El crimen alimentario que viene

Para cumplir la NOM-051 de etiquetado frontal para el 30 de noviembre, una empresa fabricante de alimentos y bebidas tendría que pedirle a cada habitante del país que le ayudara a reetiquetar tres artículos.

Tener habilitados más de 880 mil productos de consumo de más de 240 mil compañías, en un millón de puntos de venta de la República Mexicana, simplemente no es posible. Y menos en medio de la pandemia.

La decisión de las secretarías de Economía de Graciela Márquez y Salud de Jorge Alcocer, va a provocar un desabasto de aproximadamente 30 por ciento de bienes de consumo porque no podrá surtirse al canal detallista.

Una compañía que produce alimentos y bebidas preenvasadas puede llegar a tener hasta 2 mil artículos en su portafolio y muchos de éstos llegan a producirse en hasta 30 millones de unidades mensuales.

Se estima que 20 por ciento de la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas, algo así como unas 75 mil toneladas de productos, podría ser destruida ante la imposibilidad de ser distribuidos.

Estos artículos, a pesar de contar con vida de anaquel y haber cumplido con la regulación vigente en el momento en que fueron elaborados, no podrían ser comercializados según la NOM-051.

Además, para el 30 de noviembre se estiman inventarios de más de 30 por ciento en los canales de autoservicio y conveniencia, mayoreo, tradicional y otros que tampoco podrían ser adquiridos por los consumidores.

Esto se refiere a productos que ya fueron entregados y facturados a los clientes de estos canales y que ya no están en manos del productor o importador. Esto ya está generando enfrentamientos en la cadena.

Walmart de Guilherme Loureiro, Soriana de Ricardo Martín Bringas, Chedraui de José Chedraui, La Comer de Carlos González Zabalegui, Oxxo de José Antonio Fernández Carbajal, no están dispuestos a asumir la carga del incumplimiento y sus sanciones.

Por ello ya empezaron a presionar a los fabricantes, aglutinados en la Concamin de Francisco Cervantes, el Consejo Nacional Agropecuario de Bosco de la Vega y la Canacintra de Enoch Castellanos.

La necedad de extender por lo menos un año la nueva NOM-051, como sí sucedió en los años 2010 y 2014, además de desabasto y costos multimillonarios para las empresas, va a terminar en un acto criminal.

Nos referimos a esa posible destrucción de casi 75 mil toneladas de alimentos preenvasados, equivalente a casi un año de donaciones al Banco de Alimentos destinadas a poblaciones vulnerables.

Todo lo anterior representaría pérdidas en alimentos preenvasados con un valor de 90 mil millones de pesos que representan 180 veces el presupuesto en sobrepeso y obesidad de la Secretaría de Salud.

El 65 por ciento de estas pérdidas las asumirían fundamentalmente micro, pequeñas y medianas empresas, tanto manufactureras detallistas, que en un escenario de crisis económica por el Covid-19 implicarán su quiebra.

A partir de esta semana, una que vez que el viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la prórroga que le comenté aquí que adelantó la semana antepasada el director de Normas, Alfonso Guati Rojo, espere una avalancha.

Un tsunami de amparos de empresas que están dispuestas a llevar sus casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Arturo Zaldívar.

CINEMEX ESTÁ POR firmar esta semana un stand-still con sus acreedores. Es muy probable que el periodo de espera, en el que los bancos se comprometerán a no iniciar acciones legales, dure hasta el primer trimestre de 2021. La cadena de cines propiedad de Germán Larrea está muy afectada por el Covid-19. Hasta ahora ha cerrado cuatro complejos, a saber Plaza Palmas de Acapulco, Expo Plaza de Aguascalientes, Plaza Real de Nuevo Laredo y Plaza Real de Monterrey. Los bancos que suscribirán son Scotiabank de Adrián Otero, Citibanamex de Manuel Romo, Santander de Héctor Grisi y BBVA de Eduardo Osuna. La deuda de la empresa que dirige Rogelio Vélez asciende a 3 mil millones de pesos y a 45 millones de dólares. Todo un caso.

PUES SÍ, EL Bank of America, que capitanea Emilio Romano, embargó el viernes de la semana pasada un Gulftream 550 de la familia Alemán. Se trata de un jet ejecutivo modelo 2012 número de serie 5393 que se entregó en 2013. Tiene un costo de 58 millones de dólares y se compró a Gulftream Aerospace, que preside Mark Burns. Se sacó con financiamiento de Bank of America Leasing a un plazo de 15 años. La matrícula es XA-MAV (Miguel Alemán Velasco) y lo más curioso es que está pintado de los mismos colores de Interjet. Incluso en la cola trae el logotipo de la aerolínea que ya dirige Carlos Rello y que tiene de accionistas principales a Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche. ¿Es de la flota?

EFECTIVAMENTE, SON ALREDEDOR de 2 mil 500 ahorradores de Banco Famsa que no podrán ser cubiertos con el seguro del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Representan cerca de 7 mil millones de pesos, muchos de los cuales ya están analizando proceder contra el grupo regiomontano de Humberto Garza y contra el propio organismo que comanda Gabriel Ángel Limón y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Juan Pablo Graf. Hay dos grupos de abogados que ya están al acecho: Ostos y Ostos de Jaime Ostos y Guerrero Bazaldúa de Benito Guerrero. Ya le platicaremos sus pretensiones.

HOY ESTÁ PROGRAMADO el fallo de la APP Sur que licita el gobierno del Estado de México, proceso del que le informé hace exactamente una semana. Los pupilos de Alfredo del Mazo Maza recibieron tres ofertas para rehabilitar y conservar 82 caminos que forman parte de la infraestructura primaria libre de peaje. Una es de Alfa Construcciones de José Abed, otra de la española API Movilidad que preside Carlos Díaz Hidalgo y una más de VISE de Santiago Villanueva que va consorciado con Impulsora de Soluciones en Infraestructura, de Ricardo Salinas. La inversión estimada asciende a 4 mil 665.5 millones de pesos.

EN QUINTANA ROO, los turisteros y autoridades de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulúm se pusieron en guardia porque el Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, va a modificar tres pasos a desnivel estratégicos. Son los puentes del hotel Moon Palace, de José Chapur, de Puerto Morelos y de Akumal. En la entidad que gobierna Carlos Joaquín González se cree que se demolerán como parte del nuevo trazo de la ampliación de la autopista Cancún-Tulum y del Tramo 5 del Tren Maya que financiará el fondo BlackRock, que preside Larry Fink.

CON TODO ESTE conflicto que hubo alrededor del sitio visitmexico.com se puso en duda el accionar de Miguel Torruco. Al secretario de Turismo se le cuestionó la decisión de haber cedido a un tercero externo el principal motor de la promoción del país, en este caso a Braintivity, una compañía de Marcos Achar, exdueño de Comex. Vale la pena decirle que en el sexenio de Enrique Peña Nieto los entonces secretarios Claudia Ruiz Massieu y Enrique de la Madrid también tenían encargado a un tercero externo el portal. Era Best Day, que dirige Julián Balbuena. La diferencia es que cobraba 400 millones de pesos al año y ahora no se paga nada.