Es de ley
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Es de ley

18/07/2019

Ya arrancan las sesiones extraordinarias dedicadas a la legislación secundaria en materia educativa. La Cámara de Diputados se apresta para la discusión el jueves de la semana entrante; si resuelven, se pasará de inmediato al Senado para continuar el proceso legislativo.

Literalmente es un gran paquete. Se trata de aprobar, para empezar, dos nuevas leyes generales derivadas de la reciente reforma al Artículo Tercero constitucional: una, referida al Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros –que normará la materia de perfil, ingreso, promoción, reconocimiento y demás de la profesión docente; otra, a las atribuciones y tareas del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y su organismo coordinador –el ente público que sucederá al desaparecido INEE, y al cual la Constitución dota de autonomía técnica y patrimonio propios, con las tareas de realizar estudios, determinar indicadores, establecer los criterios de evaluación, emitir lineamientos.

Pero además de esas dos piezas, que en su momento comentaremos, es clave que pongamos a debate público lo que corresponde a la Ley General de Educación (LGE), que la reforma constitucional del pasado 15 de mayo no abrogó, ni establece que se expida una nueva ley que la sustituya. Del Séptimo transitorio de dicha reforma se desprende que hay un mandato para reformarla.

Y aquí es donde viene la materia de debate. Funcionarios de la SEP y legisladores de Morena dicen que ya están muy avanzados con una “nueva LGE”, pero el Diputado Juan Carlos Romero Hicks refiere que los legisladores del PAN no han estado convocados al proceso (https://heraldodemexico.com.mx/pais/pan-denuncia-exclusion-al-negociar-leyes-secundarias-en-materia-educativa/) y la Diputada Ana Lilia Herrera del PRI ya envió formalmente el martes pasado una iniciativa con proyecto de decreto (http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/97355). Pero no hay todavía un texto público de base para discutir.

Se realizaron en junio tres Audiencias Públicas, una dedicada a las reformas a la LGE y “otra normativa”; además, en este mes se convocó a seis foros de consulta regionales coordinados por ANUIES, y apenas el martes de esta semana un encuentro con los presidentes de las Comisiones de Educación de los congresos estatales, y en dichas reuniones también se aludió a reformas a la LGE. Ha habido conversaciones con diversos grupos, que no son formales, y por supuesto los representantes de la CNTE siguen teniendo reuniones con las autoridades federales por su cuenta, en “mesas de negociación” cuyo contenido y alcance no son ni públicos ni transparentes, pero eso de la revisión de propuesta legislativa no suele ser su principal fortaleza.

Como pasa con los modelos de autos, habrá quien diga que la “totalmente nueva” camioneta es una versión modificada de la anterior; de hecho, se llamaría distinto el modelo si fuese realmente otro modelo. Es hasta ocioso; el punto no es qué tan “nueva” queda una ley con más artículos; lo realmente importante es en qué materias la legislación fue “reformada y adicionada”.

Es crucial que los criterios de la educación nacional, derivados de la fracción II del Artículo Tercero, estén claramente desarrollados en la LGE, de manera que se entienda que “democrática”, “intercultural” o “inclusiva” no son tipos o modalidades, sino rasgos de toda la educación nacional. Así, los legisladores han de evitar que lo democrático se borre y ya no haya asambleas de cada escuela, asociaciones de estudiantes y corresponsabilidad específica de las familias, ni que intercultural sea para que los “indígenas” tengan algo, las sobras, o lo “inclusivo” se reduzca a personas con discapacidad, en servicios excepcionales y segregados. Hay que rechazar que la LGE sirva para justificar una reducción o desaparición de la Ley General de Infraestructura Física Educativa y que los criterios de seguridad y las especificaciones constructivas no se pasen irresponsablemente a la buena fe y el leal entender de las familias y maestros de cada escuela. Que la LGE no se escabulla de la consulta obligada por los instrumentos de derechos humanos a los pueblos originarios, las personas con discapacidad y sobre todo a los propios niñas, niños y adolescentes. Que las estrategias nacionales (de Normales, Primera Infancia e Inclusión) queden fijadas como permanentes, con autoridades federales responsables de coordinar y con la obligación del Estado mexicano de garantizar su permanencia multianual con el presupuesto identificado y suficiente. Que la LGE determina ya de una buena vez que el “marco común” en Educación Media Superior signifique un sistema nacional de reconocimiento de créditos, y que la desbordante variedad de subsistemas, modalidades y arreglos no limite a las y los jóvenes por la no portabilidad de los créditos. Que las referencias a la “participación” sean explícitas para reconocer los derechos y obligaciones para involucrarse en la marcha de la escuela, y dar espacio permanente a la voz de los “educandos” en planes, programas y reformas. Que Conafe e INEA sean reconocidos en su valor irreemplazable. Y eso sólo para empezar. La ley no puede hacerse sin crítica y debate, sin pluralidad y con mera prisa. Es de ley ser democráticos y darle su lugar a los procesos, sin dejarse atropellar por la agenda política del Ejecutivo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.