El autor es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.
Uno de los cambios constitucionales en materia educativa de mayor trascendencia para el Proyecto de Nación se refiere a la educación incluyente. En el texto vigente desde el 16 de mayo de 2019, el Artículo Tercero, fracción II, inciso f, establece -como uno de los rasgos imprescindibles de la educación en México- que ésta sea inclusiva, "…al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objeto de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación".
Durante el proceso de Parlamento Abierto y para enriquecer el debate del Constituyente Permanente, un colectivo conformado por tres instancias oficiales (CONAPRED, COPRED y SIPINNA) y tres OSC (Transversal, Yo También y Mexicanos Primero), identificado con hashtag #EducaciónSinBarreras, presentamos una nota a los legisladores, que también hicimos pública, en la cual subrayamos que "…el derecho a una educación incluyente implica entender que acceder y permanecer en la escuela es solamente un primer paso, ya que una visión más amplia debe velar, además, para que las niñas, niños y jóvenes (NNJ) no sean excluidos, ni de experiencias de aprendizaje ni de una participación efectiva para influir en su contexto escolar […] Por tal motivo, es indispensable pasar de una visión de la inclusión que ha privilegiado el diseño de políticas públicas para atender grupos marginados o con 'necesidades educativas especiales' a uno más amplio, que establezca la responsabilidad de todos los componentes del sistema educativo de adaptarse a la diversidad inherente a cada persona, y no al revés".
En resumen: la inclusión no es para algunos, que requieren 'su' sistema segregado, en el cual transiten -con más sacrificios y esperanza de sus educadores y sus familias que no con adecuada responsabilidad de la autoridad- sin que se resuelva su condición discriminada e invisibilizada. Lo que se requiere es una transformación, gradual y ordenada, pero decisiva de todo el sistema educativo, que mantiene actualmente multitud de cotos empobrecidos para diversas minorías, pero también la terrible inercia de prácticas generalizadas que excluyen del aprendizaje y la participación a la mayoría de niñas, niños y jóvenes en nuestro país. La inclusión es para todas y todos.
De ese diálogo, en el cual se reiteraron los compromisos de Derechos Humanos y las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgió el Décimo Octavo transitorio, un artículo temporal y operativo que establece el mandato de contar antes del 11 de noviembre de 2019 con una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, justamente para dar cumplimiento al inciso f de la fracción II.
¿Qué debería incluir tal Estrategia? En primer lugar, partir de esa visión amplia en la que se identifica la exclusión educativa como un continuo, que impide acceder a los servicios, permanecer en trayectorias completas y oportunas, lograr el aprendizaje significativo de lo que cada un@ requiere y necesita, y participar activamente del propio proceso formativo. Así, la equidad, la integralidad y la multiculturalidad no son rasgos 'aparte' de la inclusión, sino facetas que se corresponden: donde uno falla o está ausente, compromete negativamente a los demás y los vacía de sentido.
En seguida, se requiere de un diagnóstico actualizado, basado en evidencia, del estado actual de la inclusión de NNJ, y de la interacción, distorsión, duplicidad o ausencia de los servicios actuales para abordar las problemáticas de inclusión, que se han segmentado por condición de discapacidad, identidad étnica, condición migrante, conflicto con la ley, condición de salud, afectación por violencia, género, condición de marginación socioeconómica, ritmo y estilo de aprendizaje. En ese diagnóstico no sólo hay que enumerar servicios, sus recursos y destinatarios, sino partir al revés: de la diversidad que existe y después trazar la ruta integral de atenciones que aborda –con distinto éxito- las barreras al aprendizaje y la participación.
Finalmente, la Estrategia debiera apuntar a establecer líneas de estrategia (por eso se llama así), las acciones prioritarias y sus correspondientes metas calendarizadas; a detallar el marco normativo aplicable y también lo que es necesario ampliar o reformar en leyes y reglamentos; a establecer responsables de las líneas, sus atribuciones y sus deberes de coordinación y rendición de cuentas; el cálculo presupuestal y las fuentes de financiamiento para la implementación con las partidas específicas identificadas; el mecanismo de monitoreo permanente y de participación social en el que estarán interactuando los educadores, las familias y los propios NNJ.
Igual de importante es preguntarse: ¿a quién debería incluir la Estrategia? No dejemos pasar la oportunidad de que lo de todos tenga concurso de todos. La SEP ya tiene un grupo interno de trabajo con algunos invitados de OSC, pero es crucial que la convocatoria sea abierta y pública, con reglas claras para hacer aportes desde la variedad de experiencias familiares, comunitarias, de modalidades y niveles, de los distintos estados; que incluya a SIPINNA, CONAPRED y la CNDH, lo mismo que a los sectores de salud y bienestar. De otro modo se va caer en una grave contradicción: que la inclusión educativa se defina en un esquema que excluye.