El autor es el Auditor Superior de la Federación
Quería escribir sobre la reforma tributaria, pero antes comentar respecto a dos reformas importantes para la fiscalización superior, la primera es a la Ley de Fiscalización, esto es para prever las auditorías digitales. Al respecto, ya está en la Cámara de Diputados una iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Vigilancia y 17 legisladores más, de todas las fuerzas parlamentarias. Esta reforma fortalecerá, junto con los avances ya presentes en inteligencia financiera, auditoría digital y análisis de grandes bases de datos, que se desarrollan exitosamente en la ASF y se usan en diferentes espacios.
Hace unos días un grupo parlamentario nos pide con razón, utilizar esa herramienta, por lo que seguramente votarán a favor de la iniciativa, esperamos sea aprobada próximamente por el pleno de la Cámara de Diputados, y posteriormente por el Senado de la República. Mientras estamos utilizando la tecnología que ya tenemos para el análisis de datos en grandes volúmenes, que nos permita minimizar el contacto físico entre los auditores y los entes auditados.
La otra reforma es de carácter constitucional, la cual pretende como alguien ha dicho, darle dientes a la Auditoría Superior, esto es que revisemos los hechos auditables en el momento que se dan o antes, como el caso de las compras de medicamentos y equipos para que la población está más protegida de las pandemias.
Hoy estamos por realizar, a través de convenios o protocolos especiales, auditorías preventivas o adelantadas, mientras seguimos con las auditorías programadas para la presentación de la Cuenta Pública 2019. La tecnología nos ayudará a revisar de manera adelantada recursos de lo que será la Cuenta Pública 2020, como las adquisidores de productos sanitarios.
Las reformas que entraron en vigor en 2016, incluyen la posibilidad de auditar, dice la ley en tiempo real, pero sólo cuando se presentan denuncias por el título cuarto. En los términos estrictos pedidos por la ley, en este caso ya ocurrió la falta, no es ex ante, sino ex post, igual que las auditorías que revisan las cuentas públicas posteriores a su presentación. Ahora bien, sobre los alcances del actual marco legal auditor, aunque iniciamos desde mucho antes la solicitud de información, el trabajo de fiscalización con la solicitud de información a los entes auditados, incluidos las entidades federativas y municipios, nos enfrentamos a la realidad del diferimiento de plazos, que instituciones como la Corte o el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, el propio gobierno federal y las entidades federativas y municipales han impuesto, los cuales llevaron a la suspensión de plazos y términos.
En tanto realizamos otras tareas, como el seguimiento de las observaciones de la Cuenta Pública 2018 y anteriores, se ha cumplido con las notificaciones por parte de la Unidad Jurídica y en Gasto Federalizado se ha desarrollado la inteligencia artificial para hacer posible la auditoría digital.
Asimismo, ante la inexistencia del tiempo real, hemos acudido a una figura de auditorías preventivas o adelantadas, mediante convenios; al respecto, el año pasado lo hicimos con la Cámara de Senadores, en la transición de Policía Federal a Guardia Nacional, y ahora con la Secretaría de la Defensa, así como con Pemex y la Secretaría de Energía para Dos Bocas.
La mezcla de tecnología con tiempo real, es muy efectiva si queremos además tener resultados de manera oportuna.
Gracias a la reforma de 2015, hoy tenemos facultades importantes, por ejemplo, ya podemos revisar la deuda pública de estados y municipios, las participaciones; por primera vez ya revisamos a los 32 congresos locales. En la revisión de la cuenta 2019, revisaremos a Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y a Auditorías Superiores locales.