En mi artículo anterior comencé a compartir la agenda pendiente de política educativa para 2020, la 'apuranza' que corresponde a diversos responsables, y que nos toca a todos monitorear para su cumplimiento oportuno, no simulado y eficaz. Eficaz, en estos temas, no sólo significa que se realicen las actividades planificadas, sino que produzcan sus efectos, efectos que son garantías para los derechos de niñas, niños y jóvenes.
Mencionamos dos: uno, la publicación –tic, tac, el tiempo corre, licenciado Moctezuma– de las estrategias nacionales, lo que amerita un exhorto del Congreso, pues como Legislativo no deben permitir que el Ejecutivo le dé la vuelta a sus obligaciones de inversión. Segundo, la resolución que le toca a la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de las leyes secundarias. Gobernación lo sabe, la SEP lo sabe: el pacto del presidente con la Coordinadora implicó torcer la letra y el espíritu del Tercero. Triste que lo reconozcan en privado, esto es, que la Ley de Carrera de Maestros tiene serios problemas de inconstitucionalidad, pero que no lo hagan saber en público.
Va un tercer pendiente, monumental: la realización de los procesos de admisión a la Carrera de Maestras y Maestros para 2020, que es una responsabilidad compartida –o 'concurrente', como se le dice en la jerga legal– entre la SEP (en concreto, de su Unidad para el Sistema…, bla, bla, nombre larguísimo, siglas USICAMM), las autoridades locales (secretarías e institutos de educación de los estados, autoridades de los sistemas de educación media superior) y MEJOREDU, la Comisión para la Mejora de la Educación, el sustituto–sucesor del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
¿Qué tienen que hacer? Ya sacaron el calendario y –el pasado 14 de diciembre– los lineamientos de los procesos de admisión. Tienen que crear las condiciones y ejecutar los procedimientos para seleccionar a los aspirantes más adecuados para estar frente a grupo, para ser la nueva generación de maestras y maestros que se incorporarán al servicio. Sí, un proceso de selección nacional. Sí, por más que le hicieron la lucha para eliminarlo, desde el presidente hasta la CNTE, desde Morena hasta el Comité Ejecutivo del SNTE, desde personajazos de la talla de los Callejas de Veracruz, los Montenegros de Nayarit, o los inefables miembros del entorno de la profesora Gordillo, eso se quedó. Hay 'pase automático' en unos preceptos, pero 'selección' en otros. Y la ley, aun en esta versión cucha, mandata que se debe seleccionar.
No cualquier persona que cursó unas materias puede –debe– ser maestro. De manera decepcionante, pero no sorprendente, el derecho de los niños de nuevo salió volando en los lineamientos. Dice su artículo 7: "El proceso de selección para la admisión tomará en cuenta los conocimientos, las aptitudes y la experiencia necesarios para el ejercicio de las funciones docente y técnico docente de acuerdo con los perfiles profesionales establecidos". Ahora, comparemos con la Constitución, artículo tercero, séptimo párrafo: "La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos". Se pasan de obvios: cuando hacen lineamientos piensan en el empleo de los adultos, y no en los derechos de los niños.
No cualquiera puede o debe ser maestro. Y eso es cierto tanto de normalistas de institución pública como de instituciones privadas (algunas, verdaderos fraudes de negocio descarado), así como aplica con mayor preocupación y cuidado sobre pedagogos y psicólogos educativos, y ya ni decir de abogados, historiadores, geógrafos, químicos o filósofos. Soy egresado y doy fe de la bajísima e inadecuada preparación que mi Facultad –la de Filosofía y Letras de la UNAM, de la cual en otros aspectos estoy muy orgulloso– ofrece para los licenciados en filosofía en términos de didáctica específica, y menos aún en términos de conocimiento de los adolescentes, a pesar que 95 por ciento de mis colegas dieron o darán clase en media superior, y sólo 5 por ciento serán investigadores o tendrán otras ocupaciones.
Así que el tercer pendiente de la apuranza 2020 en educación es que las convocatorias tengan claridad en sus términos y sobre todo en el número de vacantes –Michoacán lleva años simulando, con sus convocatorias en ceros y posterior 'portazo' a favor de amigos, protegidos y amantes. Pendiente que MEJOREDU muestre de qué está hecho, y sus integrantes ratifiquen en la acción que son las personas conocedoras que garantizarán técnica sólida en los parámetros y los instrumentos (¿o qué, van a contratar de nuevo al Ceneval para que les hagan la chamba?). Pendiente que los eventos de entrega de nombramientos sean públicos realmente, con las comisiones anticorrupción y la presencia de sociedad civil que marcan los lineamientos, y que la 'opinión' de la sección sindical no altere el orden de puntajes registrados, usurpando el papel de la autoridad porque así se la quisieron ceder.
Mucho trabajo serio y dedicado, mucha coordinación necesaria con los estados, muchas aspiraciones e ilusión de los aspirantes, de entre los cuales habrá profesionales beneméritos de la patria. Recordemos de los oaxaqueños que debieron examinarse en Puebla, porque sus colegas de la 22 impidieron su proceso. La 'militarización' que tanto gusta como tópico a mis colegas del IISUE, esperemos que desaparezca definitivamente, más ahora que en un giro irónico, si los hubiera, el gobernador Murat preside la comisión de educación de la Conago. Veremos si los funcionarios –de SEP, los estados y la MEJOREDU– están a la altura de los nuevos maestros, y ellas y ellos, a su vez, a la estatura de su tarea para con el derecho de niñas y niños.