Un año de gobierno bastó al presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con la supremacía que Grupo Lala, de Eduardo Tricio, mantenía en el mercado de leche de abasto social.

Nos referimos específicamente a los negocios que mantuvo durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con Diconsa y Liconsa.​​

En un primer análisis, de 2018 a 2019, el número de contratos registrados con gobierno para Comercializadora de Lácteos y Derivados, filial de Lala, registró una contracción de 82 por ciento.​

Hablamos de los contratos para abastecer de sus productos lácteos a las más de 27 mil tiendas Diconsa, en cuyos anaqueles las marcas de la empresa coahuilense resultaban las más visibles.​

Se sabe incluso que, en los registros de compra de Diconsa, los productos Lala tenían mucha mayor participación que los de la lechera Liconsa, cuya presencia en las adquisiciones de gobierno era marginal o prácticamente nula.​

Esta falta de coordinación entre las empresas alimentarias del Estado fue precisamente la que motivó al gobierno de la 4T a crear el organismo Segalmex, de Ignacio Ovalle, encargado de conjuntar la operación de ambas entidades y de colocarla al nivel de una cadena minorista.

Tricio y su Grupo Lala serían los grandes perdedores del proyecto de López Obrador, el mismo que en épocas de campaña electoral llamó a cerrar filas en favor del candidato presidencial panista, Ricardo Anaya.​

El golpe no fue precisamente la pérdida de 280 contratos anuales por 50 millones de pesos que obtenía en Diconsa durante el sexenio pasado, todos como adjudicación directa, sino por la estrategia de la propia Liconsa para comprar leche fresca a productores sin necesidad de intermediarios.​

Registros del Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República, indican que la compra anual del producto alimenticio ascendía, durante la administración anterior, a 500 millones de litros de manera anual.

De estos, según convenios difundidos por agrupaciones de pequeños productores de leche, alrededor de 40 por ciento del abasto se cubría con los llamados excedentes de Grupo Lala, los cuales se adquirían a un precio de 5.50 pesos por litro.​

Se obtiene entonces que, según las proporciones de comercialización, Liconsa habría estado dirigiendo hacia la empresa de Tricio la nada despreciable cantidad de mil 100 millones de pesos al año, en un esquema en el que Lala fungía como una especie de intermediario y acopiador.​

De este tamaño serían las pérdidas de Grupo Lala con las nuevas reglas de gobierno, con las que AMLO insiste en comprar y pagar directo al pequeño y mediano productor, eliminando una ganancia de acopiadores que llegaba a ser hasta de 30 por ciento del producto.​

De hecho, las nuevas cifras de Liconsa indican que en el país existen alrededor de 23 mil productores del alimento, cuando en administraciones anteriores apenas se tenían contemplados unos cinco mil.

Los datos aquí mencionados arrojarían posiblemente luz sobre los cambios en la dirección ejecutiva de la empresa de Tricio, en un entorno en que la salida de Mauricio Leyva sigue siendo inexplicable para los propios analistas de los mercados financieros. ​

Y YA QUE hablamos de Segalmex, el próximo 29 de diciembre debe recibir los 100 tractocamiones 6x4 quinta rueda con caja semirremolque que le rentará Jet Van Car Rental, de Cuauhtémoc Velázquez. Este arrendador ganó el contrato por 479 millones de pesos, pero con la novedad de que se anticipa que caerá en incumplimiento. La firma no podría suministrar la totalidad de los modelos Foton provenientes de China. La agencia dirigida por Ignacio Ovalle solo ha recibido 18 unidades, mientras que Diconsa solo tiene 23 camiones rabones para el programa de precios de garantía y 20 para las actividades operativas. Si no entrega todos los vehículos, Jet Van Car Rental se haría acreedora a una sanción. A esto súmele que el 13 de febrero la arrendadora debe entregar 600 camiones pesados adicionales por los que cobró otros mil 234 millones de pesos. Así que por donde se le vea, no la tiene fácil.

EN LA SECRETARÍA de Energía hay preocupación porque dos contratistas de la nueva refinería de Dos Bocas han amagado con detener sus trabajos si Pemex no les paga por las obras entregadas. Se trata de la estadounidense Kellogg Brown & Root, mejor conocida como KBR y que preside Stuart Bradie, y la holandesa Van Oord, que a su vez encabeza Pieter van Oord. La primera ganó los paquetes 4 y 6 de la nueva refinería y exige el pago de unos 900 millones de pesos, y la segunda los trabajos de dragado del mismo proyecto por el que se le adeudan aproximadamente otros mil cien millones. El problema, nos dicen, no es tanto la empresa productiva que comanda Octavio Romero, sino la Secretaría de Hacienda. Y es que los pupilos de Arturo Herrera desde finales de noviembre cerraron la llave de pagos a todos los proveedores, en un intento por concluir el año con un superávit primario.

AYER HUBO REUNIÓN en el Grupo Aeroportuario Ciudad de México, que dirige Gerardo Ferrando. Uno de los temas que se abordó es la próxima compra de la participación que Aleática tiene en el aeropuerto de Toluca. Estamos hablando del paquete de 49 por ciento que posee la compañía que ahora lleva Sergio Hidalgo. El gobierno contrató a EY, que capitanea Víctor Soulé, como asesor encargado de efectuar la auditoría de compra, la cual ya fue terminada. Se estima que el cierre de la operación se podría dar en el arranque de 2020. Se habla de un monto de entre 80 y 100 millones de dólares.

EL QUE CIERRA el año de plácemes es Adrián Rubalcava. Y es que su alcaldía, Cuajimalpa, acaba de ser reconocida como la demarcación más segura del país. El reconocimiento se lo hace la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y en acompañamiento de la Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm). Fue el propio Rubalcava quien recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno 2019. Se evaluaron las estrategias de seguridad, inteligencia policial y prevención del delito.