EL 15 DE marzo parecía ser un día normal en las oficinas de Black Wallstreet Capital (BWC). Pero no. Ese día la firma de asesoría financiera tenía a su interior casi 90 millones de pesos en efectivo.
BWC, que posee desde noviembre de 2016 permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para gestionar, asesorar y administrar portafolios de inversión de terceros, operaba como un virtual banco.
Ese mismo miércoles tenía bajo su resguardo 17 millones de pesos y cuatro millones de dólares, recursos de clientes e inversonistas y cantidades, ciertamente, inusuales para custodiar en un solo día.
Pero lo que nadie esperaba era que ese mismo 15 de marzo, siendo las 11 de la mañana con nueve minutos, ingresarían por la fuerza a las oficinas policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMx, miembos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano.
Las autoridades respondían con una velocidad de esas que poco se ven a una denuncia anónima que se hizo tan solo tres días antes por un dizque miembro de Colonos Unidos de Polanco.
El denunciante refirió la presencia de gente armada y el ingreso de personas con armas al domicilio en Calle Cuvier 104, Anzures. “Personalmente he observado cómo ingresan maletas de lo que creemos es armas, droga o dinero”, señala la denuncia.
Un día después de recibida la denuncia anónima, la SSC de la CdMx comisionó a dos policías para que se apostaran discretamente afuera de las oficinas de BWC y corroboraran la información.
Estos elementos aseguran en una declaración que hacen a la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, que capitanea Ernestina Godoy, un día antes del cateo, lo que bastó para ejecutar el cateo en BWC.
Narran los oficiales que vieron llegar una motocicleta sin placas conducida por un hombre que le entrega a otro que sale del inmueble un sobre que contenía un fajo de billetes de 500 pesos y recibe a cambio un paquete envuelto en cinta canela en forma de rectángulo.
Luego dicen los pupilos de Omar García Harfuch que a las 10:20 llega una Dodge Charger blanca de la que se bajan tres sujetos armados uno de los cuales llevaba una maleta negra de piel.
Con esas pruebas, en menos de 24 horas un Juez de Control en Materia Penal ordenó el allanamiento de las oficinas y consumado éste la fiscalía de Godoy informó que en dicho domicilio posiblemente se llevan a cabo actividades relacionadas con delitos contra la salud.
Sin embargo, la realidad es otra: el acta circunstanciada de la PGJCDMX refiere las 12:36 horas como el momento en que los miembros de la SSC, Guardia Nacional y Ejército llegan al segundo nivel.
Ahí encuentran al responsable de BWC y a los que dijo ser sus socios, y que “sobre los escritorios de madera de la oficina principal había diversas armas largas, cortas y dinero en efectivo y que en un cajón se observaron dos cuadros con sustancia sólida”.
Pero al menos un video que captaron las cámaras de seguridad de BWC que alcanzaron a registrar los hechos antes de que los elementos de la SSC las arrancaran, muestra otros datos.
La fuerza pública no ingresó al segundo piso a las 12:36 sino aproximadamente a las 11:26 y capta el momento en que el responsable de la empresa, Juan Carlos Minero, y sus acompañantes, José Antonio Rodríguez García, Juan Carlos Reynoso Sánchez y Hernán Samper Richard, son sacados de una terraza y confinados en una salita.
Contrario a lo que dice el acta, no oponen resistencia, y lo más importante, se ve claramente que sobre los escritorios de madera de la oficina principal y cajones (porque la cámara registra cómo un policía lo abre) no hay ninguna arma, dinero o “dos cuadros de sustancia sólida”.
Los abogados defensores de BWC afirman que la PGJCDX montó un escenario donde sembraron las armas, el dinero y drogas con el único fin de llevarse esos casi 90 millones de pesos.
Hoy se cumplen dos meses del operativo. Minero y sus tres acompañantes siguen detenidos. La pregunta es: ¿dónde quedó la lana?
LA SEMANA PASADA Crédito Real avanzó importantemente en su camino al concurso mercantil. Firmó el preacuerdo (Restructuring Support Agreement) con sus acreedores quirografarios, la mayoría bonistas, pero también están BNP y el DFC. Con ello los prestamistas estarían dándose por pagados. Son 37 mil millones de pesos los que esta sofom dirigida por Felipe Guelfi reestructurará, donde los primeros atendidos fue la banca comercial y después Nafinsa, que lleva Luis Antonio Ramírez, y que está terminando de ejecutar su dación en pago. Con ello Crédito Real se enfila hacia la conclusión de su quiebra, que resultó finalmente en una liquidación muy ordenada. La solicitud formal al IFECOM ya no debe tardar.
EL PROCESO QUE se quedó estancado es el de Altos Hornos de México. Hoy vence el segundo plazo que Alonso Ancira y David Chapman pactaron en un contrato que firmaron a principios de marzo que estipulaba la contratación por el segundo de un DIP (Crédito en Posesión del Deudor) de 200 millones de dólares. Los primeros 50 debieron exhibirse el 15 de marzo y los 150 millones restantes hoy. Lo que sí avanza es la presión de algunos acreedores por llevar a la acerera de Monclova a concurso mercantil. Le informé que la semana pasada a Transportes Especializados Bortoni se lo admitieron. No descarte que atrás estén el banco Afirme de Julio Villarreal y Cargill, que recién preside ahora Brian Sikes.
VAYA ABOGADOS LOS que tiene Actinver. El 4 de mayo publicaron un evento relevante en el que desmienten tres asuntos que aquí informamos: la orden del Juez 73 de lo Civil de Proceso para constituir una reserva de mil millones de pesos, el retiro de poderes como fideicomisario, fideicomitente y administrador del fideicomiso 3201 a Rafael Zaga Tawil y la contratación que éste hizo del famoso litigante César Omar González. Los tres quedaron firmes en el litigio que el empresario promovió contra el banco de Héctor Madero. Es más, para que Actinver no diga que no, el equipo legal que comanda González se complementa en la parte civil con Jordi Oropeza y en lo penal con Alejandro Robledo.
EL 4 DE MAYO Google, que dirige aquí Julián Coulter, interpuso un juicio de amparo en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Civil de la CdMx por medio del cual busca evitar el pago de la fianza que por 398 millones 384 mil 441 pesos le fijaron para hacer efectiva una suspensión de la sentencia que lo obliga a indemnizar al abogado Ulrich Richter por daño moral. Pero seis días después, el 10 de mayo, el Juez de amparo resolvió que al gigante tecnológico que capitanea Sundar Pichai no le asistía la razón, y, por ende, desechó su demanda de amparo. Así que una de las opciones que tenía el coloso digital para continuar alargando este proceso ya quedó descartada. Hoy tiene que exhibir esa fianza.