Un tema recurrente en los últimos años, particularmente desde 2006, es el crecimiento de la deuda de las entidades federativas y municipales, generalizándose la idea que es un problema nacional, cuando lo real es que está focalizada en unas cuantas entidades y en unos cuantos municipios.
En sí, la deuda es un buen complemento de los recursos presupuestarios, sobre todo cuando se cumple con lo que dice la Constitución de que debe usarse para fines productivos y se siguen los procedimientos para su registro en la Secretaría de Hacienda y su contratación es transparente, abierta y se incluyen los llamados PPS o APPS, que se han llegado a manejar como que no es deuda, pero sí implica uso del presupuesto para pagar el servicio o como se quiso decir que eran pagos para “acorrientar los compromisos contraídos”…
Por supuesto, las llamadas reestructuras que han sido un gran negocio para quienes las realizan, que en resumen significa que se lanza hacia adelante su vencimiento, mejorándose el perfil del servicio de la misma, durante las gestiones de los gobiernos que las contrataban, ello fue intenso de 2007 a 2012, sin embargo, solo se trata de ampliar los plazos para su pago.
Como es la geografía de la desigualdad en nuestro País. La misma se encuentra concentrada en unas cuantas entidades y un porcentaje mínimo de los casi 2,500 municipios del País.
La evolución de la deuda global de los estados es la siguiente: 2001, cien mil millones de pesos; 2006, 160 mil millones (60 %); 2012, 434 mil millones, 171 % de incremento; 2018, 601 mil millones, un 38% más; y actualmente es de 666 mil millones, esto es un poco más del 10%.
Por otra parte, 5 estados concentran el 52 por ciento, con otros 5, ya son el 74%.
Por el lado municipal, 10 municipios concentran el 35.9%, y con otros 10, poco más de la mitad. Estos 20 municipios son apenas el 0.8%, lo que significa en ambos casos que la mayoría no han dispuesto del crédito, y ninguno de los estados y municipios del sur sureste se encuentra entre los más endeudados.
Los municipios que están más endeudados, se concentra el 86 ‘05 ciento en sólo 10 entidades federativas, particularmente, Jalisco, EDOMEX, Nuevo León, Baja California y Sonora, entre otros.
De ahí también la dependencia que tienen ambos órdenes de gobierno de las transferencias de origen federal, cuando la respuesta ha sido desde mucho conocida: recordar y aprovechar las facultades tributarias que tienen, aprovechar la colaboración administrativa en materia fiscal y gastar con orden, disciplina financiera y con transparencia y sin corrupción.
Después de la Ley disciplina financiera y las actuales facultades de la ASF, hoy podemos fiscalizar este tema tanto en estados como en municipios, vigilando el correcto cumplimiento de las normas y el uso de los recursos, además de cuidando que los estados no dañen sus equilibrios financieros.
Por otro lado, ha sido atinado no habernos endeudado más a nivel federal con el exterior, quienes hemos conocido este tema desde 1976, cuando se suscribió un Convenio con el FMI, precedido de la devaluación del peso, por una Carta de Intención, que fue revelada por un grupo de diputados economistas, encabezados por la Maestra Ifigenia Martínez y Armando Labra, que introdujo grandes debates sobre el contenido del Convenio de Estabilización y en 2004, en la Convención Nacional Hacendaria, los tres órdenes de gobierno tomaron acuerdos para un mejor manejo de la deuda subnacional, pero el tema ha sido el uso de sus facultades tributarias, desde luego, hay honrosas excepciones y el control del gasto público.
Veamos la experiencia actual de la Argentina, o lo que paso hace algunos años en Grecia y en 1969, del Uruguay.