El autor es el Auditor Superior de la Federación
En 1998 se decide, por parte de la Cámara de Diputados, la creación del llamado Ramo 33, esto es las Aportaciones Federales para gastos etiquetados dirigidos a un fin específico, como son los referentes a educación básica, educación tecnológica, salud, seguridad pública, infraestructura social municipal, el fondo de aportaciones múltiples, para asistencia social y obra pública en instituciones de educación básica, superior y educación media. Asimismo el FAFEF y FORTAMUN, recursos para el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y municipales. No olvidemos que se trata de 32 gobiernos subnacionales y 2,445 municipales.
Estos son recursos condicionados, cuya naturaleza federal no se pierde nunca, aunque cuando se crean las aportaciones se pidió a los estados que para fines de sus cuentas públicas se registraran como recursos propios, lo cual no era cierto. Supongo que, por razones políticas, pero ello metió confusiones en los propios estados, donde las autoridades estatales consideraban que iban a duplicar el monto de recursos que podrían gastar libremente los señores gobernadores, claro sin omitir que existían los protocolos de autorización de los congresos locales de los presupuestos correspondientes a cada estado.
Respecto al presupuesto, el gasto ejercido centralmente es del 65 por ciento, y el gasto federalizado 35 por ciento.
Este último está compuesto, en 2018, por las aportaciones y las participaciones son el 80 por ciento; los subsidios como el seguro popular, los convenios de descentralización y reasignación y el Ramo 23, el 20 por ciento restante.
Respecto a los gastos de protección social en salud –el seguro popular acaba de decretarse su desaparición y su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar, que dirigirá Juan Ferrer– están en un proceso de revisión de su normativa, con el propósito de fortalecer sus resultados y la transparencia de su ejercicio.
Ya he comentado en este espacio que el gasto federalizado es revisado principalmente por la ASF, es el caso de las aportaciones y de las participaciones, cuyas facultades son exclusivas de la misma, esto es más de cuatro quintas partes del total de los recursos transferidos. Recordemos que con las reformas de 2015 se potencia la responsabilidad fiscalizadora de la Auditoría Superior, al darle el Congreso federal y los congresos estatales la facultad para auditar las participaciones en la medida que los resultados de la fiscalización local, así lo veía el legislador, eran insuficientes y con pocos resultados, particularmente por la discrecionalidad y opacidad observada en algunas. Prueba de ello, los diversos conflictos estado-municipios por la distribución de las participaciones, al margen de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales se reciben en las tesorerías estatales y se deben dispersar, de acuerdo con fórmulas establecidas por sus congresos, a más a tardar a los cinco días de recibidas, en efectivo y sin condicionalidad.
Hay muchos ejemplos de abusos particularmente en los estados más pobres y con menor desarrollo municipal, que igual han sido motivo de atención pública en el pasado reciente, pero hoy con las facultades que tiene la ASF de revisión, tanto en cumplimiento financiero como en desempeño, los resultados serán mejores.
Para ello, se está mejorando las técnicas de fiscalización, incorporando tecnologías que nos permitan tener un mayor alcance en la fiscalización del gasto federalizado, tal es el caso del Big Data y el buzón de auditoría digital con el uso de la firma electrónica. Al respecto empezaremos a hacer las primeras pruebas en el estado de Querétaro, uno de los mejor evaluados en el primer reporte de las auditorías a CP 2018, junto con Sinaloa y Sonora.