En medio de la contingencia sanitaria originada por el Covid-19, el gobierno de la 4T anunció un plan de emergencia estructurado por parte del gabinete económico.
Como se esperaba, Andrés Manuel López Obrador se dirigió únicamente a su público, su base electoral, unas dos mil 200 comunidades en las que habita la población más vulnerable del país.
La secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que el abasto de los productos de la canasta básica estará garantizado para los próximos 100 días en las 25 mil tiendas Segalmex-Diconsa.
Habrá unos tres mil 600 puntos de venta Segalmex-Liconsa, entiéndase las lecherías, en las que estará asegurada también la llegada de los productos de primera necesidad.
Para lo anterior, el organismo que dirige Ignacio Ovalle destinó 250 millones de pesos para una compra emergente de 20 productos considerados 'superbásicos'.
Apunte ahí café, azúcar, atún, galletas, jabón, pasta para sopa, aceite, pañales y, no podía faltar según marcan las tendencias de los últimos días, el papel higiénico.
Asimismo, tienen la consigna de que el maíz, frijol y acopio de leche UHT (ultra pasteurizada y envasada) esté para finales de esta semana en los 300 almacenes rurales del país, mismos que se encargan de surtir las respectivas tiendas de su zona quincenalmente.
Lo anterior permitiría que, en medio de la crisis sanitaria que está paralizando a proveedores, se mantengan condiciones para atender la demanda incluso extraordinaria de las comunidades.
Estadísticamente los 20 productos contemplados en la compra extraordinaria de Segalmex representan regularmente hasta 85 por ciento de las ventas de las tiendas del sistema Diconsa.
El resto corresponde a insumos regionales que se adquieren a los productores locales para evitar el denominado 'turisteo' de mercancías que se realizaba en pasadas administraciones.
Se asegura que la leche del programa de abasto social, distribuida a través de los puntos Liconsa, estará también garantizada para los próximos tres meses.
Lo anterior se va a lograr mediante el despliegue de recursos que contempla diversas medidas sanitarias.
Anote usted entre las más básicas la adquisición y repartición a granel de productos que hoy escasean al menudeo, como son el gel antibacterial y los cubrebocas.
LA PANDEMIA DEL Covid-19 podría provocar la desaparición de 25 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y generar pérdidas de 3.4 billones de dólares de ingresos de los trabajadores en 2020, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El organismo que dirige Guy Ryder propuso a los gobiernos hacer lo posible por asegurar los puestos de trabajo a través de medidas como extensión de la protección social, el apoyo a un mantenimiento del empleo mediante trabajos a media jornada o la implantación de bajas remuneradas, así como una rebaja fiscal que impacte también a las Pymes. En el mejor de los casos se perderían 5.3 millones, pero en el peor, llegarían hasta los 24.7 millones de empleos. En México analistas de Barclays, del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento (IDIC) y Banco Base, estimaron que el coronavirus y su golpe en la economía podrían ocasionar la pérdida de entre 110 y 150 mil empleos formales al cierre de 2020, mientras que la tasa de desempleo subiría a un 4 por ciento.
EL CASO DE la caja de ahorro de los trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores seguirá dando de qué hablar, pues en un expediente que dejó prácticamente listo su expresidente, Adalberto Palma, se registra que los recursos que manejó desde que se constituyó legalmente hace 19 años, superan los 500 millones de pesos. Corresponderá a Juan Pablo Graf darle cauce judicial a esa investigación en la que en la propia comisión que regula la actividad financiera del país se permitió irregularmente la captación de recursos a través de una asociación civil y en la que los préstamos de cartera vencida más onerosos se otorgaron precisamente a quien fuera director general de Administración de Finanzas de 2001 a 2014, Fernando Chavero, y a su director de Finanzas, Gustavo Ramírez. En la tablita hay mil 250 trabajadores.
LA ÚLTIMA CELEBRACIÓN de la Expropiación Petrolera fue un claro indicio de los objetivos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene para la operación futura de Pemex, en la que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que dirige interinamente Manuel Limón, ya no puede estar frente a los reflectores. Más aún, en la Torre de Pemex se ha analizado la posibilidad de desaparecer al organismo de trabajadores que dirigió durante casi tres décadas Carlos Romero Deschamps y de transferir los derechos laborales a uno de los sindicatos alternos que han obtenido la toma de nota recientemente. No obstante, el principal obstáculo al que se enfrenta la 4T para consumar su proyecto consiste en que el monto de liquidación del organismo, por 82 años de existencia y calculado en unos 70 mil millones de pesos, sería devastador para la petrolera.
FÍJESE QUE CAABSA, el grupo de los hermanos Mauricio y Luis Amodío, es otro que lanzó una oferta no solicitada al Fonatur, que comanda Rogelio Jiménez Pons, y al gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González. Es para desarrollar un sistema de movilidad en Cancún que alimente al Tren Maya, cuya última estación en la ruta desde Tulúm acaba en ese destino turístico. El plan es construir un tren elevado que haría un recorrido de unos 47 kilómetros por la ciudad y toda la zona hotelera. La inversión estimada es de unos 32 mil millones de pesos.