El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y su impacto sobre la educación para las niñas y niños de México es materia interesante para economistas y analistas de política pública, y puede ser gran tema de tesis de maestría o doctorado; para nosotras y nosotros, activistas, es un tema de exigencia. Y la exigencia es concreta: tenemos que pedirle a la Cámara de Diputados que ajuste el proyecto que mandan Hacienda y SEP para 2023, porque no atiende prioridades, y porque perpetúa y acentúa el robo.
Esta semana presentamos nuestro análisis, del cual sólo destaco algunos puntos. Se anuncia un aumento, pero no es necesariamente una buena noticia. El año pasado fue muy malo, así que hay que poner todo en perspectiva: para 2023 se proponen 15 mil millones de pesos (mdp) adicionales al año fiscal que corre, pero eso es apenas similar al monto autorizado hace siete años, y queda todavía 10 mil mdp debajo de lo autorizado en 2014.
Con pesos comparables, este país gasta menos y menos desde hace ocho años (ojo: comenzó -y lo denunciamos- con Peña Nieto), con cualquier parámetro que se use. Hay más niños (en términos absolutos), hay más obligaciones (en términos constitucionales), hay más necesidades (en términos reales, tras el cierre de pandemia), pero gastamos menos. Es un atentado a la justicia, es una violación a la progresividad, principio que obliga a nunca gastar menos de lo que ya se logró, para garantizar un derecho.
El grueso del aumento se lo tragan muy pocos programas. El rubro del Presupuesto que tiene mayor volumen es sueldo de los adultos -al que destinaremos, si nada cambia, 82 por ciento de la inversión federal en educación básica; luego, hay un piquito de 2.1 por ciento adicional, para las Becas Benito Juárez; el ganón de todos los programas es La Escuela es Nuestra, que pasará -si los diputados sólo levantan el dedo y no cambian lo que les mandan desde el Ejecutivo- de 14 mil 300 mdp a 27 mil mdp, un aumento de más de 88 por ciento.
Los tres casos son tristes: el sueldo de los maestros sigue estando muy castigado, no se cumplió en 2022 ni se cumplirá en 2023 la promesa de mejorar el sueldo de todos quienes ganan menos de 12 mil 500 pesos mensuales, y para los demás, después de las discusiones coreografiadas de mayo, les van a aumentar poco más de 4 por ciento, una proporción claramente por debajo de la inflación. Gastamos mucho en salarios, pero tendríamos que gastar mejor; el desorden viene de corrupción y captura, y esta administración lo agravó con basificaciones a lo loco, para las cuales no tiene dinero destinado en el tiempo… es una burla a los maestros.
Las becas son un alivio, y a ello regresaré. Lo que quiero destacar es que la bolsa para las becas prevista para el año entrante, 143 mil 40 mdp, se logra a costa de eliminar programas por un monto de 103 mil 77 mdp. Sólo que los destinatarios de las becas son 6.1 millones, y los beneficiarios de los programas eliminados eran casi 13 millones de estudiantes de escuelas públicas de nivel básico. Por ello, no dudamos en calificar la medida como robo. Hacienda y SEP (o Hacienda con la anuencia pasiva de SEP) desmantelaron la atención a migrantes, embarazadas, indígenas, niñas y niños con discapacidad; le pegaron a los programas de convivencia, evaluación, materiales contextualizados, y lo que dan a cambio -suponiendo sin conceder que los seis millones becados son la mitad de los mismos despojados- es dinero que no le va a alcanzar a las familias para compensar lo perdido.
La Escuela es Nuestra sigue siendo la Bestia Terrible: no tiene evaluación formal, no tiene manejo transparente, no tiene focalización demostrable, está capturada por Bienestar y, en este momento, está pendiente de cumplimiento la suspensión definitiva que obliga a la SEP a reponer Escuelas de Tiempo Completo.
Los funcionarios tienen que hacer mil planas: las becas no educan. Las becas no educan. No estamos en contra de las becas; al contrario, nos parece patético que con tanta retórica al final se cubra a sólo seis millones, cuando las requieren al menos 14 de los 21 millones de alumnos que todavía no se nos van de las escuelas públicas. La tragedia está en que las transferencias no condicionadas (estas becas no son para incentivar logro académico, sino para complementar manutención y asegurar permanencia; no son “aspiracionistas”, pues) son una gran política social, pero debieran pagarse de los fondos de Bienestar, no de SEP.
La tragedia es que SEP renuncia a su tarea intransferible de garantizar el aprendizaje, y su presupuesto va para sueldos insuficientes, una torva y turbia “operación cemento” en las escuelas, y para complementar el ingreso familiar mientras el sistema pierde, a dentelladas feroces, su capacidad de educar. Irónicamente, el gobierno que se ufana de progresista hace que el dinero público se lo lleve la iniciativa privada en el consumo atomizado de las familias, mientras que logra que el Estado deserte de su mandato de educar.
Vulgar en su concepción, voraz en su ambición, torpe en su administración, vergonzosa en su rendición de cuentas, la inversión educativa se tambalea. Un mínimo de congruencia debemos exigir a los legisladores, nuestros representantes: no se sumen a esta masacre contra las oportunidades de los niños, contra el ejercicio de sus derechos. ¿Quieren apoyar el ingreso de las familias? Aumenten el impuesto a la punta de la pirámide, con fuerza; no subsidien gasolinas; pausen las obras inútiles de los proyectos estratégicos, y marquen una política de salarios vigorosa y apoyos más sustanciosos, incluso un ingreso universal garantizado y becas de mucho mayor monto y de mucha más cobertura. Pero seguir desplumando la gallina flaca que ya es la inversión en educación básica es algo que la historia no les perdonará.