Bartlett de México S.A.

Entre proveedores del sector público no hay posición más incómoda que la de la empresa encargada del manejo de residuos radiactivos en la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Pero lo que más llama a la intriga de propios y extraños es la razón social que maneja, pues lleva el apellido ni más ni menos que del mismo director general de la CFE: Manuel Bartlett Díaz.

Bartlett de México S.A. de C.V. es el nombre con el que la firma se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes y con el que se enlista en el padrón de proveedores de la empresa productiva del Estado desde hace más de una década.

Si bien no existen ligas documentales con el polémico funcionario estrella de la 4T, la compañía que dirige Humberto Mota Molina presenta en su operación diversas irregularidades que ha pasado por alto la actual administración de la otrora paraestatal.

Según el contrato No. 800879130, firmado en febrero de 2019, Bartlett de México es proveedora vigente de los "servicios de orden en los edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV)", un negocio de unos 6.2 millones de pesos anuales.

El servicio se adjudicó mediante un concurso simplificado con clave CFE-0013-CSSAN-0003-2019, en el que participaron proveedores identificados con la administración de Javier Duarte en Veracruz y en que la oferta de la ganadora fue la única que cumplió con los requisitos para la contratación.

Bartlett de México fue en consorcio para este concurso con la firma Quality Automatic Machining S. A. de C. V., razón social que ha sido incluida en las listas del SAT, que dirige Raquel Buenrostro, de personas morales no localizadas según el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Pero la historia de esta compañía tiene capítulos todavía más preocupantes, pues las actividades que le corresponden al contratista con apellido de funcionario son altamente riesgosas y deben ser supervisadas e incluso autorizadas por la Secretaría de Energía, que lleva Rocío Nahle.

Más específicamente, la empresa debe contar para sus labores con la autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que encabeza Juan Eibenschutz Hartman.

Se tiene registro de que en el año 2015 la mencionada instancia otorgó efectivamente a esta firma la licencia A00.200/1194/2015, en la que "se autoriza el servicio de lavado, descontaminación e higienización de ropa textil y accesorios de protección radiológica, así como el transporte de los mismos y los desechos generados desde las instalaciones de sus clientes a la lavandería y viceversa".

No obstante, el citado permiso concluyó su vigencia el 13 de agosto de 2017 y no se tiene registro de renovación alguna ante las autoridades competentes.

Adicionalmente, sobre la operación de la firma existen diversos señalamientos respecto a un riesgoso manejo de los desechos radiactivos, empezando por una falta de señalización de sus instalaciones en el estado de Veracruz que estarían poniendo en muy alto riesgo a las poblaciones aledañas a Laguna Verde.

ALEÁTICA, QUE DIRIGE Sergio Hidalgo, ya no sabe qué hacer con la concesión de la carretera Atlacomulco-Atizapán. El gobierno de Enrique Peña Nieto se la adjudicó en 2014 y a cinco años no registra un avance ni de 10 por ciento. OHL, en tiempos de José Andrés de Oteyza, le dio la construcción a su filial Constructora de Proyectos Viales de México, que lleva Agustín del Barrio, pero incurrió en diversos retrasos. En agosto pasado la SCT, ahora al mando de Javier Jiménez Espriú, le amplió dos años el plazo para concluirla. Aléatica la quiere reducir de cuatro a dos carriles. Y es que incurrió en un sobrecosto de 16 mil 500 millones de pesos que la hacen financieramente inviable.

RECIÉN LE PLATICABA que el Grupo ICA, que dirige Guadalupe Phillips, lanzó al gobierno de Quintana Roo, que lleva Carlos Joaquín González, y al Fonatur, que capitanea Rogelio Jiménez Pons, una oferta no solicitada para construir el Puente Nichupté. Se trata de una vialidad de 8.4 kilómetros que busca desahogar el tráfico en la zona hotelera. La constructora, que tiene como principal accionista a David Martínez, no está sola. Tres grupos internacionales también están interesados en la obra que costaría unos 4 mil 500 millones de pesos. Apunte a la italiana Rizani, la coreana Dowha y la japonesa Jetro.

BARCLAYS, EL BANCO inglés presidido por Jes Staley, mandó un reporte a sus clientes en el que indica que si bien la multa de mil 311 millones de pesos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones impuso a América Móvil es irrelevante económicamente para la firma que capitanea Daniel Hajj, pues equivale a 0.12 por ciento del valor de capitalización del emporio, repara en lo que aquí le mencionamos hace un par de semanas: tira abajo la pretensión de Carlos Slim de incursionar en el negocio de la televisión. El regulador que preside Gabriel Contreras no lo va a autorizar en tanto dure el litigio.

LA ESPAÑOLA COMSA, que dirige Ismael García, ganó ayer el paquete E99 del Tren Transístmico que va de La Mata o Colonia Jordán. Son 33.43 kilómetros de vías de rehabilitación por los que ofertó 549 millones de pesos. Los ibéricos van asociados con Grupo Constructor Diamante de Diego de la Cruz. Y Construcciones y Maquinaria SEF, de Alejandro Seeman, se quedó con el paquete E98 que corre de Colonia Jordán a Salina Cruz de 31.8 kilómetros. Ofreció 250 millones de pesos. Ya solo resta el paquete que involucra toda la supervisión de la vía. Se fallará mañana viernes.

FOTON, LA ARMADORA china de vehículos pesados, va con todo por el mercado mexicano. La 4T le sienta muy bien, en función de que doblega precios al grado de rayar en el dumping. En esa tesitura, la firma asiática que preside Zhang Xiyong contrató como director general aquí a José Manuel Armenta, quien renunció a la dirección comercial de Hino Motors, la filial de la japonesa Toyota que fabrica camiones. Además en Foton México se acaba de dar una escisión de los socios originales que trajeron la marca. Fernando Robledo se afianzó como distribuidor. El otro es Bernardo García Manzano.

LUEGO DE CASI medio año de negociaciones, finalmente la firma internacional de calzado Christian Louboutin se arregló con la mexicana Andrea. En junio del año pasado el IMPI, que comanda Juan Lozano, ejecutó un operativo en Silao, Guanajuato, y aseguró alrededor de 9 mil 600 pares de zapatos para dama del fabricante mexicano que vende por catálogo. El detalle es que la mercancía se pirateó el concepto del diseñador de moda francés, especialmente el distintivo característicos de las suelas lacadas en rojo. Andrea aceptó la infracción y procedió a destruir el inventario.