Auditor Superior de la Federación
Cuando hablamos del federalismo fiscal mexicano, estamos hablando de la historia de México. Lo más reciente lo hemos comentado, como ejemplo en las tres convenciones nacionales fiscales, y la Convención Nacional Hacendaria de 2004. Fue un gran avance impulsado por el maestro David Ibarra Muñoz en los años ochenta. El maestro afortunadamente vive.
El arreglo fiscal o pacto firmado a través de un convenio de adhesión en los noventa, sigue vigente y además del sistema de participaciones, se creó un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, que llegó a tener alrededor de 16 grupos de trabajo, unos coordinadores de Hacienda y el resto de los estados. En cada grupo participaban los funcionarios hacendarios necesarios y por lo menos los de ocho estados, electos en sus reuniones zonales que señalaba la ley. De ahí la buena operación del sistema, solamente impactado en momentos de crisis económica, como en 1987 cuando la inflación rebasó el 200 por ciento.
Por su parte, la Comisión de Vigilancia, que ha sido factor de equilibrio, negociación, aclaración y acuerdos en los entes coordinados, y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, han sido clave para los avances del sistema.
En cuanto a la distribución de las participaciones, las fórmulas que buscan equilibrios entre equidad y resarcitorio, han ido cambiando, buscando como en 1990, el criterio de equidad para eliminar los diferenciales que nuestros modelos de desarrollo provocaron y dejaron al sur en condiciones precarias. El caso extremo era el 9 a uno.
Hoy aún hay diferencias interestatales en materia de ingresos, pero también es cierto que en la mayoría se dan omisiones respecto a los ingresos locales, y por tanto, dependen en más del 90 por ciento de las transferencias de recaudación de origen federal.
Sin embargo, un buen número de estados sí podrían lograrlo si se aplican a cobrar con eficiencia y a gastar con transparencia; al menos una tercera parte sí podrían optimizar sus recursos. Aunque la diferencia regional se ahondaría, contemos solo el número de las burocracias por estado, las cuales son generalmente más grandes de lo que requieren. En el pasado cuando un gobernador terminaba su gestión, basificaba a los trabajadores eventuales, con toda la carga presupuestal que ello significaba para la nueva administración.
Existía en todo el país el impuesto a la tenencia, hacia 1982 se decretó que dejaba de ser federal, y los estados que lo cobraban recibían como estímulo el 100 por ciento de los recursos; podían clonarlo y hacerlo estatal o ajustar su gasto, cosa que no hicieron. Buscaban mejor “apoyos extraordinarios” para recuperar lo que “perdieron”. Más de la mitad lo hicieron impuesto estatal.
Por otra parte, en la estructura fiscal debe haber un equilibrio entre los impuestos directos y los indirectos, para que no se castigue con impuestos al consumo a las personas de más bajos ingresos, y quizás en un futuro no lejano pensar en sobretasas en algunos impuestos, pero sin incrementos nacionales.
Lo fundamental es cobrar lo que debes cobrar.
Hay ejemplos exitosos en eso de cobrar, como cuando en la desconcentración educativa –no descentralización–, los estados que tenían un sistema educativo propio, sostenido con recursos locales eran los más aplicados en la recaudación local, de esta manera la educación básica se llevaba más de la mitad de sus participaciones; en Oaxaca se hizo una revolución al predial empezando por los funcionarios, contratistas, proveedores del gobierno, etcétera; sin gran tecnología, pero con sentido común.
Insisto, la otra es el gasto.