Auditor Superior de la Federación
La deuda pública es complementaria para el financiamiento del gasto público, fue uno de los temas de las siete mesas de la primera y única Convención Nacional Hacendaria, que se realizó en 2004, a propuesta de los gobernadores, asumida por la Secretaría de Hacienda y por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Incluso se elaboró un Código de Ética para la contratación de la misma por parte de las entidades federativas.
Desde el inicio del siglo XXI, la deuda se incrementó poco relativamente hasta 2006; sin embargo, de los 160 mil millones de pesos de la deuda de las entidades federativas y de los municipios ese año, pasó en 12 años más –los sexenios de Calderón y Peña Nieto– a 581 mil millones en 2018. Hoy se ubica en poco más de 600 mil millones de pesos, fundamentalmente por la pandemia de COVID-19 y la recesión derivada del freno de las actividades económicas en todos los países del mundo, particularmente en el sector servicios, incluido por supuesto el turismo, que en nuestro país es importante en términos de la generación de empleos y de recursos financieros, veamos simplemente los problemas de países europeos que dependen de esta actividad.
Ya he comentado cómo cinco entidades: la CDMX, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua son las más endeudadas, ellas significan la mitad de esta deuda estatal. Con otros cinco estados, ya suman el 72 por ciento.
Una cosa es importante, ya que la mayoría de los estados dependen fundamentalmente de las transferencias de recursos federales, sean participaciones o aportaciones, su servicio de la deuda significa un porcentaje diferente respecto a sus ingresos totales. Destaca por supuesto la CDMX, que recauda cerca de la mitad de sus ingresos, lo cual disminuye su indicador global, además es importante la inclusión como deuda de los llamados PPS, que, al incluir su pago con recursos presupuestales, por supuesto son deuda pública.
Como alguna vez lo comentamos, la deuda no es ni buena ni mala, depende en mucho del manejo que se le dé y el destino para el cual se use, siempre y cuando no se sobrepase la capacidad de pago del estado de tal forma que paralice las finanzas públicas, o que su destino y manejo sea opaco, con posibles casos de corrupción y/o con poco valor público.
Hoy es posible que, debido a la atención de la pandemia y la fuerte dependencia de los estados de los recursos federales, algunos han tenido la necesidad de aumentar su deuda, los estados que tuvieron mayor incremento en estos 5 años han sido Yucatán, Tamaulipas, Tabasco, Durango y Campeche, este último es un gobierno próximo a cambiar, junto con otros 14.
Pero no es solo la deuda de largo plazo la que se vio incrementada, también los compromisos de corto plazo tienen un crecimiento mayor, esto es lo que se tenía que haber pagado en el ejercicio y no se hizo.
Esto ha sido un daño silencioso a las finanzas públicas, recordemos el caso de estados que han dejado de pagar las participaciones de los municipios, como fueron los casos de Veracruz y Morelos en el pasado, y a las universidades locales, e incumplir con sus obligaciones presupuestarias, como los pagos a terceros: impuestos, pensiones o aportaciones patronales.
Finalmente, lo que vemos es que la deuda que no se paga o se renegocia, sólo significa alargar los plazos, con un “efecto de columpio”, que durante el periodo del gobierno que contrató la reestructura baja el servicio –amortización e intereses–, pero se dispara. Los acreedores nunca pierden y alargan su negocio, pero las deudas ya no las pagarán nuestros hijos y quedarán a lo mejor para nuestros nietos.
El comportamiento de las deudas de los estados que cambian lo explicaré en la siguiente entrega.