El tiradero que dejó Eruviel

Este fin de semana corrieron por las redes sociales dramáticas escenas de la crisis que se vive en el Hospital General Las Américas, ubicado en el Estado de México (Edomex).

Atiende principalmente a las poblaciones de Ecatepec, Tecámac y Zumpango. Más allá del discurso triunfalista de Andrés Manuel López Obrador, exhibe la crudeza del Covid-19 y el colapso del sistema de salud.

Médicos y enfermeras de esos municipios, amén de Toluca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Lerma, Xonocotlán, Zinacantepec, Texcoco, Chiautla, Atizapán, Ixtapaluca y Tlalnepantla, carecen de equipo.

En ese contexto le adelanto que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza David Colmenares, está a punto de presentar las conclusiones de una amplia investigación.

En ella queda al descubierto una enorme red de corrupción, desvío de recursos públicos y saqueo del sistema de salud del Edomex que fue permitido por el exgobernador Eruviel Ávila Villegas.

El artífice de ese desastre se llama César Gómez Monge, exsecretario de Salud precisamente del entonces mandatario mexiquense y hoy campante senador de la República por el PRI.

Las inconsistencias en la cuenta pública han dado lugar a múltiples observaciones por irregularidades, que inician en presuntos actos de corrupción en la entrega de jugosos contratos a grupos farmacéuticos.

Se extienden a pagos realizados a personas no registradas en la nómina, desvío de retenciones del Impuesto sobre la Renta, transferencias irregulares y falta de comprobación de recursos públicos.

Las observaciones sobre el mal uso de recursos que la Federación transfirió al gobierno de Ávila, incluyen el subejercicio e incumplimiento de obligaciones en el gasto, lo que dañó la hacienda pública.

Solo en el ejercicio 2016, la ASF tiene reportados más de 2 mil millones de pesos que debieron destinarse al Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, el Seguro Popular y Prospera.

El detalle del desfalco revela observaciones por más de mil 250 millones, más de 750 millones transferidos desde la Secretaría de Salud y 36 millones en el rubro de salud del programa Prospera.

La investigación en curso podría alcanzar una suma de recursos públicos aún mayor y llegar a toda una red de funcionarios que fueron colaboradores de Gómez Monge en el manejo del sector salud estatal.

Por casos de corrupción como este, el gobierno de la 4T decidió poner fin a programas como el Seguro Popular, que fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El escándalo de los desvíos creció en estos días en que ha quedado al descubierto el deplorable estado en que se encuentra el sector salud de la entidad que gobierna Alfredo del Mazo, arrasado por el coronavirus.

FUE LA TARDE del 9 de julio del año pasado cuando a Juan Collado lo aprehendieron en la alcaldía Miguel Hidalgo. El abogado de, entre otros, Carlos Ahumada, fue detenido al salir del restaurante Morton´s. A casi un año de ese evento, el litigante ha buscado por todas las formas posibles atajar el expediente que la Fiscalía General de la República (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, le armó por supuesta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De sus últimas acciones para lograr el perdón de la 4T, nos dicen que el también abogado del presidente Enrique Peña Nieto ofreció donar al sistema de salud 300 millones de pesos, recursos que en medio de esta crisis sanitaria irían al Insabi, que dirige Juan Antonio Ferrer.

Y YA QUE nos referimos al fiscal Gertz Manero, en el gremio de abogados hay total desconcierto y molestia por lo que consideran atropellos de la autoridad. Y no solo en la FGR, pues la práctica que denuncian se está llevando a la Procuraduría Fiscal al mando de Carlos Romero, al SAT que preside Raquel Buenrostro y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Resulta que en medio del banderazo de salida que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de dar para promover querellas contra empresas e individuos en todas esas instancias están bloqueando los amparos. Varios jueces de distrito negaron toda la semana pasada los recursos contra órdenes de aprehensión, bajo el argumento de que no son urgentes en el contexto de la emergencia sanitaria. Los litigantes se toparon con una auténtica muralla jurídica.

UN EJEMPLO DEL desaseo que hay en la FGR es el encontronazo entre Alfredo Higuera, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, Martha Eloína Chávez. Este fin de semana fue detenido, torturado e incomunicado Marco Antonio Olvera Ortiz. Se trata de un reconocido financiero que ha sido contratado por Casa Saba, Banorte, Axo, PASA, Arca Continental, Marzam y muchas otras en operaciones de fusiones. Su firma, Estructura Partners, la fundó con otro especialista en banca de inversión, Joaquín López Dóriga Ostolaza. Los muchachitos de Gertz acusan a Olvera de traficar armas y de comercializar drogas sintéticas con base en una denuncia anómina tramitada absolutamente irregular.

SIGUIENDO CON LOS temas legales, fíjese que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados está empujando una iniciativa para reformar en medio de esta pandemia del Covid-19 la Ley de Concursos Mercantiles. Lo que en esencia quiere solicitar el gremio que preside Héctor Herrera, es que la aplicación de la legislación sea expedita para evitar que los problemas económicos que se ven venir entre acreedores y deudores lleven a la quiebra generalizada de los negocios. Los abogados corporativos de bancos y empresas están planteando hacer los procedimientos de concursos mercantiles más rápidos y ágiles en casos de excepción por pandemia. Y es que la oleada de cierres se espera muy superior a la crisis de 1994 que dio lugar al Fobaproa.

EL MRO de Mexicana se enfila por esa ruta de quiebra. Si ya antes de la crisis del coronavirus el taller de mantenimiento estaba tronando por falta de liquidez y contratos, ahora toda posibilidad de salir avante está cancelada. La compañía registra más de 3 millones de dólares de deudas a a proveedores, 5 millones al SAT, cuentas por cobrar por 2 millones más en duda por la contingencia y una caja que está en ceros. Su director, Emilio Otero, nunca pudo obtener de Invex, que dirige Juan Guichard, un crédito y se negó reiteradamente, con la complacencia del subsecretario de Transporte, Carlos Morán, a tomar la oferta de compra que le puso enfrente MRO Holdings, de Roberto Kriete. Ahora otros mil trabajadores están en riesgo de perder su fuente de empleo.

QUIEN QUEDA ENTRE la espada y la pared con el pleito que Andrés Manuel López Obrador compró contra Walmart, es el canciller Marcelo Ebrard. Si a alguien debe la multinacional que preside Doug McMillon su crecimiento en la CDMX y zona conurbada, es al exjefe de Gobierno del desaparecido Distrito Federal. Históricamente ha habido una relación simbiótica con su familia. Su hermanos Eugenio y Alberto tuvieron puestos relevantes. El primero fue vicepresidente de Compras y Abarrotes. Entre 2007 y 2010 la tienda pasó de 313 a mil 336 sucursales. El segundo fue vicepresidente de Bodega Aurrerá y tuvo una larga y más fructífera carrera hasta ocupar el puesto de vicepresidente ejecutivo y director de Walmart México y Centroamérica.