Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero
La concentración de dinero y poder en la Ciudad de México genera muchos efectos de distorsión social y cultural. En educación, ello es patente: las oportunidades que la Ciudad ofrece no se comparan con las del resto del país, y en los ejercicios presupuestales, teniendo ya mucho, recibe aún más.
En educación básica, ninguna capital en otra entidad federativa se acerca a su dotación en infraestructura o conectividad, a la estabilidad laboral y salarial o a la formación acumulada de sus docentes. Típicamente, sus estudiantes son claramente los punteros del país en los resultados de las pruebas de logro de aprendizaje, en cada nivel educativo.
No es que la Ciudad (que es una abstracción para referirse a las personas) no tenga dificultades. Hay una terrible desigualdad en los contextos y al interior de los relativamente altos resultados promedio; todavía hay decenas de miles de niñas y niños pequeños sin ningún servicio educativo, y ya de antaño, pero especialmente tras la pandemia, hay un gravísimo problema de interrupción de grados escolares conforme crece la edad. Es muy distinta la realidad precaria de las y los estudiantes de San Pablo Oztotepec, en Milpa Alta, que la de sus coetáneos en las bien dotadas escuelas públicas de la Colonia Del Valle.
Además de las ventajas, en el comparativo nacional, por ingreso y escolaridad de madres y padres, hoy quiero subrayar una peculiaridad del sistema escolar de nivel básico: el administrador de las escuelas de educación básica, el empleador de las y los docentes, el responsable de su operación y políticas públicas no es el gobierno de la Ciudad, sino la Federación. El sistema escolar de la CDMX no entra en el resto del pacto federal: lo paga y opera directamente la SEP. Sus alcances y mejoras –además de lo que hacen, siempre con ojo clínico para la promoción electoral, las alcaldías, el equivalente a las autoridades municipales en el resto del país– no se paga con el Ramo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación, sino con el Ramo 25.
Hay que preguntarse por qué, en el sexenio de mismo partido gobernando la República y la Ciudad, no hay movimiento en la SEP para transferir los servicios, y menos todavía hay prisa en la CDMX para recibirlos, con todo y que la Constitución local preveía hacerlo a la brevedad. Es claro que apalancarse en los impuestos de toda la nación, y tener aquí mismo, a mano, todos los beneficios para usar la capacidad del ministerio nacional, sin tener que negociar nada ni competir con las otras 31 jurisdicciones para la coordinación, es un sueño para cualquier político –en este caso, política– con ambiciones.
Hay, pues, una desproporción de la inversión en las escuelas en la CDMX con presupuesto federal. Ya tenía –por historia, por contexto– mucho, y recibe crecientemente para poder seguir invirtiendo y capitalizando –nunca mejor dicho– este factor de bienestar y desarrollo. Nuestra postura es clara: además de llamar a la congruencia y honestidad para que ya se le ponga fecha a la transferencia de los servicios educativos al gobierno local, no pretendemos que se quite nada de lo que ya se alcanzó, sino que se comparta y se generalice.
Me explico: por el principio de progresividad, el Estado Mexicano debiera ofrecer a cada vez más niñas y niños lo que ya logró en la Ciudad, y en ésta no perderlo. Por el contrario, asegurar su verdadera universalidad en la equidad: que todos tengan el disfrute del derecho en el mismo grado, aunque por su diversidad intrínseca ello se logre por caminos distintos.
Un ejemplo del tamaño de un continente: mientras que la SEP, con sus malos administradores, chapuceros operadores jurídicos y con la responsabilidad de sus titulares destruyen Tiempo Completo en todo el país, esa misma SEP, a través de la Administración con la que regula y atiende las escuelas capitalinas, mantiene horarios extendidos en la Ciudad de México, comida al mediodía en muchas de ellas y no sigue –menos mal– la regla estúpida que una escuela no puede recibir inversiones por varios años consecutivos.
En la Ciudad de México no opera “La Escuela Es Nuestra” (LEEN): las obras y apoyos se hacen con el dinero de un fideicomiso, FIDEGAR, por vía de un programa, “Mejor Escuela”, que en su fórmula de asignación no sólo distingue componentes comunes, número de aulas y cálculo aritmético del número de alumnos, sino que además tiene dos ajustes adicionales: un apoyo ampliado para atender las instalaciones para adaptarlas a personas con condiciones de discapacidad, y una mayor inversión tras la inspección física de necesidades, para que la asignación predeterminada no se quede corta con respecto de la realidad.
Si la SEP ha tenido oídos sordos al clamor de todo el país por el despojo “pavimento y no alimento”, es el colmo que además tenga ceguera culpable y voluntaria con respecto de sus propias acciones: urge que aprenda de sí misma, en la Ciudad de México, separando el apoyo a la alimentación de las mejoras a infraestructura, y que estas últimas se operen con la experiencia de Mejor Escuela. Para 2023, LEEN viene con esteroides: en el presupuesto le están poniendo un total de 24 mil millones de pesos; si no queremos que acabe en un vulgar programa electorero, exijamos a la SEP que no rompa el candil de la calle ni se quede en oscuridad de su casa.