Diputada Federal por la LXIV Legislatura
Atender y remontar la marginación histórica de los pueblos indígenas es una de las metas centrales de la transformación profunda que está teniendo lugar en nuestro país.
Las políticas del Gobierno de México dan prioridad a los más pobres, y entre ellos, a los pueblos originarios que han sufrido marginación y desprecio a lo largo de la historia.
El Plan de Justicia del Pueblo Yaqui recoge las demandas históricas y las aspiraciones de un pueblo y se desarrollará bajo los ejes de tierra y territorio, agua y desarrollo integral.
El plan marca el inicio de una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, a partir del reconocimiento pleno de sus derechos y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, que establece el compromiso de respeto a los pueblos originarios, sus usos y costumbres, su derecho a la autodeterminación y la preservación de sus territorios.
El plan no es una imposición desde arriba, pues fue construido con paciencia y tesón por las comunidades y sus dirigentes, así como por autoridades sensibles a las demandas que durante décadas han enarbolado.
Se trata, como ha dicho Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, “de una construcción colectiva”, del resultado de un diálogo horizontal en el que se expresa el profundo respeto a la autonomía y a la añeja resistencia de un pueblo acosado y discriminado permanentemente.
Resultado, en primer lugar, de la decisión de los pueblos, se origina en el decreto de agosto de 2020, mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, una instancia que reúne los esfuerzos de diversas dependencias bajo la coordinación del INPI.
El plan incluye la creación del Distrito de Riego 018 –cuya aprobación fue resultado de un intenso diálogo entre autoridades y representantes de los pueblos– que implicará el cultivo de 61 mil hectáreas y dotará a los yaquis de 673 millones de metros cúbicos de agua al año. Las obras necesarias estarán concluidas a finales de 2023.
El distrito de riego será administrado por un organismo indígena comunitario, en un hecho inédito en nuestra historia, que busca restablecer el territorio y el agua de la nación yaqui, como lo establecieron decretos del presidente Lázaro Cárdenas del Río. De este modo se garantizará su derecho al agua, “tanto para el consumo humano como para el riego de sus campos de cultivo y la recuperación progresiva del caudal ecológico del Río Yaqui”.
La petición de perdón a los pueblos originarios es el reconocimiento de siglos de actos de despojo, abusos y racismo, y coincide, no casualmente, con nuestros 200 años como nación independiente.
Las acciones que beneficiarán al pueblo yaqui son parte de una visión integral que incluye, entre otras, garantizar la paz y la seguridad, así como la creación de una universidad que albergará un centro de investigación sobre las lenguas, así como programas para fortalecer la cultura y tradiciones de las comunidades de Sonora.
El plan del pueblo yaqui forma parte de una tarea de mayor envergadura: llevar a la Constitución los derechos colectivos de los pueblos originarios, y reconocerlos como sujetos de derecho público para que hagan valer su autonomía y libre determinación.
Más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas y afromexicanos han participado en un intenso ejercicio democrático para dar forma a una iniciativa que busca la modificación de 15 artículos constitucionales.
Tal propuesta, que será presentada al jefe del Ejecutivo, se inspira en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en el plan que comentamos y otros instrumentos que constituyen una reivindicación de las luchas históricas de los 68 pueblos indígenas y del afromexicano.
Como ha dicho el presidente: “por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes, los olvidados, en especial los pueblos indígenas”.