Auditor Superior de la Federación
Por lo menos en los últimos tres años, América Latina muestra retrocesos importantes en los indicadores sociales, a tal grado que pone en riesgo el cumplimiento de los ODS, destacando el tema de Igualdad de Género y Sociedad del Cuidado durante la pandemia, lo que llevó el derecho al cuidado como un principio de igualdad, universalidad y solidaridad social, partiendo de que el Estado debe ser garante del mismo, a través de programas con estándares de calidad, orientados a solventar las demandas de la sociedad y de los diversos sectores, proveyéndolos de los recursos necesarios para ello. Lo cual debe ser una fusión que involucre a toda la sociedad y no solo al gobierno, familias, comunidad y mercado deben participar.
En nuestra región existen sesgos regresivos que afectan desproporcionalmente a las mujeres con ingresos bajos y en situación de pobreza, por ejemplo, en el trabajo no remunerado las mujeres aportan tres cuartas partes. La crisis del Covid-19 profundizó la desigualdad de género en la región, con el incremento de la pobreza y un mayor número de mujeres en los hogares pobres que, con su expulsión de la fuerza de trabajo, derivados de la necesidad de proveer cuidados en el hogar, las condujo a la falta de empleo remunerado.
Asimismo, el financiamiento para el diseño de políticas públicas más eficientes para lograr la igualdad y los derechos de las mujeres es insuficiente, por lo que es necesario implementar más y mejores acciones con perspectiva de género. Sin embargo, el poco margen de recursos, la reducida carga fiscal y la débil recaudación tributaria de los gobiernos locales, constituyen un reto para este nuevo y creciente desafío, que requerirá en el corto plazo de recursos adicionales.
Por ello, las políticas de cuidados afectan de manera distinta a hombres y mujeres, lo que implica la necesidad de un correcto diseño de políticas públicas que contribuyan a reducir las desigualdades de género.
Para ONU Mujeres, el sistema de cuidados infantiles universal, requerirá una inversión adicional del 1.2 por ciento del PIB, con efectos positivos en el incremento del empleo total en 3.9 por ciento, un crecimiento del 1.7 por ciento del PIB y un incremento en la recaudación del 0.3 por ciento.
Hoy la Cámara de Diputados está conformada por 48.2 por ciento de mujeres y 51.8 por ciento de hombres, mientras que en el Senado de la República hay un 50 por ciento de mujeres, sin embargo, en la parte local aún hay mucho que hacer en esta materia, ya que solo hay 9 mujeres gobernantes, incluyendo a la Ciudad de México, y solo el 26 por ciento de las presidencias municipales.
Hay una gran tarea por hacer, ya que de acuerdo con datos de la numeralia de CEPAL, (La Sociedad del Cuidado), las mujeres tienen un menor nivel de ocupación en forma estructural y existe una falta de corresponsabilidad en los hogares, lo que limita su autonomía económica y las hace presas de la violencia, en todos los países y todos los grupos de edad, en la población ocupada, la carga de trabajo de las mujeres es superior a la de los hombres con diferencias que varían de 2.4 a 20.8 horas a la semana, las mujeres dedican entre 6.3 y 29.5 horas más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados, lo que las coloca en desventaja competitiva.
En el sector de la economía del cuidado, se emplean 1 de cada 3 mujeres ocupadas; el trabajo doméstico remunerado es fuente de empleo para entre 11 y 18 millones de personas en América Latina y el Caribe, donde el 93 por ciento son mujeres; además de formar el 72.6 por ciento de las personas ocupadas en el sector salud y el 62 por ciento en el sector educativo, principalmente en áreas donde los salarios son más bajos, es claro y necesario que se debe rediseñar este modelo, de tal forma que se forje un mejor futuro para las nuevas generaciones de jóvenes y niñas.