidera Francisco del Olmo, porque la aerolínea estaba en huelga. Tuvieron que pasar 12 meses para que el juez Segundo Especializado en Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira, ordenara el acceso. La pregunta es qué va encontrar Estrella, si el accionista mayoritario, Alejandro del Valle, está nuevamente bajo un proceso penal, la aerolínea sigue debiendo al SAT de Raquel Buenrostro más de 25 mil millones de pesos, enfrenta contingencias laborales por otros cinco mil millones y no tiene flota de aviones.
AYER MUY TEMPRANO se conoció de la dimisión de Grete Faremo de la dirección de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la famosa UNOPS. Al parecer hubo malos manejos en sus finanzas que derivaron en un quebranto económico de la agencia. Su renuncia viene a confirmar la opacidad con que esa oficina se maneja no solo aquí sino en todo el mundo. En México, por ejemplo, acaba de asignar la semana pasada 360 claves como parte de la compra consolidada de medicinas. Fueron contratos por cerca de 5 mil millones de pesos cuyos resultados la gente de Fabrizio Feliciani se niega a subir a la plataforma CompraNet. Están yendo a visitar a cada laboratorio ganador para notificarlos, con toda la complacencia de la Secretaría de Salud, que maneja Jorge Alcocer.
HACE APENAS UNA semana, en esta columna subrayamos la cobertura que tuvo en medios nacionales el desplegado de Business Luxury Media. Pues ayer el Juzgado 55 de lo Civil falló en favor de Mariano Menéndez, presidente del Consejo de Administración, de la mano de su abogado Luis Cervantes Castillo. Con esto se ratifica su mandato sobre esta importante casa que tiene publicaciones tan relevantes como Forbes y Robb Report.