El autor es el Auditor Superior de la Federación
La fiscalización debe ser más dinámica, más integral, más preventiva que punitiva, comprensiva de los procesos económicos y de la situación social y política del contexto en el que se desenvuelve. De ahí la importancia de las auditorías de desempeño, que permiten que se privilegien propuestas para hacer más eficiente el gasto público, la política de ingresos y el tema de la deuda pública, en nuestro caso, de los tres órdenes de gobierno. La fiscalización debe ir más allá de los enfoques tradicionales, para proponer –por ejemplo– mejores reglas de operación para el gasto federalizado –una tercera parte del gasto total–, de la obra pública y las contrataciones.
Sabemos del costo de auditorías con debilidades normativas, así como que privilegiar cantidad sobre calidad no son las mejores recetas para lograr lo anterior. De ahí que el fortalecimiento de la auditoría gubernamental dará mejores resultados en el combate a la corrupción y la impunidad en la medida que el presupuesto, donde se están dando cambios importantes, se fortalezca para auditar mejor su desempeño, y en los presupuestos de gasto federalizado su normativa se acerque más a la realidad social y operativa de los estados y municipios.
Hay temas que se deben revisar con cuidado por el lado de los ingresos, como el de los gastos fiscales que ha pedido el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, así como destacar la importancia de profundizar en la fiscalización de los ingresos. En la mayoría de los estados no se auditan los procesos de recaudación y administración tributaria, menos los sacrificios fiscales; sería el caso a nivel local, por ejemplo, de la recaudación del impuesto predial y su destino. Cierto, el potencial recaudatorio de los ingresos locales es débil, pero se debe hacer bien, como lo demuestra en el nivel estatal que algunos vayan bien y la mayoría muy mal.
Por ello, vemos estados que sólo recaudan un promedio del cinco por ciento de sus ingresos totales, algunos menos, que se revisan en el nivel local, sólo gasto federalizado, lo cual invita a la reflexión de la naturaleza de la fiscalización a nivel local.
Respecto a riesgos del gasto público estatal, los ingresos pueden ser una piedrita en el camino para el Sistema Nacional de Fiscalización, el en cual requerimos de auditores especializados no sólo en la contabilidad gubernamental, sino de especialistas en materias como obras públicas y de finanzas públicas, conocer la naturaleza de los impuestos de la administración tributaria y la política presupuestal. Fundamental la Ley de Disciplina Financiera, y hoy además la inteligencia artificial y el big data.
En la ASF se tiene la responsabilidad de revisar, vigilar y proponer cambios en el proceso de planeación, programación y presupuestación del gasto público, así como su ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, con el objetivo de disponer de elementos adicionales de evaluación del desempeño y rendición de cuentas en las entidades federativas.
De ahí la necesidad de que la ASF, dentro de su marco competencial, pueda aportar mejoras para alcanzar los siguientes objetivos: que el PbR-SED sea una política pública generalizada; lograr la institucionalidad de la Gestión por Resultados y el Modelo PbR-SED en el ámbito de la fiscalización, asimismo su uso en los otros poderes.
Por el lado del gasto federalizado condicionado, que abarca las políticas de desarrollo social más importantes: educación, salud, seguridad, infraestructura, asistencia social, infraestructura educativa para educación básica y educación media y superior, se está trabajando en mejorar su normativa de manera integral, ya que su incidencia sobre la reducción de la pobreza ha sido reducida. De ahí la importancia de los nuevos enfoques.