El autor es el Auditor Superior de la Federación
Ayer, teniendo como escenario el Palacio Nacional, tuve la oportunidad de suscribir con el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, funcionario ejemplar, un Convenio Marco de Colaboración entre las instituciones que tenemos a cargo. Este convenio está centrado en tres ejes principales que facilitan el ejercicio del mandato de la Sección V de nuestra Constitución enfocada en la Fiscalización Superior: a) compartir experiencias e información; b) intercambiar programas de capacitación, y c) establecer mecanismos de coordinación y colaboración para generar, ejecutar y dar seguimiento a actividades estratégicas, derivadas de los respectivos mandatos institucionales.
Materializar este tipo de acuerdos en alianzas normativas contribuye seriamente a cumplir nuestros objetivos. Cabe decir que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha identificado importantes beneficios en implementar este tipo de prácticas de cooperación interinstitucional, como parte de la iniciativa denominada Enfoque Integral de Gobierno. En ella se destaca la relevancia de evitar la división de competencias entre ámbitos gubernamentales para, en cambio, impulsar mecanismos de cooperación que abarquen al sector público en su conjunto.
Si bien es un lugar común en las políticas públicas el destacar la relevancia de la coordinación horizontal entre las autoridades y el promover diversas iniciativas en la materia, en la práctica, las dinámicas de las instituciones dificultan que tales esfuerzos tengan un impacto significativo en términos de la generación de cambios positivos ante los ojos de la sociedad. Esto ocurre, por lo general, debido a la ausencia de mecanismos vinculantes (los convenios, memorándums de entendimiento y/o programas de trabajo) que establezcan un punto de partida y una ruta para el desarrollo de proyectos estratégicos, eficiente en sus resultados.
A casi dos décadas de existencia de la Auditoría Superior de la Federación, se contaba con pocos instrumentos de colaboración vigentes con organizaciones del sector público nacional y local, destacando, por ejemplo, el vigente con el SAT.
La SHCP y la ASF coincidimos en la necesidad de hacer uso de todas las herramientas que el Estado de derecho nos brinda para cumplir los fines institucionales. En este sentido, el convenio suscrito facilitará el intercambiar información de carácter concurrente, como lo es la disciplina financiera, la armonización contable, el monitoreo del endeudamiento público, la evaluación del desempeño de los programas públicos, como parte del Presupuesto Basado en Resultados, por mencionar algunas. Adicionalmente ha abierto las ventanas del intercambio de programas de capacitación sobre temáticas pertinentes, como son las mejores prácticas internacionales para la identificación y transparencia del beneficiario final de transacciones económicas vinculadas con posibles casos de corrupción o el combate al crimen transnacional. Como también estamos trabajando en OLACEFS.
El trabajo coordinado de manera directa fortalece también la relación entre la ciudadanía y las autoridades. No es óbice repetir la percepción social de que no se ha logrado disminuir la incidencia de la corrupción y la impunidad, su consecuencia inmediata. Ante ello hay que cumplir las responsabilidades institucionales que permitan o fortalezcan el dar los resultados que los gobernados exigen al Estado. Conscientes de ello y ocupados en esta tarea, el ente fiscalizador federal y el órgano responsable de la administración de la Hacienda Pública Federal, hemos dado paso a suscribir el Convenio Marco de Referencia, para poner las buenas prácticas a disposición común, con el interés de que pronto los resultados den cuenta de su impacto.