Tecnología digital vs. Corrupción
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Tecnología digital vs. Corrupción

24/05/2019

La evolución tecnológica ha impactado la vida de las sociedades modernas y hoy debe estar presente en la fiscalización superior.

Cuando existen procesos masivos, la tecnología permite fiscalizar con mayor precisión y oportunidad los desvíos en el ejercicio de los recursos públicos, facilita el acceso a grandes bases de datos y su uso prácticamente en tiempo real.

Esta semana, la ASF participó en un evento sobre la rendición de cuentas para el desarrollo, con el tema del uso de las innovaciones tecnológicas en la lucha contra la corrupción; y la Organización Internacional de Auditorías Superiores señaló que en su próxima reunión discutirá el uso de nuevas tecnologías de la información en el sector público.

De esta manera, para las EFS la realización de auditorías de “Big Data” se ha convertido en una necesidad en respuesta a la era digital. En diciembre de 2015, cuando el Comité de Intercambio de Conocimientos de la INTOSAI (KSC, por sus siglas en inglés) realizó una encuesta entre sus miembros sobre posibles temas de investigación, 21 países presentaron 60 proyectos y el tema “Big Data” recibió la mayor atención. En su primera reunión celebrada en Nanjing, en abril de 2017, 49 participantes de 18 EFS compartieron sus experiencias y conocimientos sobre las oportunidades y los desafíos en este sentido. Si bien las EFS se enfrentan a diferentes contextos internos y externos, así como a diversos niveles de implementación del “Big Data”, su uso está desempeñando un papel muy diverso, pero importante, en la mejora de la eficiencia y la eficacia de las auditorías y en el fortalecimiento del desempeño de las entidades de fiscalización.

Conscientes de lo anterior, en la ASF se han comenzado a desarrollar el uso de las nuevas tecnologías para lograr un mejor impacto en la fiscalización. El reto es mayúsculo, tomando en cuenta que, en México, se estima que las dependencias federales procesan miles de transacciones cada año, en promedio: 200 mil contratos de adquisiciones; 220 millones de facturas de proveedores para organismos gubernamentales; tres mil millones de facturas provenientes de proveedores subcontratados, y 400 millones de pagos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin considerar las de los gobiernos locales y estatales, las universidades públicas y los organismos autónomos.

La ASF está integrando diversas fuentes de información relevantes a un repositorio común, llamado “Big Data de la ASF”, el cual le permitirá el análisis de grandes cantidades de datos durante la planeación y ejecución de las auditorías.

En este sentido, la ASF ha firmado acuerdos para el intercambio de información con la Secretaría de Hacienda para compartir sus bases de datos.

Con este cruce de datos, podemos detectar: proveedores con transacciones no existentes (identificadas y autorizadas por el SAT) y contratos existentes con un organismo gubernamental, proveedores que participan en las compras cuando han sido descalificados previamente por alguna irregularidad, proveedores que utilizan empresas fantasma para fines de facturación.

También se identifican redes para detectar si las empresas fantasma se relacionan únicamente con un gobierno estatal o con varios.

La ASF se ha planteado como uno de sus objetivos el convertirnos en una instancia más cercana a la ciudadanía. A partir de la transformación digital establecemos nuevos puentes y nuevos canales de comunicación con las personas.

Por otra parte, ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se celebró con un seminario –corrupción y lavado de dinero– el uso de inteligencia financiera por parte de la SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se creó en 2004, el mismo año de la Convención Nacional Hacendaria, con el fin de combatir el lavado de dinero y la lucha contra la corrupción.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.