EL PASADO 11 de noviembre, el presidente López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construirá y operará en una primera etapa seis hoteles cerca de las vías del Tren Maya.
Estarán listos a finales de este mismo año en los estados de Campeche que gobierna Layda Sansores, Quintana Roo de Mara Lezama, Yucatán de Mauricio Vila y Tabasco de Carlos Merino.
Hasta ahora el gobierno federal no ha informado su costo de construcción, pero se sabe que tienen contemplada una inversión aproximada de 3 mil 10 millones de pesos.
Estos seis complejos turísticos se ubicarán en el trayecto de los mil 554 kilómetros del Tren Maya, en las localidades de Edzná, Nuevo Uxmal, Chichen Itzá, Tulum, Palenque y Calakmul.
¿Se acuerda que le informamos a principios de marzo que, al menos en el hotel de Calakmul, estaba involucrado Grupo Vidanta? Pues bien, efectivamente, la empresa de Daniel Chávez está asesorando el proyecto.
Chávez, miembro del Consejo Asesor Empresarial de AMLO, designado por él como su representante del proyecto Tren Maya y empleador de su hijo José Ramón López Beltrán, se rasgó las vestiduras.
Durante el anuncio de construcción de estas obras, el todavía director del Fonatur, el tabasqueño aspirante a gobernador, Javier May, aseguró que “todo se lleva a cabo con responsabilidad ambiental”.
Sin embargo, los grupos ambientalistas de México, académicos de la UNAM, UAM, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y colegios de biólogos, han denunciado irregularidades de estos proyectos.
Carecen de estudios de impacto ambiental y tampoco se ha dimensionado el daño a los ecosistemas, por lo que serán acusadas por provocar ecocidio y etnocidio en la península de Yucatán.
El ingeniero militar Blas Andrés Núñez Jordán, jefe del centro de operaciones del Tren Maya, fue advertido del impacto ambiental en las reservas ecológicas, pues ningún permiso ha sido publicado en la gaceta de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En la conferencia matutina del 23 de enero de 2023 Núñez informó que la Sedena construye el hotel Tren Maya Edzná, de 160 habitaciones en dos torres, y que tendrá un costo de mil 40 millones pesos.
En ese mismo estado de Campeche, en la reserva ecológica de Calakmul, se construirá otro hotel de 160 habitaciones con un costo de mil 10 millones de pesos con la asesoría de Grupo Vidanta.
Con el argumento de garantizar el acceso y suministro del agua a más de 30 mil habitantes de ese municipio, se rehabilitará el acueducto López Mateos-Xpujil.
El trasfondo de esta obra es construir una derivación para alimentar el hotel de Calakmul, cuyo proyecto arquitectónico hizo Vidanta, del susodicho Chávez y que dice no tener nada que ver con él.
Pero no existen permisos de construcción de obras dentro de la reserva de la Biosfera de Calakmul.
En la mañanera del 31 de enero pasado, Blas Núñez informó que la construcción del hotel de Palenque inició en enero de 2022 con un costo de 960 millones de pesos y estará terminado en noviembre próximo.
Hasta ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha proporcionado las cifras que contempla invertir en el proyecto de los hoteles en Chichén Itzá, Nuevo Uxmal y Tulum.
En otra mañanera, la del 10 de abril, Blas Núñez detalló que el hotel de Chichén Itzá estará listo para noviembre de este año y contará con instalaciones para capacitar al personal que operará el Tren Maya.
El hotel Nuevo Uxmal se construye dentro del parque ecoturístico del mismo nombre: tendrá 160 habitaciones, sobre una superficie de 6.25 hectáreas, y se prevé que esté listo para noviembre del presente año.
En Tulum, el hotel se localiza dentro del Parque del Jaguar, costará mil 500 millones de pesos, el más costoso y lujoso: tendrá 160 cuartos tipo master room en dos torres con tres niveles cada una.
Además ofrecerá temazcales, spas y un área de glamping, un tipo de estancia al aire libre con todos los lujos de un hotel cinco estrellas. Se tiene previsto que su inauguración sea el 30 de noviembre de este año.
Los verdes cambian los fusiles por corbatines y delantales. Y es que no cabe duda que el negocio de la hospitalidad deja mucho más que perseguir a los malosos.
EL 29 DE marzo pasado el juez Jesús Eduardo Medina Martínez ordenó otra vez a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el cumplimiento de la ejecutoria de amparo relacionada con la venta de la Bahía de San Quintín que realizó el sexenio pasado Rosario Robles en favor de militantes del PRI. En 2015 la entonces funcionaria tituló a diez individuos más de mil 700 hectáreas contra un pago de 127 millones 523 mil pesos. Es decir, enajenó una bahía completa del país a cambio de 0.007 pesos por metro cuadrado, superficie que goza de una posición estratégica al ser la más cercana a Estados Unidos. Las tierras son propiedad de asociaciones de conservación, grupos de ostricultores y pobladores locales, que promovieron y ganaron un amparo ante un juzgado de distrito con residencia en Ensenada, Baja California. A pesar de haber pasado más de un año desde que se concedió ese amparo, la dependencia ahora al mando de Román Meyer no ha cumplido con la sentencia, por lo que se han iniciado ya los procedimientos para la inhabilitación y sanción de los funcionarios involucrados.
LO QUE EL secretario Adán Augusto López les haya dicho es cosa de él: la iniciativa de la nueva Ley Minera va y son las secretarías de Economía y del Medio Ambiente las responsables de ella, espetó a miembros de la Cámara Minera de México el lunes por la noche una desafiante Raquel Buenrostro. La funcionaria conminaba, así, a los empresarios a ignorar lo que días antes el secretario de Gobernación les había ofrecido: que no sería votada en este periodo, sino hasta septiembre entrante, para abrir espacio a su análisis y discusión. Pero Buenrostro no se manda sola. Simplemente acató la orden de su jefe, Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó a sus diputados pasarla en fast-track, incluso sin siquiera ser aprobada en comisiones. La ley llega hoy al Senado y está programada subirla mañana. Vamos a ver si el inquilino de Palacio Nacional repite la faena, donde hay más oposición legislativa y un coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que ya ha parado más de un gol al sector empresarial.
CHIHUAHUA INSISTE EN colocarse como el principal clúster de proveeduría para la fábrica de Tesla que se instalará en Nuevo León. De hecho, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que preside Román Rivas Hong, asegura a sus agremiados que en los siguientes días se anunciará la llegada de una importante empresa de electromovilidad, proveedora de la firma de Elon Musk. Las virtudes de la entidad que gobierna Maru Campos como proveedora de componentes para autos eléctricos, se concentran en que este es el estado con mayor cantidad de personal calificado en el sector manufacturero, y en el que 184 mil trabajadores se encuentran especializados en las industrias automotriz y de transporte.