La cuña de Poncho Romo vs. la Coparmex

Alfonso Romo Garza-Madero fue cuestionado y criticado por sus pares por la cercanía con Andrés Manuel López Obrador desde el 2012.

Los dueños del dinero pronosticaban que el hombre de negocios no iba a influir en la política económica del nuevo gobierno y le auguraban pocos meses de vida como político.

Y casi se les cumple: estuvo a nada de irse por sus enfrentamientos con el entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Pero ahora Poncho Romo agarró un segundo aire.

Con su trabajo y operación en silencio el jefe de la Oficina de la Presidencia se ha convertido en el puente de oro entre AMLO y los 200 dueños de empresas más importantes del país.

Es una especie de consiglieri de López Obrador que pian pianito está tejiendo por todo el país un nuevo liderazgo empresarial que va a hacer contrapeso a la Coparmex, de Gustavo de Hoyos.

Desde hace varios meses Romo construye una red propia de los 200 dueños de empresa más importantes del país, aquellos que tienen una alta calidad moral en cada uno de los 32 estados del país.

En grupos de 10 y 20 se reúnen primero con Romo y luego con López Obrador. La idea es que antes de diciembre haya un magno evento donde se anuncien inversiones y proyectos entre IP y gobierno.

El fundador de Vector seleccionó en cada estado a un líder moral de la comunidad empresarial, quien a su vez convoca a una reunión privada con Romo a los 10 ó 20 empresarios más importantes.

Son casi todos mexicanos, dueños de empresas y otros tantos directores de compañías extranjeras multinacionales los que participan en estas reuniones.

Son los 200 empresarios que mueven la economía de cada entidad y, en suma, los presidentes de compañías que generan más empleo e inversión en México.

Se han realizado cerca de ocho reuniones en estados como CDMX, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Estado de México y Puebla. De ahí surgió la Comisión de Fomento a la Inversión, Empleo y Comercio.

La red de contactos no incluye a ningún presidente de organismo empresarial porque se asume que la mayoría de estos trabajan para los grandes grupos empresariales.

En esta red alterna de Romo hay gente del calibre de Carlos Slim, Alberto Baillères, Daniel Servitje, Roberto Hernández, José Antonio Fernández Carvajal y Germán Larrea.

Asimismo Armando Garza Sada, Rogelio Zambrano, Alfredo Harp, José Chedraui, Julián Mendoza, Gabriel Posada, Ricardo Valdés, Lorenzo Rojas, Alfredo Rivera y Jorge Vergara.

También Jorge Ojeda, Santiago Martínez, Javier Arroyo, Alfonso y Guillermo Urréa, Juan Francisco Beckman, Humberto Jaramillo, Rodrigo Valle, Juan Jorge Favier y Taide Aburto.

De igual forma Ernesto Porras, Roberto Alcántara, Carlos Peralta, Carlos Hank, Roberto Plascencia, Laura González, Jorge Enrique Almanza, Salvador Oñate y Francisco Robinson Bours.

Antonio del Valle Perochena, Arnulfo Padilla y Antonio González Mendoza son otros más. Cuando Poncho Romo llega a un estado, normalmente se reúne a la hora de la comida.

La dinámica es la misma: hace una reflexión sobre la importancia de las empresas para la economía nacional y luego hablan los empresarios locales.

A éstos, días antes se les asigna un tema de interés regional o estatal, los cuales casi siempre giran alrededor de empleo, inversión, problemas de infraestructura, comercio exterior y seguridad.

El encuentro casi siempre sube de tono cuando llegan las quejas sobre la inexistencia de políticas públicas del gobierno de López Obrador para generar confianza a estos dueños de los negocios.

Son temas recurrentes lo poco que hace el gabinete en materia de inversión, fomento al empleo y seguridad pública; los empresarios se quejan de la visión estatista de la economía.

Romo habla de cómo AMLO y sus secretarios Arturo Herrera, Marcelo Ebrard, Rocío Nahle y hasta Graciela Márquez han ido cambiando en estos meses.

También de cómo se están convenciendo de que el gobierno solo no puede reactivar la economía y de la necesidad y urgencia de la inversión privada para generar empleo y mayor bienestar social.

En ese contexto se explican los mil 600 proyectos de infraestructura que AMLO va a anunciar este mes.

Parece que López Obrador ya cayó en cuenta que necesita la inversión, porque con los ahorros de la austeridad republicana no va a reactivar la economía.

TÓMELO CON RESERVAS, pero vaya sorpresa se llevarían las empresas de infraestructura en este periodo de sesiones en el Congreso. Se sabe que el senador Alejandro Armenta ya prepara otra iniciativa de ley que pretende renegociar las actuales tarifas bajo el modelo de Asociaciones Público Privadas (APP). Resulta que el de Morena impulsará una reforma sobre la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, en la que se incluiría bajar las dispersiones mensuales que cobran por proyectos ejecutados, como penales, hospitales y carreteras, acorde a los servicios que realmente utilizan. Además de que los estados deberán reconocer como deuda pública los compromisos de pago. En un principio irían contra los modelos estatales de APP, pero seguirían con los proyectos federales.

ALGUIEN MAL INFORMÓ al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando afirma enfáticamente en su cruzada contra los distribuidores de medicamentos, que los dueños de esas empresas manejan márgenes de intermediación del 30 por ciento. Nada más alejado de la realidad. Fármacos Especializados de José Antonio Pérez Fayad, Dimesa de Alejandro Álvarez Bermejillo, Maypo de Carlos Arenas, CPI de Gerardo Morán y Ralca de Héctor Javier González. En el mejor de los casos,obtienen entre 8 y 11 por ciento. La política de la 4T está orillando a estas empresas a despedir hasta el 40 por ciento de su personal, aunado a las deudas incobrables del sector salud, particularmente con el ISSSTE, que dirige Luis Antonio Ramírez. El sector farmaceútico es el que quizás enfrenta el más incierto futuro.

ESTE MES HABRÁ relevo en la presidencia de la Asociación de Secretarios de Turismo de México. La carta más fuerte para sustituir a Jorge Manos, secretario de Turismo de Campeche, es es el secretario de turismo de Baja California Sur, Luis Araiza. El movimiento cobra especial relevancia por la coyuntura que vive el país y la difícil situación para el turismo, en momentos en que la 4T desapareció el Consejo de Promoción Turística de México y está empeñada en el proyecto regional del Tren Maya. Sume el estancamiento de la economía nacional y la falta de recursos públicos para impulsar a la actividad a través del llamado Consejo de Diplomacia Turística. Araiza, que tiene bajo su responsabilidad uno de los destinos más importantes, como Los Cabos, puede ser un buen interlocutor.