Y sucedió lo que todo mundo advirtió: ni la UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) ni el Insabi (Instituto Nacional de Salud para el Bienestar) pudieron con el paquete.

La circular INSABI-UCNAMEM-CA-91-2021, fechada el 26 de febrero pasado, reconoce explícitamente el problema de desabasto de medicamentos en el sector público y el desorden en el proceso de compra.

Adalberto Javier Santaella Solís, coordinador de Abasto del Insabi, ordena a todas las dependencia públicas lo que puede resumirse en esto: ¡compren medicinas como puedan y donde las encuentren!

Se trata de las "líneas de acción que deberán implementar" las instituciones del sector participantes en la compra consolidada que se encomendó a la UNOPS para garantizar el abasto de insumos de salud.

Dicho mandato sería eficiente si se hubiera realizado en agosto del año pasado, con lo que habría espacio suficiente para la adecuada planeación, suministro y disponibilidad de medicinas.

Lo anterior está lejos de haberse realizado, considerando que la fabricación de medicamentos en los volúmenes requeridos por el sector público requiere un proceso de entre tres y cinco meses.

Eso se les dijo hace dos años a Raquel Buenrostro como oficial mayor de Hacienda y a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, cuando decidieron romper la cadena de fabricación y distribución.

Andrés Manuel López Obrador se cegó con el cuento de la corrupción y hoy, a la distancia, se cumple la advertencia: México enfrenta desabasto de medicinas y se quedó sin el andamiaje que lo garantizaba.

La UNOPS, que lleva aquí Guiseppe Mancinelli, inició el proceso hasta el 4 de diciembre de 2020, es decir, con por lo menos cuatro meses de retraso para tener disponibilidad oportuna de estos insumos.

La convocatoria fue de mil 183 claves, de las cuales 141 se declararon desiertas, esto es, solo se garantizarán mil 42 medicamentos a partir de julio de este año.

Pero el oficio-circular señala que si a las 141 claves desiertas se le agregan 109 que no fueron incorporados por las instituciones de salud, más 340 que fueron excluidas de la compra consolidada…

Entonces tenemos que, al menos ¡590 claves deberán comprarse como se pueda! Como si lo anterior no fuera ya suficiente, el Insabi, que mal dirige Juan Antonio Ferrer, le sigue subiendo la vara a todos.

Institutos nacionales de salud, hospitales generales y autoridades de las 32 entidades federativas, deben garantizar el abasto de 2 mil 24 claves de este mes de marzo al próximo junio.

Y todo porque se anticipa que las compras encomendadas a la UNOPS no podrán ser solventadas en ese tiempo. Esa oficina solo garantizaría medicinas a partir de julio, unas mil 42 claves que forman parte del proceso de compra que realiza.

López Obrador insistió ayer en la existencia de "una mafia" que controlaba la adquisición de medicamentos para el abasto de estos insumos a las instituciones del sistema de salud público.

"Mafia" que incluso impide la compra de éstos en el exterior: la realidad es que el desabasto se agudiza y que la dupla UNOPS-Insabi simplemente resultó incompetente e indolente.

SALUD Y HACIENDA, que manejan Jorge Alcocer y Arturo Herrera, están atorados con la decisión de comprar la vacuna de Janssen. Ya debieron haber decidido si la incorporan al plan de vacunación. Este antígeno siempre fue, por mucho, el favorito del sector salud, léase del llamado 'zar anticoronavirus', Hugo López-Gatell. El objetivo era inocularla con todo el respaldo del IMSS, que dirige Zoé Robledo. El 27 de febrero la Federal Drugs Administration la autorizó y hasta donde se conoce el gobierno de Andrés Manuel López Obrador obtuvo un precio de 10 dólares de Johnson & Johnson, que dirige Alex Gorsky.

LA 4T YA revivió el polémico caso del destino de unos 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins y puso en la primera línea de ataque a uno de sus litigantes favoritos: el despacho de Guillermo Barradas y Roberto Díaz, que también pusieron de rodillas a exsocios de la Cooperativa Cruz Azul, marcadamente Guillermo Álvarez y Víctor Garcés y el abogado Ángel Junquera. Vuelven a la carga ahora contra Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa. No la van a tener fácil: enfrente tienen a los avezados penalistas Alonso Aguilar Zinser y Virgilio Rincón, defensores de los hermanos.

LE PLATICABA QUE el Comité de Auditoría de Pemex puso lupa a varios contratos de la llamada Empresa Productiva del Estado. Ahí encajan las revisiones a White & Case, que comanda aquí Ismael Reyes Retana y que reclama el pago de honorarios por alrededor de 200 millones de pesos de servicios de consultoría legal. Los pupilos de Octavio Romero no tienen la intención de pagarles, máxime por los conflictos de interés de dos de sus principales socios: Vicente Corta y Teresa Fernández, a los que habría que agregar a Jorge Kim, quien fue director jurídico justamente de Pemex y ahora está también en ese afamado bufete neoyorquino.

APENAS LA SEMANA PASADA, en la reunión plenaria de consejeros de Citibanamex, el presidente de su consejo, Valentín Diez Morodo se fue duro contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al señalar que sus políticas estaban creando una enorme incertidumbre en el desarrollo de la economía y que el cambio de estrategia parecía no tener rumbo. Ayer tocó al director general del BBVA, Eduardo Osuna, luego de reconocer a la agencia española de noticias EFE que el gobierno de la 4T transmite un mensaje incorrecto a los inversionistas con polémicas reformas, como la de la Ley de la Industria Eléctrica. Los dos principales bancos extranjeros.

¿SE ACUERDA DE Aarón Dychter? Fue subsecretario de Transporte en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Elaboró muchos proyectos que por razones económicas o políticas ya no volaron. Dos son el aeropuerto de Tulum y este viaducto elevado que ahora Andrés Manuel López Obrador retomó para el Tramo 5 Norte del Tren Maya. Dychter lo prospectó junto con Oscar Corzo, quien fuera su director de Transporte Ferroviario y Multimodal. Ambos son socios de la firma de consultoría Adhoc y asisten al general Gustavo Vallejo, líder del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía y de los tramos del Tren Maya.

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