La Cuarta Transformación

También Jiménez Espriú y Arganis bloquearon a la ASF

No se entregó la información que acreditara que los 14 mil 220 millones con los que se finiquitó el contrato del aeropuerto de Texcoco fueron 'la mejor alternativa para el Estado'.

Además de ser útil para desacreditar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la discusión sobre los costos totales por la cancelación del eeropuerto de Texcoco le vinieron 'como anillo al dedo' a la 4T.

De ahí se agarró Andrés Manuel López Obrador para alejar reflectores sobre irregularidades que se cometieron en la rescisión de contratos del emblemático proyecto, todas atribuibles a sus funcionarios.

El caso más interesante y ejemplar es el contrato LPI-OP-DCAGI-SC-002-17, relativo a la construcción del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Se trató del componente más importante, que representó 45 por ciento de la inversión total, algo así como 84 mil 800 millones de pesos, que ganó un consorcio de 11 compañías mexicanas y extranjeras que se creó en 2017.

Según la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas 348-DE, incluida en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se negó a documentar.

Javier Jiménez Espriú, primero, y Jorge Arganis, después, no entregaron la información que acreditara que los 14 mil 220 millones con los que se finiquitó el contrato fue "la mejor alternativa para el Estado".

El consorcio lo formaron CICSA de Carlos Slim, ICA de Guadalupe Phillips, Prodemex de Antonio Boullosa, La Peninsular de Carlos Hank Rhon, GIA de Hipólito Gerard y las hispanas Acciona y FCC.

En julio de 2019 la SCT anunció con bombo y platillo la liquidación del contrato más oneroso del NAIM, destacando que el Convenio como Medio Alternativo de Solución de Controversias había logrado erogar recursos correspondientes sólo al 16.7 por ciento del contrato.

También se enfatizó que la negociación liderada por Gerardo Ferrando, entonces director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), logró que diversos lotes de materiales, por casi 2 mil 500 millones de pesos, fueran donados al proyecto de construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

Sin embargo, en los cálculos finales la ASF no solo encontró que no existían razones para declarar una buena negociación, sino que detectaron que en el proceso de conciliación para determinar los daños causados a los contratistas, la valuación máxima establecida por las partes fue de poco más de 13 mil millones de pesos: es decir, mil millones por debajo de lo que finalmente se pagó con recursos públicos.

Tampoco hay evidencia que acredite que hubo donación de materiales a la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, para el proyecto del eeropuerto Felipe Ángeles.

Por lo anterior, no se sabe si esos miles de millones de pesos invertidos, principalmente en trabes, siguen bajo resguardo del GACM, que ya tiene cuatro meses descabezada, o simplemente desaparecieron.

En sus observaciones finales, la ASF determinó para este contrato daños al erario por 15 mil 700 millones de pesos, pues, además del injustificado finiquito y la pérdida de materiales de construcción, se autorizaron pagos indebidos en los rubros de "Seguro de responsabilidad civil" y de "Comunicación social".

UN ESTUDIO REALIZADO por consultores del Banco Mundial revela que en México el resultado de incrementar a los vales de despensa la deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta (ISR) al 100 por ciento, cuando hoy está topada a 53 por ciento, traería un beneficio económico incremental neto de un 25 por ciento, derivado de agregar el aumento neto en los ingresos de los trabajadores formales más el impacto favorable en la actividad económica en función de la elevación en el consumo por una mayor disponibilidad de recursos y la generación de empleos derivada de una mayor actividad económica. El análisis concluye que de otorgarse la deducibilidad al 100 por ciento, por cada 100 millones de pesos de 'pérdida recaudatoria neta', se generarían 125 millones de pesos de ingresos directos a los trabajadores formales, lo que en finanzas académicas se define como un retorno de la inversión de 25 por ciento. En este sentido, el CCE, Coparmex, Concanaco y Concamin se han manifestado repetidamente a favor de esta iniciativa, que fue discutida en las sesiones de Parlamento abierto de 2020 en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

EL VIERNES EL Centro Nacional de Control de Gas Natural, que dirige Abraham Alipi, le abrió nuevamente la válvula del suministro al complejo Etlieno XXI. Recordará que el 1 de diciembre Pemex, que dirige Octavio Romero, interrumpió el servicio por diferencias con el consorcio integrado por la brasileña Braskem, que preside Roberto Simoes, y el mexicano Idesa, que dirige Patricio Gutiérrez. La empresa conjunta venía utilizando en más de 95 por ciento el contrato de base interrumpible comprando la molécula de gas natural a otros proveedores/traders porque la petrolera mexicana no tenía disponibilidad de suministro en el sureste del país. La reactivación del servicio supondría un acuerdo de Braskem-Idesa, que dirige Stefan Lepecki, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a un ajuste de la tarifa de compra de etano, otro contrato que la 4T argumenta se les vende subsidiado en 75 por ciento.

UNA EMPRESA QUE pese a todo sigue confiando y apostando fuerte en México es Tantum Business, que lidera Jorge Gastélum Miranda. En los últimos años ha invertido en terrenos con vocación hotelera, residencial y comercial. Ahora mismo en Litibú, Riviera Nayarit, prepara uno de 22 hectáreas en el que se invertirán unos 320 millones de dólares para un complejo de dos hoteles con capacidad para 800 cuartos y 300 villas. El operador será Posadas, de José Carlos Azcárraga, y los arquitectos mexicanos AoMa y Módica Ledezma. Un segundo terreno de 500 hectáreas está en Los Cabos y un tercero de tres mil en Loreto. Este último ya cuenta con plan maestro, manifestación de impacto ambiental y otros permisos para su desarrollo y construcción. Una vez concluido será el proyecto turístico más importante del país de los últimos 15 años con una inversión estimada en 2 mil millones de dólares.

Y HABLANDO DE Posadas, efectivamente la semana pasada dio por concluido el contrato que tenía con Rothschild, que capitanea Daniel Nicolaievsky. Y es que el asesor financiero nunca pudo reunir al menos 40 por ciento de los tenedores del bono de 393 millones de dólares que se le vence en 2022. El banco de inversión sumó, a lo mucho 20 por ciento, y tras la salida de Ashmor que vendió su posición en varios paquetes al grupo que fundó Gastón Azcárraga Tamayo ya no le hacía sentido seguir pagando los honorarios. ¿Quién compró el papel de Ashmor? Difícil determinarlo. Hay quienes en el mercado creen que pudo ser David Martínez de Fintech Advisory o Alfredo Harp Helú, quien ya es socio en la cadena hotelera.

A PROPÓSITO DE ventas, quien salió a tiempo de que reventara lo de los reclusorios que adjudicó el gobierno de Felipe Calderón fue ICA, quien tiene como principal accionista precisamente al financiero regiomontano David Martínez. Al grupo que dirige Guadalupe Phillips ya no le tocó sentarse a negociar con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y con la secretaria de Seguridad y Protección Cuidadana, Rosa Icela Rodríguez, ajustes a la contraprestación de los penales de Sonora y Guanajuato. Y es que ya se lo vendió a México Infrastructure Partners, el administrador de fondos que dirige Mario Gabriel Budebo y que tiene de accionistas a las Afore Siglo XXI, Banamex, Pensionissste y Profuturo.

ESTE JUEVES ACABA la prórroga, la quinta, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concedió a Disney para que venda los canales de FoxSports. Precisamente por la irrupción hace un año del Covid-19, esa instancia que dirige interinamente Adolfo Cuevas ha venido pateando su propia resolución. Por ahí trascendió la semana pasada que el equipo de futbol Santos, que controla el Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri, obtuvo un amparo contra la venta, lo cual detendría el proceso. Cero. El recurso no suspende nada. En telecomunicaciones no hay suspensión en amparo. El IFT puede hacer lo que quiera: vender ya, o seguir pateando el bote. La propuesta de MediaPro de Jaume Roures sigue ahí.

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