David Calderon

Derecho a aprender, de nuevo

La ejecución de los deberes de las autoridades con respecto al derecho a la educación pasa por uno de sus peores momentos históricos.

Con el derecho a la educación pasa como con los santos de las grandes religiones: muy invocado, pero muy poco conocido; su fama se alega para justificar errores, mitos, trampas y abusos, pero su auténtico mensaje queda opacado y olvidado… sirve a los discursos de la jerarquía, y para seguir imponiendo la fuerza de las tradiciones.

La ejecución de los deberes de las autoridades con respecto de este derecho pasa por uno de sus peores momentos históricos. Somos, todas y todos, titulares de todos los derechos. A través de un proceso que intentamos que sea equilibrado y parejo, de tanto en tanto elegimos a representes y coordinadores -los gobernantes- y les damos el mandato de proteger y promover los derechos. No nos los conceden, no tienen que hacer diferencia de personas a la hora de activarse. Además, tienen con qué: la energía social acumulada en forma de leyes, miles de millones del presupuesto nacional y las atribuciones que les concedemos en los puestos. Por eso, como marca la Constitución y los tratados internacionales, le toca a los titulares del Poder Ejecutivo hacer efectivas las garantías de los derechos.

Como la educación es una tarea, es de largo plazo y exige esfuerzo continuo, dado que lo que hay que hacer es decisivo y tiene consecuencias sobre la vida de millones de personas, tradicionalmente se hace sinónimo de la escolaridad. Así, el derecho a la educación -en México, pero también en buena parte del mundo- todavía hasta hoy se confunde inmediatamente con la escolarización. Cumplir el derecho a la educación, para los gobiernos, se traduce en poner y operar escuelas. Es un gran medio, es de hecho el mejor medio disponible para las grandes mayorías, pero no es la finalidad del derecho a la educación. La finalidad es aprender. Por ello, la organización en la que trabajo y la Red Latinoamericana de la que formamos parte son convencidos militantes de este punto, y por ello sostenemos que el núcleo del derecho a la educación es el derecho a aprender.

La escolarización, que es un medio, ha robado cámara, atención y concepto al fin, que es aprender. Sería, en paralelo, como si alguien confundiese el derecho a la salud con la hospitalización, o la disponibilidad de clínicas. Claro que ayuda, pero se requiere igualmente de la formación y contratación de médicos, la disponibilidad de medicamentos, exámenes y dispositivos, de políticas generales que se entretejen con la salud, la calidad de aire, las políticas laborales, la lactancia, y mil aspectos más. Otro tanto, a su manera, ocurre con la educación. La salud -como desarrollo pleno de la persona en su dimensión orgánica, desarrollo que es individual, pero también comunitario y ambiental- se parece a la educación, como desarrollo pleno de la potencialidad y las decisiones de las personas.

Por eso resulta refrescante y reveladora la publicación reciente de UNESCO Adoptar una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida. En resumen, el estudio es una recapitulación de consultas a expertos de todo el mundo. Las grandes lecciones a retomar se centran en que el aprendizaje, para responder a su naturaleza de derecho DE las personas, debe favorecerse en un sistema global, “holístico”, que le dé su lugar a procesos formales, no formales e informales. Se aprende, se puede aprender, en todo tiempo y lugar.

El documento es claro: “…esta visión requiere un enfoque de educación centrado en la persona que aprende y orientado a la demanda, que permita a los educandos de todas las edades y procedencias codiseñar activamente y utilizar cualquier proceso de aprendizaje y sus resultados para alcanzar todo su potencial… debe ser un proceso colectivo que reconozca el valor del aprendizaje entre pares e intergeneracional. Esta dimensión social enfatiza aprender a cuidar no solamente los unos de los otros sino, además, de las diferentes comunidades y del planeta. Las oportunidades de aprendizaje deben estar disponibles para todos y ser diseñadas con y para las poblaciones más excluidas para garantizar la inclusión”.

Tenemos que trabajar con esa visión. La SEP no alcanza a ser algo más que una ‘secretaría de las escuelas’, y aún así, mal fondeadas, desiguales, abandonadas a su suerte; la política del Presidente y su círculo es la de la ‘enseñanza’, centrada en la matrícula, queriendo cambiar planes de estudio y no las realidades de aprendizaje de las poblaciones más excluidas, a las que, para mantener la política de becas generales, se desmantela las instancias que favorecían en forma focalizada su aprendizaje. A contracorriente, pues. Así que toca cobrar valor y fuerza, y perseverar.

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