Queda claro que una modificación en las fórmulas de distribución de participaciones entre los estados y derivado de ellos a sus municipios, que corren la suerte del principal. En el primer cambio, trabajado en 1989, impulsado por 26 entidades federativas, encabezadas por Oaxaca, que introducía incentivos al esfuerzo recaudatorio municipal, particularmente en el predial y los derechos de agua. La nueva fórmula, aprobada por consenso mayoritario en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, y por el Congreso a partir de 1990, vigente íntegramente hasta 2007, benefició a las entidades menos favorecidas -se trató de un cambio igualitario-, empezando por Oaxaca, reduciendo el diferencial per cápita entre las más favorecidas y el resto.
En 2007 cambia y se aprueba desde 2008, sin el consenso mayoritario anterior, provocó que incluso la CDMX presentara una Controversia Constitucional, en la que no se revisó el fondo, sino la forma por parte del ministro Góngora Pimentel. Se crea esta nueva fórmula, que al ponderar por el porcentaje de la población domiciliada, el coeficiente de cada entidad federativa se determina desde entonces por el porcentaje de población domiciliada, quedando grandes perdedores destacando CDMX y grandes ganadores, que ya he mencionado, empezando por la CDMX:
Desde 1997 se dieron nuevas facultades recaudatorias a los estados, con impuestos como el del hospedaje y se llegó a pensar en un impuesto a las ventas finales que no prosperó pues venía en la Ley de Ingresos, hace unos años Zacatecas logró algo con los impuestos ambientales, pero el tema no es cederles más facultades, si no que las que ya son muy pocos los que las usan con plenitud.
Por otra parte, los municipios reciben por lo menos el 20 por ciento de las participaciones que reciben los estados, algunos les dan un poco más; sin embargo, tanto estados, pero más los municipios, no han jugado realmente teniendo muchas posibilidades, primero recaudar los impuestos municipales, destacadamente el predial, pues estamos muy abajo del promedio en la región del ámbito de la OLACEFS, ya que nuestro predial apenas llega al 0.2 por ciento, mientras Argentina, Chile, Brasil, Colombia nos rebasan por mucho. El argumento ha sido que cobrar impuestos tiene “un costo político”, y por eso muchos presidentes municipales argumentan que es mejor pedir al Estado que cobrar, ya he escrito hace mucho cómo munícipes de Guerrero reclamaban que les debían un mes de participaciones hace años, cuando ellos no eran autoridad y al preguntarles por qué hasta ese momento, la razón que dieron es porque el gobernador era de otro partido: Zafirino Torreblanca, que era del PRD.
Por otra parte, hay una concentración de las participaciones en unos cuantos estados, de la recaudación de ingresos propios y de la dependencia fiscal de los recursos de origen federal, de la deuda estatal, de la colaboración administrativa. Lo cual se traduce en una gran dependencia de las finanzas estatales del esfuerzo fiscal federal.
Veamos: Ingresos Propios respecto a Ingresos Totales: CDMX, 43.8 por ciento; Chihuahua, con 26.4; Nuevo León 25.5; Quintana Roo, con 21.6; Querétaro; 19.1. En el otro extremo Guerrero y Oaxaca, con 2.9 y 4.3 por ciento. (Datos de CP estatales 2022).
Participaciones (todos los fondos), las cuales se distribuyen fundamentalmente por la población domiciliada desde 2008, por ello cinco estados concentran el 41 por ciento de las mismas: el EDOMEX, 13.3 por ciento; CDMX, 9.8; Jalisco, 6.6 por ciento; Veracruz, 5.7 por ciento y Nuevo León, 5.2. Derivado del factor poblacional, estados con pocos habitantes como Colima y Baja California Sur solo tienen el 0.7 por ciento. En el otro extremo, Colima, Baja Sur, Tlaxcala, Nayarit, Campeche.
Seguiré sobre esto la próxima semana.