En los últimos meses las petroleras de origen italiano y malasio, respectivamente: Eni y Petronas –esta última por medio de su subsidiaria PC Carigali– recibieron la aprobación de sus planes de extracción de crudo en México.
Un ganador indirecto de esta noticia es Baker Hughes General Electric (BHGE), que recién confirmó que obtuvo contratos con ambas petroleras para el desarrollo de los proyectos que tienen en México en aguas profundas.
"En México, ENI le otorgó a BHGE un contrato de proveedor único por varios años para el levantamiento artificial en aguas profundas. También nos adjudicamos un contrato con Petronas para servicios de perforación en aguas profundas en México", aseguró Lorenzo Simonelli, presidente y CEO Baker Hughes, en conferencia de prensa con analistas.
Simonelli detalló que ambas victorias demuestran la fortaleza de la oferta que tiene la compañía Baker Hughes en ese mercado y las profundas relaciones que ostentan con los clientes a nivel mundial.
Baker Hughes es una empresa internacional de servicios industriales y una de las compañías de servicios de campos petroleros más grandes del mundo.
La compañía pertenece en un 50.4 por ciento a General Electric Company y el 49.6 por ciento de sus acciones cotizan en la bolsa.
Parece que las oportunidades para estas empresas siguen muy vigentes en el país.
Van por norma de subcontratación
Nos cuentan que la organización TallentiaMX, que dirige Elías Micha, anda muy activa para impulsar la elaboración de una norma oficial de subcontratación, que permita identificar y certificar a las empresas que cumplen sus obligaciones en México.
Cabe recordar que el análisis y elaboración de propuestas para regular adecuadamente la subcontratación lleva varios años. Aseguran que desde 2012 a la fecha se han presentado 26 iniciativas de ley relativas al outsourcing o subcontratación, de las cuales 19 fueron propuestas para modificar algún elemento esencial de la actividad y seis tocan indirectamente la regulación.
Tallentiamx, asociación dedicada a impulsar la administración responsable y profesional del talento humano, afirma que el debate actual –en manos del Poder Legislativo y de los expertos en materia laboral– se centra en regular la actividad para que las empresas que abusan de esta figura, es decir, que practican el outsourcing agresivo, sean obligadas a respetar los derechos laborales de los trabajadores y a pagar los impuestos correspondientes como las empresas que hacen de la tercerización un factor de desarrollo positivo.
Ojalá que sí logren avanzar, por el bien de los trabajadores.
Denuncian conflicto de interés
La industria de medicamentos se encuentra molesta y denuncia que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que encabeza José Alonso Novelo Baeza, no sólo se ha destacado por su falta de atención en temas regulatorios, sino que ahora presenta conflictos de interés.
Fuentes de la industria denunciaron que la asesora del Comisionado Federal, Elvira Espinosa Gutiérrez, responsable de todos los temas relacionados con la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) y la Comisión de Autorización Sanitaria (CAS) ha beneficiado a la empresa de servicios analíticos y farmacéuticos, Qually Corporación.
Aseguran que en la nómina de Cofepris figuran quienes hasta hace pocos meses colaboran en Qually Corporación, como Graciela Aguilar Gil Samaniego, directora de Registros de la CAS, quien era representante legal de la empresa y Norma Lucía Domínguez Yerena, subdirectora de CAS, quien también era trabajadora de esa compañía.