El autor es el auditor superior de la Federación .
En un Estado federal como el nuestro, es común la disputa por la distribución de los recursos fiscales entre los gobiernos subnacionales, en nuestro caso estatales. Desde que se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se han dado dos posiciones divergentes, pero no sin debates y cambios, unos ganan más y otros menos. La clave fue como en 1990, la creación de mecanismos de compensación, con recursos aportados por ambos órdenes de gobierno.
Por un lado, los estados que aspiran a que prevalezcan los criterios igualitarios, que son la mayoría, como se ha demostrado en experiencias del pasado consensadas, cuando no ha existido este procedimiento, las disputas se han prolongado en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
Por otro lado, los estados que tienen mayor desarrollo económico, menores indicadores de pobreza, mayores grados de conectividad, bancarización y vías de comunicación, por lo tanto, desarrollo industrial, quienes han apelado a su capacidad contributiva para pugnar por mejores coeficientes en la distribución del Fondo General de Participaciones. Somos un país federal, y estas diferencias son naturales.
Veamos lo que pasa en España, un país unitario con tendencias separatistas, donde se ha llegado a plantear como salida a sus problemas, virar al modelo federal.
Por ello es que, en México, la disputa por el Presupuesto es normal y claro, si la responsabilidad recaudatoria es del gobierno federal o central, la dependencia de los estados y municipios de las transferencias de recursos federales ha generado haciendas públicas con bajo potencial recaudatorio. Aun así, hay entidades que recaudan más que otras, no sólo por las diferencias de desarrollo, sino también porque en muchos se ha optado por la comodidad fiscal, por lo que vale la pena revisar la naturaleza de los recursos fiscales transferidos, sus destinos y su normatividad; por un lado, las participaciones del Ramo 28, o las aportaciones condicionadas, principalmente las del Ramo 33, que se crea en 1998, al agrupar recursos dispersos del Presupuesto en dicho ramo, que incluye los recursos de salud, educación, seguridad, combate a la pobreza, entre otros, para distribuirlos con reglas de operación de manera condicionada.
Una cosa real es que la capacidad de gasto de los estados ha crecido de manera inversa a sus facultades recaudatorias.
Lo primero fue determinar qué porcentaje de la recaudación participable sería distribuida entre los estados y municipios. El Sistema comenzó con 12.5 por ciento, al principio de manera inercial, quedando algunos estados por encima del promedio de la mayor parte de las entidades federativas. Ese reparto dejó insatisfechos a una parte importante de las entidades federativas que aún consideran que reciben recursos insuficientes para sus necesidades de gasto.
Una cosa importante, ni las participaciones ni las aportaciones han cambiado desde las reformas de 1990 y 2008. Las fórmulas de distribución son prácticamente las mismas. Lo único que las cambiaría sería una caída importante de los ingresos participables, porque incluso algunos fondos de aportaciones están referenciados a ellas.
Cambiarlas implica un proceso largo para lograr consensos, por supuesto en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
Lo que urge revisar son las fórmulas de distribución estados–municipios, donde todas son diferentes, algunas buenas, otras no tanto, pero eso les toca a los congresos estatales. Hay un estudio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre todas ellas.
Por otro lado, aún existe el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, mismo que se está potenciando, que les dará un tiempo para trabajar.
En todos los casos, son recursos fiscalizados por la ASF, así como la deuda estatal y municipal.