Los principales directivos de Constellation Brands, Paul Hetterich, presidente de la división cervezas, y Daniel Baima, presidente para México, se juegan hoy su última carta.

Llegan ante el presidente Andrés Manuel López Obrador con la instrucción precisa del CEO global, Bill Newlands: demostrar que también fueron víctimas de un complot político y empresarial.

La firma estadounidense, antes de recurrir a la protección legal e iniciar un largo pleito en tribunales, hará patente su buena conducción con documentos y datos duros.

Atrás de la campaña contra Constellation Brands participan priistas que buscan acomodo en Morena y un par de compañías que desean explotar de manera exclusiva los recursos de la región.

Entre los personajes señalados, cuyos nombres podrían salir a relucir en la encerrona de Palacio Nacional, se encuentra el presidente y director general de Grupo SuKarne, Jesús Vizcarra.

Posee una procesadora de alimentos en Baja California que consume al año 252 millones de metros cúbicos de agua y se opone a realizar estudios para determinar la capacidad hídrica en el subsuelo.

Vizcarra, expolítico priista, tiene control sobre diversos grupos de ganaderos que se opusieron a la llegada de Constellation y que se movilizaron también durante la consulta popular que ordenó AMLO.

No le importó que la fábrica de cerveza no usara agua de la ciudad o del Valle de Mexicali, sino que pagaría por el líquido de uso agrícola que les correspondía por las tierras de su propiedad.

Al complot orquestado por SuKarne se sumó la también cervecera Heineken, de Etienne Strijp, que amplió en los últimos meses en 25 por ciento sus operaciones en el municipio de Tecate.

La empresa que tiene de accionista a FEMSA, de José Antonio Fernández Carbajal, consumirá cada año otros 10 millones de metros cúbicos de agua.

La demanda de líquido de ambas no permitía a un tercer jugador, a menos que Constellation destinara unos 800 millones de dólares adicionales para hacer los estudios hídricos del subsuelo.

Lo anterior hubiera incrementado casi en 60 por ciento su proyección de inversión, para una planta calculada en aproximadamente mil 400 millones de dólares.

En la reunión de este día acompañan al presidente, Julio Scherer, el Consejero Jurídico, y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

FINALMENTE EL GOBIERNO del presidente Andrés Manuel López Obrador está pisando más fuerte y rápido. Habrá que ver si no va muy tarde ya, como dicen sus críticos. Por lo pronto ayer el Consejo General de Salubridad oficializó las medidas de intervención que le adelantamos en la víspera. La 4T sigue delegando en la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, el liderazgo en los planes de combate y contención de la epidemia del coronavirus. Sin embargo, para efectos prácticos la milicia empieza a tomar control de la logística alrededor de esa estrategia. Vaya apuntando el nombre de dos personajes que en la medida en que la pandemia se desborde (cosa que por supuesto no deseamos) podrían tomar una posición más relevante: los generales Homero Mendoza Ruiz y Erwin Solis Ochoa. El primero es el jefe del Estado Mayor y el segundo director del Hospital General Militar. La eventual aplicación del Plan DN-III los pondrá en la primera línea de mando. La vocería y comunicación del día a día la seguirá llevando el subsecretario Hugo López-Gatell.

LA INDIA ESTÁ marcando la pauta de una buena coordinación entre el sistema hospitalario privado y el gobierno para combatir la pandemia del Covid-19. La mayoría de los primeros serán nombrados preferentes contra el virus y facilitarán recursos y personal cuando sea necesario. En el estado de Rajastán serán 84 nosocomios privados los que se sumen a la atención de emergencia, que con el servicio público de salud, habilitarán un total de nueve mil camas disponibles en la ciudad de Jaipur. Otras regiones como Utar Pradesh o Andra Pradesh también incluyeron la fuerza de los centros privados. Ese tipo de coordinación y entendimiento urge entre el gobierno de la 4T y los operadores particulares, aglutinados en la Asociación de Hospitales Privados que maneja Mario González Ullóa. Solo así nuestro país va a superar con éxito esta crisis sanitaria.

UN TEMA QUE debate el gobierno y el Consejo General de Salubridad, cuyo secretario es José Ignacio Santos, es salir a comprar pruebas para la detección del Covid-19. La discusión se centra en la conveniencia de que sean test rápidos o de diagnóstico. La postura del grupo del subsecretario de Prevención, Hugo López-Gatell, es por las segundas. La PCR es la plataforma de prueba estándar más segura. Roche, el laboratorio suizo que preside Severin Schwan, está en el ánimo de la 4T para proveerlas, pero la corriente anti López-Gatell impulsa las pruebas rápidas que los laboratorios chinos están liberando por millones. La decisión se discute desde la semana pasada para que Hacienda, de Arturo Herrera, dé paso a una compra consolidada de emergencia.

EN PALACIO NACIONAL prendieron focos rojos con la compra masiva de cubrebocas, respiradores, ventiladores, guantes, mascarillas, trajes y hasta gel antibacterial. China es el emisor. Una avalancha de coyotes se están dando vuelo importando para colocarlos en el IMSS de Zoé Robledo, ISSSTE de Luis Antonio Ramírez y gobiernos estatales. Se han detectado a no pocos exfuncionarios del sector salud atrás. La Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, empezó a seguir la pista a varias operaciones.

LA SECRETARIA DEL Trabajo reunió ayer a los principales dirigentes sindicales del país para definir la estrategia a seguir a fin de proteger las fuentes laborales y la salud de los trabajadores. Luisa María Alcalde les pidió unidad en estos momentos de crisis y que sus sindicatos sean mediadores ante el sector patronal para proteger los derechos de sus agremiados. Participaron Carlos Aceves, Isaías González, Francisco Hernández Juárez, Tereso Medina, Carlos Pavón, Javier Villarreal y Pedro Haces, entre otros.

EL SAT NO para. La semana pasada los de Raquel Buenrostro publicaron el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B. Se trata de 138 empresas que se empezaron a notificar entre octubre del año pasado y febrero de 2020. De las más importantes apunte a Softtek, de Blanca Treviño. El oficio mediante el cual se comunica el listado es el 500-05-2020-7865. El 69-B habla de operaciones inexistentes a través de emisión de facturas o comprobantes fiscales.

ANTE EL RIESGO de contagios, Dulces de la Rosa despachó a sus casas unos cinco mil trabajadores por instrucciones de la Secretaría de Salud de Jalisco, donde opera su planta. La cosa es que Enrique Michel Velasco mandó descansar obligatoriamente a su personal las próximas dos semanas, sin goce de sueldo. Lo curioso es que la orden la dio el propio 'rey del mazapán', contraviniendo el exhorto de Andrés Manuel López Obrador, de quien supone lo ayudará para postularse candidato de Morena para la gubernatura de ese estado.

CONFORME AL SCRIPT, Azteca se adjudicó ayer el contrato de la licitación LA-011000999-E46-2020 para los servicios de aseguramiento de los bienes de la SEP, de Esteban Moctezuma. Como le informamos, la empresa de Ricardo Salinas puso la oferta más baja, 969 millones 595 mil 354 pesos incluido IVA. Dejó atrás las ofertas de Banorte de Carlos Hank González, Inbursa de Carlos Slim y Afirme de Julio Villarreal. El contrato es por 15 meses.