Los costos del odio

La Ley Bartlett o de la Industria Eléctrica tiene destinatarios muy precisos: los empresarios mexicanos y extranjeros que obtuvieron permisos para generar energía durante los gobiernos neoliberales.

A raíz de la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá, los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña abrieron la puerta a la inversión privada nacional y extranjera y otorgaron mil 229 permisos para generar energía eléctrica.

La iniciativa preferente tratará de revertir 24 años de apertura y pretende volver a cerrar la puerta a la IP, para que sea la CFE la que tenga el monopolio de la generación y comercialización de electricidad.

Lo anterior, sin importar que desde el gobierno de Ernesto Zedillo a la fecha se hayan invertido más de 122 mil 247 millones de dólares en el sector eléctrico.

El enojo de Manuel Bartlett con el sector privado vino tan pronto como llegó a la CFE y su encono creció cuando supo que los beneficiarios eran los que apostaron contra Andrés Manuel López Obrador.

Preguntó cuánto pagaban a la CFE por consumo eléctrico muchos de los miembros del Consejo Mexicano de Negocios y por qué a algunos de ellos, que generaban energía para sus propios negocios, se les permitía vender lo que sobraba, de manera directa, a otras empresas, si estaba prohibido por la regulación.

Una muestra de los empresarios que están en la mira de Bartlett y de la secretaría de Energía, Rocío Nahle son:

1.- Grupo Bimbo, de Daniel Servitje, tiene tres permisos para generar electricidad dónde invirtió 4 mil millones de dólares y posee una producción agregada autorizada de 6.89 GW-h/año.

2.- Altos Hornos de México, de Alonso Ancira, también posee una planta productora en Coahuila con un número de permiso de generación E/094/GEN/98 y una inversión de 261.4 millones de dólares.

3.- Iberdrola, de José Ignacio Sánchez Galán, posee en toda el país 30 permisos para la producción de energía eléctrica, con distintas razones sociales.

4.- Teléfonos de México, de Carlos Slim, tiene permisos en sus distintas centrales. Posee 53 con un total autorizado de producción de 36.55 GW-h/año .

5.- Palacio de Hierro, de Alberto Baillères, posee tres permisos; y Caterpillar, que comanda Marco Villarreal, cuenta con dos permisos.

6.- FEMSA, que comanda José Antonio Fernández Carbajal, tiene dos permisos para su división cervezas; Grupo Modelo, que preside Cassiano de Stefano, dos permisos más.

7.- Grupo Posadas, de José Carlos Azcárraga, tiene cuatro permisos; y Sabritas, que preside Roberto Martínez, dos permisos más.

La Iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica seguramente va a pasar sin modificar coma alguna, como lo quiere el Presidente; sin embargo, la pelea iniciará en la Suprema Corte, pero sobre todo en los tribunales internacionales, particularmente de Estados Unidos.

Algunas empresas estiman que si el gobierno de la 4T tuviera la peregrina idea de nacionalizar estos bienes, tendría que pagar un negocio con un valor actual de más de 100 mil millones de dólares.

LOS ACUERDOS EMPIEZAN a tejerse entre la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y los directivos de Pemex, de cara al proceso electoral de junio en el que el apoyo de los más de 100 mil trabajadores de la empresa productiva del Estado será determinante para Morena. En las últimas semanas el gremio que dirige interinamente Manuel Limón ha sostenido diversas reuniones con Marcos Herrería, el oscuro director corporativo de administración de la petrolera, y con Franco Palavicini, subdirector de capital humano, con quienes ya se trabaja en la posibilidad de desbloquear las casi 10 mil plazas que se planeaban recortar para el presente año, sobre todo las que representan casos críticos. A cambio el sindicato pondría su operación a favor de los morenistas y cortaría, por lo menos en el papel, cualquier tipo de relación con la militancia del PRI, vínculo que se mantuvo desde los tiempos de Lázaro Cárdenas y que se fundamentó en el artículo 7 de sus estatutos. Aunque, en los hechos, el único que modificaría su estatus con este acuerdo sería el propio Manuel Limón, quien no pudo presentar su carta de intención para reelegirse como diputado plurinominal.

HACE EXACTAMENTE UNA semana hubo una reunión relevante que pasó desapercibida. Y es que ilustra la preocupación y reconocimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que no podrá garantizar solo la distribución y aplicación de las vacunas contra el Covid-19 a la población. Participaron el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell; el director del IMSS, Zoé Robledo; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el secretario de Turismo, Miguel Torruco; y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Nos dicen que básicamente la 4T sí va a aceptar el apoyo del sector privado, pero no financiero: la compra de los antígenos correrán por cuenta de la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera. López Obrador está negado a aceptar dinero de los empresarios, no así infraestructura para mover las dosis y espacios para aplicarlas: vehículos, aviones, tiendas de autoservicio, farmacias, hospitales, hoteles, cadenas en frío, almacenes, etcétera.

EL CAPRICHO PRESIDENCIAL de inaugurar una pista en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles costó muy caro. ¿Qué dirán los accionistas de Volaris, que dirige Enrique Beltranena, que cedieron a las presiones de la 4T y fletaron uno de sus aviones que lo mantuvieron en patrón de espera sobrevolando por tres horas sobre Hidalgo gastando turbosina, en lo que terminaban de explicarle a Andrés Manuel López Obrador el 'avance' de la obra y concluía la ceremonia, para poder aterrizar en una terminal que carece de certificación para aeronaves civiles y sin los sistemas de radioayudas para los pilotos como VOR, DME o ILS? Misma situación para Vivaaerobús de Roberto Alcántara, Aeromar de Zvi Katz y TAR de Miguel Franco, con la diferencia de que aquéllas son privadas y no le tienen que rendir cuentas al mercado. Pero fueron sometidas igualmente. Un desastre, una vergüenza para la aviación mexicana, el espectáculo de ayer.

VAYA CLOACA SE destapó en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado: un exfuncionario que recibió una liquidación inusual de 565 mil 711 pesos cuando solo trabajó ahí tres meses, fue un cercano a Emilio Lozoya. Hablamos de Fernando Ureña, quien ocupó la subdirección comercial de Pemex Refinación como encargado de la administración de bienes materiales. En 2014, cuando Lozoya era director de Pemex, se le asignó la gerencia de ventas a estaciones de servicio de Pemex Refinería. El detalle es que de acuerdo a las primeras investigaciones de la 4T, Ureña tiene actualmente dos estaciones de servicio de Pemex que mantiene en sociedad con Manuel Nocetti Tiznado, Uruapilla y La Aldea, en Morelia. Casualidades de la vida, pero a nadie le cuadra que haya adquirido e invertido en dos gasolineras. Pero esas conclusiones las tendrá que aclarar con la autoridad correspondiente.