Atrás de la embestida contra Guillermo y Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, a quienes se les acusa del desvío de unos mil 200 millones de pesos, están Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín.
La semana pasada se escribió un capítulo más de esta añeja historia de pleitos por el control de la Cooperativa Cruz Azul, en que interviene ya la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con su clásico proceder.
La instancia que comanda Santiago Nieto bloqueó las cuentas de aquéllos, pero en las próximas horas deberá descongelar algunas que impedían el pago de sueldos de unos 900 cooperativistas.
Velázquez y Marín llegaron a máximas posiciones de la Cooperativa en agosto de 2019, el primero como presidente del Consejo de Vigilancia y el segundo como presidente del Consejo de Administración.
Pero los Álvarez acusaron que fue mediante una asamblea espuria que a la postre fue suspendida y ambas partes siguen litigándola en tribunales. El antecedente es importante porque explica el contraataque.
Durante el breve, pero lucrativo paso de ambos disidentes, se abrieron las arcas a terceros que hoy están jugando un papel relevante en esta histórica lucha que por lo visto no tiene para cuándo acabarse.
Con Velázquez y Marín una nueva red de intereses y de distribuidores de cemento se fue creando. Dos personajes irrumpieron así, en la trama: Eduardo Osorio y Fernando Martínez García de León.
El primero es hermano del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo, que vio nacer a la Cooperativa Cruz Azul y donde está instalada la principal planta de cemento.
El segundo es un famoso abogado, que según varias denuncias, es socio de aquél y uno de los principales actores jurídicos que buscan arrebatar a los Álvarez el control de la asociación de trabajadores.
Se ha documentado que como interventor designado a la caja, en esa misma segunda mitad del 2019, Marín usurpó las funciones de administrador y sólo en un día retiró 78 millones de pesos.
La denuncia de lavado de dinero y desvío de mil 200 millones de pesos no es nueva. Es la versión de Velázquez, que fue director comercial de Cruz Azul y fue corrido por su tío, Billy Álvarez, por malos manejos.
Pero desde 2019 la pugna cobró nuevos bríos con la alineación de una sólida batería de abogados, cuyas tarifas de honorarios por hora es impagable con el sueldo promedio de un cooperativista disidente.
Fabián Aguinaco Bravo, prestigiado abogado litigante, recién fue incorporado al trabuco legal pro Velázquez y Marín. Opera sus mejores oficios en la Suprema Corte de Justicia y ante Arturo Zaldívar.
El hijo del exministro Vicente Aguinaco Alemán en el sexenio de Felipe Calderón sumó al bufete de Guillermo Barradas y Roberto García. El primero ha venido fungiendo como litigante y vocero.
El abogado se ha presentado como representante legal de la Cooperativa, cuando en realidad lo es de Velázquez. Sobre ambos, Barradas y García, pesa el señalamiento de prevaricato.
Y es que los dos salieron del despacho de Julio Esponda, Alberto Zínser y Fernando Gómez Mont hará cosa de ocho años. ¿Sabe quién fue uno de sus principales clientes?, ¡pues Billy Álvarez!
García y Barradas son contrarios a Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo White y Carlos Williamson en Oro Negro, porque son litigantes de los bondholders que les terminaron incautando 5 plataformas marinas.
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Para rematar, a Barradas se le relaciona con los negocios de Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres y presunto operador de la red de corrupción que tejieron Javier Duarte y Karime Macías en Veracruz.
El pool se complementa con operadores como Jesús Hernández, civilistas como Carlos Orendáin y Javier Mijangos y penalistas como César González Riquelme, más otros que ya vieron la veta y vienen.
Por lo que se ve, ni los profesionales del derecho se salvan de la crisis económica pos-Covid-19. Por eso el deporte de la temporada es: péguele a los Álvarez.
EL AGUA YA le había llegado al cuello a FEMSA. El acoso del SAT, de Raquel Buenrostro, y de la Procuraduría Fiscal, de Carlos Romero, era tal que las huestes de José Antonio Fernández Carbajal relajaron postura. No era para menos, los sabuesos de Andrés Manuel López Obrador ya habían amenazado con fincarle al principal grupo empresarial de Monterrey cargos penales. Fue por ello que la matriarca del emporio, Eva Gonda viuda de Eugenio Garza Lagüera, avaló el pago: 8 mil 790 millones de pesos. El mismo viernes hubo reunión extraordinaria en la que se notificó la decisión. Así el estilo de cobrarse en el régimen de la 4T.
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AYER FUE EL día de la Marina. El presidente lo celebró en Islas Mujeres, Quintana Roo. Junto al secretario José Rafael Ojeda entregó reconocimientos a miembros de la Armada de México. Lo que sí ese heroico cuerpo no va poder celebrar es la toma de control de los puertos. ¿Se acuerda que había una iniciativa para militarizar esos recintos? El mismo almirante Ojeda la impulsaba. Pues bien: descártela. Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien luego de una reciente larga charla con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, decidió abortarla. Mario Delgado ya fue instruido a retirarla.
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EN BANORTE SÍ se toman en serio el Covid-19. Ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio por concluida la Jornada de Sana Distancia y dio el banderazo para que la gente regrese como si nada, el equipo de Carlos Hank González ha extremado protocolos de seguridad y sus ejecutivos y accionistas reciben la asesoría y acompañamiento de toda una autoridad: el doctor Pablo Kuri, uno de los más acreditados expertos en emergencias y seguridad en salud. Fue clave en 2009 para responder a la pandemia del H1N1. Ocupó la misma subsecretaría que ahora tiene Hugo López-Gatell. Pero nada qué ver con éste. Fichaje de lujo.
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LA NOTICIA LLEGA de España: la empresa de ingeniería Sener notificó un plan de despido masivo de empleados en sus tres principales unidades en ese país. No es bueno para México, pues aquí la firma de Jorge Sendagorta está subcontratada tanto en la ingeniería de la refinería de Dos Bocas, que conduce Rocío Nahle, como en la del Tren Maya, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, obras insignias de la 4T. Pero no sólo a los pupilos de Andrés Manuel López Obrador les gustó Sener. También a los de Enrique Peña porque lideraron los proyectos del Tren México-Toluca y el de la Línea 3 del Metro de Guadalajara.
AYER OTRA DE la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Juan Pablo Graff. Los de Aléatica, antes OHL, quisieron pasarles una bola rápida con una asamblea ordinaria para modificar estatutos. La empresa que encabeza Sergio Hidalgo ya casi lo logra, de no ser porque se les atravesó el abogado Paulo Diez y se las echó abajo. Aléatica tuvo que volver a convocar, ahora sí, a una asamblea extraordinaria. Pero la supervisora bursátil, Itzel Moreno, ni cuenta se había dado. Lo dicho: la CNBV está perdida. No revisan o no quieren revisar bien.
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