Los 500 diputados y 128 senadores han invertido cientos de horas de trabajo y discusión en el Congreso para elaborar en la presente Legislatura 28 iniciativas de ley para regular la subcontratación en México.

Sobre la tercerización se ha dicho todo lo bueno y malo por parte de los sectores involucrados. Es un tema que levanta muchas pasiones y que no logra el consenso entre las empresas, las cúpulas empresariales, el gobierno federal, los sindicatos, el mundo académico y los legisladores.

Desde hace varias semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría una iniciativa al Congreso para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y regular la subcontratación.

Hace dos días el titular del Ejecutivo desconoció el trabajo de meses realizado por los 628 legisladores, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, y anunció la desaparición del llamado también outsourcing.

En la academia, cámaras empresariales y partidos políticos opinan que "el Presidente le está cortando un brazo a la recuperación económica del país y la generación de empleos", en vez de corregir las irregularidades o ilegalidades que existen en el outsourcing.

Les parece que en temas económicos está gobernando con ocurrencias y enviando un pésimo mensaje a la inversión nacional y extranjera que genera empleos productivos, cuando tendría que voltear a ver el trabajo hecho en el Congreso en los últimos años.

Tal vez López Obrador no sabe el peso específico que tiene la subcontratación en la economía mexicana y que los gobiernos federal, estatal y municipal son los principales clientes de la tercerización para su operación que calcula cientos de miles que no reciben seguridad social.

Hasta el último día de septiembre de este año, el Inegi informó que existían registrados ante el IMSS 19 millones 702 mil 192 puestos de trabajo.

Y según diversas fuentes, hay quienes aseguran que el número de mexicanos que están en el esquema de la subcontratación es de entre 4.7 millones y otros dicen que son casi 7 millones.

Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que la subcontratación está presente en todos los sectores económicos y en las 32 entidades del país.

Destacan en la industria automotriz de la frontera norte, maquiladoras, aeroespacial, turística y de servicios en general. Entre 2003 y 2013 la subcontratación creció de 6 a 14 por ciento.

En 2018 en el sector servicios 34.8 por ciento estaba bajo el régimen de subcontratación; en el comercio el porcentaje que estaba en el esquema de tercerización era de 30.5 por ciento, y en la industria manufacturera de 25 por ciento.

En los últimos años en actividades económicas como minería, generación y distribución de electricidad; agua y gas; construcción, transporte, correos y almacenamiento, labora 9.8 por ciento del personal subcontratado.

Todos los agentes económicos, políticos y hasta legisladores están en contra de la subcontratación ilegal que no paga impuestos, que no otorga seguridad social a los trabajadores y que genera competencia desleal en materia laboral.

Coinciden en que la legislación laboral no debe restar competitividad a las empresas establecidas en México frente a sus socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. Por ello urgen a tener una LFT moderna, competitiva y respetuosa de los derechos de empresas y trabajadores.

Sería muy bueno que algún amigo del Presidente aconseje que no es con amenazas, sino en el consenso y el diálogo de los poderes, sobre todo con el Legislativo, como se va a dar certeza jurídica a la inversión y al empleo.

Pero sobre todo con información objetiva y no con "otros datos".

VA SER HASTA el próximo 27 de noviembre la fecha clave en la licitación de los trabajos de rehabilitación y modernización de la Línea 1 del Metro, que dirige Florencia Serranía. Y es que ese día está programada la subasta en reversa de las ofertas económicas. La madrugada de este miércoles se conocieron, junto con las propuestas técnicas. Ese viernes 27 el gobierno de la CDMX que encabeza Claudia Sheinbaum pondrá a competir las posturas de CAF, que dirige aquí Maximiliano Zurita, y la del CRRC Zhuzhou, que representa Gisofeng Zhang Heng. Por cierto, qué desafiantes resultaron las pupilas de Andrés Manuel López Obrador, pues es por demás conocido que la inversión china no es tolerada por Estados Unidos. ¿Qué va pasar si los asiáticos resultan ganadores? ¿La 4T se va pelear con Donald Trump? O todavía peor, ¿con Joe Biden?

AL CANCILLER MARCELO Ebrard le tocó la ingrata función de contener a los inversionistas españoles que recurrentemente son fustigados desde Palacio Nacional. Ayer le platiqué que empresas como Iberdrola que comanda José Ignacio Sánchez Galán, Acciona que preside José Manuel Entrecanales, BBVA que encabeza Onur Genç y Santander de Ana Botín, están repensando su presencia en México. Algunas no descartan desinvertir activos, lo que no es precisamente la mejor noticia, de ahí que el secretario de Relaciones Exteriores ya esté operando para contener los ánimos de los hispanos. En esa labor también participa ya activamente Valentín Diez Morodo, fundador de Casa de México en España y presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, profundo promotor de las empresas ibéricas.

LOS QUE SIGUEN imparables invirtiendo en propiedades hoteleras son Andrés y Felipe Chico Hernández. Manejan el fondo Rodina, que ya tiene en la panza el Hyatt Regency y el Hotel W de Polanco en la CDMX, amén del ex Mar Adentro de Los Cabos hoy reconvertido a Viceroy, y recientemente el Silver Sands de Puerto Morelos, Quintana Roo. Pues bien, los hijos de Fernando Chico Pardo, a la sazón dueño de Asur, se pusieron a la cabeza de RHL Properties, que dirige Francisco Borja, tras haber adquirido las participaciones de sus fundadores, Allen Sangines y Jerónimo Bremer. Con ello se vuelven accionistas del complejo Mayakoba y sus hoteles de superlujo Banyan Tree, Rosewood, Fairmont y Andaz. También el Four Seasons de la CDMX, el One & Only y Rosewood de Mandarina, Nayarit, y el Villa Magna de Madrid, España.

FIBRA EDUCA, QUE dirige Raúl Martínez, reportó ingresos por arrendamiento de 750.2 millones de pesos entre julio y septiembre pasados, un incremento de 22.50 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019. Los ingresos netos operativos cerraron con alzas de doble dígito, esto es 19.54 por ciento a 645.6 millones de pesos. Los fondos de operación también repuntaron 2.21 por ciento, equivalente a 638.6 millones. La utilidad neta experimentó una caída marginal de 0.6 por ciento para situarse en 638.7 millones de pesos. El fideicomiso especializado en bienes raíces de Jorge Nacer opera 78 planteles universitarios y escuelas, amén de 66 centros de aprendizaje que dan cabida a una matrícula de 250 mil estudiantes.