Diputada Federal por la LXIV Legislatura
Los gobiernos neoliberales impusieron una política salarial restrictiva que, entre muchas otras consecuencias, ocasionó que entre 2003 y 2018 la remuneración promedio de los puestos de trabajo aumentara solamente 5.0 por ciento en promedio anual. En el caso de los trabajadores afiliados al IMSS, el poder de compra de su salario aumentó sólo 0.6 por ciento en promedio anual.
El salario mínimo y los contractuales abarcan a los trabajadores que tienen una relación formal con sus empleadores, es decir, los llamados trabajadores asalariados, que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo son aproximadamente el 64 por ciento del total de la población ocupada.
Hasta 2017 el salario mínimo no sólo se utilizaba para determinar el ingreso mínimo de los trabajadores, sino como referencia para establecer el monto de algunos servicios públicos. Por ello se decía que tenía impacto en la inflación.
En ese tiempo se decidió ya no utilizarlo como referencia y fue sustituido por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se fija anualmente de acuerdo con la inflación.
A partir de 2018 los incrementos al salario mínimo han superado los dos dígitos. El más reciente incremento es, así, el más alto en los últimos 34 años. A partir del primer día de 2022, el salario mínimo aumentará de 141.60 pesos a 172.87, lo que significa un incremento de 22 por ciento. En la frontera norte el salario quedará en 260.34 pesos. Los beneficiarios directos serán 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores.
Mientras en la administración anterior el incremento promedio fue de 6.5 por ciento, durante los primeros cuatro años de este gobierno el aumento ha sido de 18.3 por ciento, casi tres veces mayor, sin que haya ninguna evidencia de que haya impactado negativamente a la inflación, lo que ha sido reconocido incluso por el sector empresarial, que ha apoyado los incrementos propuestos por el gobierno.
La nueva política salarial ha permitido incrementar el poder adquisitivo del salario mínimo de 0.81 canastas básicas en 2018 a 1.15 en 2021 y a 1.31 en 2022 si se estima un aumento de 7.0 por ciento en el costo de la canasta básica. Con ello el poder adquisitivo ha crecido 61.9 por ciento durante la actual administración.
A pesar de estos importantes incrementos aún es insuficiente para cumplir con el mandato constitucional, que establece que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y sus dependientes.
La nueva política salarial no sólo ha beneficiado a los trabajadores de salario mínimo, sino a todos los trabajadores asegurados ante el IMSS, cuyo salario ha incrementado 8.4 por ciento su poder de compra, al pasar de 3.23 a 3.50 canastas básicas entre 2018 y 2021.
Con el incremento reciente, nuestro país asciende 13 posiciones en el comparativo salarial del mundo, con respecto a 2010, colocándose en el lugar 67 entre 135 naciones.
El sector empresarial ha acompañado la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo (la recuperación, en lo que va de la administración del presidente López Obrador es de 73 por ciento) porque significa también dinamizar el mercado interno.
Desde el flanco opositor se busca desestimar este importante avance y se olvida que durante largos años nos vendieron que ocurriría un desastre si se otorgaban aumentos significativos. Una predicción más en la que fallaron.