Esta semana ante la Comisión Bicamaral se comentó lo referente a la importancia de la Ley de Disciplina Financiera, uno de los pivotes para revisar el comportamiento de las finanzas estatales y municipales. Hace dos años se reformó después de que nació sin ser suficientemente madura; por ejemplo, cuando se refería a las obligaciones de corto plazo de los estados. Clasificaba en la deuda de corto plazo, esto es la que se tiene con proveedores y contratistas, como más solventes a Veracruz y Chihuahua, respecto de la CDMX, cuando es la única entidad federativa que recauda de ingresos propios más de lo que recibe de transferencias, inclusive es la única que cuenta con un fondo de contingencia para emergencias.
Se corrigió y entraron otros cambios, el más importante es que son sujetas al principio de anualidad, por lo que tienen que reintegrar a la TESOFE los recursos federales no ejercidos en los tiempos que marca la ley. Emilio Barriga propone un fondo con todos esos reintegros y que se haga concursable. Debe ser claro que con el reintegro no pierde el gobierno o los gobiernos, sino la gente que necesita de esos recursos.
Era evidente que urgía esta ley, dada la situación presupuestaria de los estados. En los últimos años se dio un crecimiento desmesurado de la deuda estatal, a fines de 2006 la acumulada de estados y municipios era de 160 mil millones de pesos, hoy está en el umbral de los 600 mil millones: pero está concentrada en pocas entidades federativas, sólo cinco registran el 53 por ciento de la deuda de ese orden de gobierno, si se suman cinco más llegamos al ochenta, aproximadamente.
El monto puede ser un dato importante, no nos dice mucho sino lo comparamos con otros indicadores, los clásicos fueron la relación con el PIB, con relación a las participaciones, esto es los recursos de libre disposición, los plazos y las tasas de interés. El tema de los PPS o APPS es interesante porque no se acumula a las obligaciones financieras, igual que los bonos cupón cero, lo que aumentaría los compromisos de algunos estados. Para los proyectos contratados bajo este esquema hoy sólo se consideran la inversión por infraestructura.
En la Cámara de Senadores se trabaja en un proyecto de reformas adicionales a la ley.
Los pagos del servicio de la deuda son muy altos, casi 70 mil millones anuales en el orden subnacional, hay algunos como Veracruz que pagan alrededor de cinco mil millones anuales, lo que multiplicado por seis años es un boquete importantísimo para su hacienda pública, sin desglosar cuánto es de amortización y cuánto de intereses, lo que rebasa los recursos totales de muchos estados pequeños.
Por otra parte, es necesario mencionar que hoy que se ha ampliado el universo auditable, la tecnología nos permite auditar con mayor eficiencia y certidumbre y la Ley de Disciplina Financiera es un instrumento relevante.
Hay muchas preocupaciones hoy en estados y municipios, en relación al tema fiscal; sin embargo, también es cierto que no recaudan lo que pueden y deben, prefieren esperar mayores participaciones y ya la deuda no es opción. Hoy el esfuerzo debe ser compartido, por ejemplo, con los ingresos propios que algunos estados han potenciado, la mayoría apenas llega al cinco por ciento de sus ingresos totales.
Su mayor desperdicio es el impuesto a la tenencia, que por razones político-electorales la mitad la eliminó; sin embargo, para la otra mitad significa un ingreso importante, así como para sus municipios.
Por lo anterior la seguridad presupuestaria de los estados es incierta, por ello el año pasado algunos de ellos tuvieron que recibir anticipos de participaciones para cerrar su ejercicio fiscal, pero son recursos que tienen que amortizarse en el mismo ejercicio fiscal, claro con un costo financiero establecido en la ley, como comenté en mi colaboración anterior.