El autor es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero .
En las pasadas entregas enlisté tareas cruciales para la educación en México, obligaciones estructurales que le corresponden a personas muy concretas –dados sus nombramientos y atribuciones– poner en práctica en 2020, y rendir cuentas sobre ello. Es la 'apuranza' del año, y vale la pena ponerla visible en el tablero compartido de la opinión pública.
Clave, por donde se vea, será trabajar en la participación y activación de las familias y los propios estudiantes. Las comunidades y las familias necesitan saber qué educación se merecen sus hijas e hijos, y aprender a exigirla. Hay mucho que hacer con la "cualificación de la demanda educativa", expresión hecha célebre por el Conafe ya hace muchos años. Es responsabilidad de las autoridades propiciarlo y no estorbar, y de los referidos –madres, padres, abuelas, niñas, niños, jóvenes– tomar su lugar propio. ¿Sobre qué hay que trabajar? Por ejemplo, sobre Escuelas de Tiempo Completo: es desconcertante que le recorten en 2020 a la mitad del dinero, y que la afectación directa sea contra cerca de 600 mil estudiantes que verán reducidas sus jornadas de nuevo a pocas horas, pero que algunas de sus familias estén complacidas con la 'Beca Benito Juárez'. Parecería que les satisface mejor unos cientos de pesos cada mes, transferidos en directo, un bien de bulto, por encima de la jornada ampliada y enriquecida, un bien al que hay que trabajarle para sacarle jugo, pero sin duda más relevante y sustentable en sus efectos, y que claramente vale más que el depósito mensual.
Las familias tienen que ensayar en los muchos temas que su inconformidad puede traerle mejores oportunidades a sus hijos. Si fuera por el gobierno federal, la métrica va de regreso a las épocas de Díaz Ordaz y Echeverría: más libros y más salones, más inscripciones… pero, ¿se aprende? Hay que aprovechar los resultados de PISA 2018 para cuestionar por qué seguimos estancados en logro de aprendizaje, por ejemplo, en matemáticas. Para los colegas –en Mejoredu y fuera– que no les gustan las evaluaciones porque las hacen "fuera de México", dos recomendaciones: uno, pónganse a estudiar, por ejemplo las evaluaciones de ERCE, en donde los mexicanos influyeron fuertemente para establecer los parámetros, o en Cívica 2016, por eso de que suelen afirmar que las matemáticas no son tan importantes como la educación cívica: ahí también tenemos, como país, un desempeño pésimo, que de verdad tiene que ver con ciudadanía y democracia, y no con los conservadores y rancios enfoques de la 'Cartilla Moral'. Dos, conozcan los esfuerzos locales, como el de MIA (Medición Independiente del Aprendizaje) sobresaliente esfuerzo de los colegas de la Universidad Veracruzana, con un proceso en el cual las familias pueden confirmar en sus propios domicilios si las chicas y chicos están cerca o lejos de lo que su potencial les permitiría en los aprendizajes.
Esa participación debe apoyarse y sostenerse para que los Consejos no sean sólo de 'vigila-y-firma' para los trabajos de La Escuela es Nuestra, programa en el cual Bienestar movilizó a sus servidores y pasó sobre la autoridad educativa para hacer los censos. Las familias deberán estar atentas para exigir no sólo oportunidad y honestidad en el manejo de recursos, sino también la asistencia técnica para la seguridad estructural de los planteles.
La participación de los propios alumnos en su proceso educativo es donde tal vez estamos más carentes. Nuestros compañeros de varias organizaciones -Odisea, CEE, Vía Educación- llevan años lidiando para hacer efectivo el derecho de los jóvenes de secundaria, reconocido desde hace muchos años en la normativa vigente, para tomar parte de las decisiones en la escuela. A niñas, niños y adolescentes se los brincaron en las consultas para las modificaciones a la Constitución y las leyes en materia educativa, y hoy, todavía, sólo hay un consejo de notables discurriendo sobre los nuevos programas y libros de educación cívica, sin atender a la elemental responsabilidad de preguntarles a los destinatarios, como está contemplado en los instrumentos internacionales sobre derechos de los niños. Sólo muy tímidamente lo hemos exigido desde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sipinna, sin gran eco. El Presidente se reúne con frecuencia -y opacidad- con la Coordinadora, pero no con el Sipinna, aunque le toca encabezar sus reuniones, y mucho menos con niñas y niñas (bueno, unos pocos se hicieron célebres por ser desmadrugados convidados de piedra a una conferencia matutina). Participar y dejar participar a familias, niñas y niños: ahí una apuranza.
Para cerrar la lista y hacerla estratégica: el presupuesto. De los más lamentables y alejados de su propósito, en toda la historia, este de 2020. Por ello, se impone como apuranza construir las condiciones de uno mejor para 2021. Ello incluye la responsabilidad de los funcionarios de la SEP y de los estados para proyectar una inversión acorde a sus entusiastas anuncios; implica para los funcionarios de Hacienda el respeto a su propio trabajo, para no dejarse arrastrar a forjar un país de dádivas para clientelas, y finalmente implica de los ciudadanos la vigilancia y exigencia para que se destine y use el recurso adecuadamente.
Entre otros campos, necesitamos saber en qué se gasta la 'bolsa inflable' de las partidas U006 y U080, de la que se han despachado en grande, aventando ahorros de todos lados y gastándolo discrecionalmente para aliviar universidades quebradas y llamar a la razón -es un decir, para comprar el desbloqueo- a las protestas de la Coordinadora. Se requiere examinar cómo se pasó de Escuelas al Cien a La Escuela es Nuestra y si los recursos no están creando boquetes impagables. Hay que revisar la nómina, y confirmar que ya no haya 'huachicol', como el que tristemente se dio a finales de 2019 en Tenería, operado por la SEP federal y Gobernación, quienes dijeron que serían distintos, y no lo fueron. Arduas tareas nos esperan. Apurémonos.