Dolores Padierna

Revocación de mandato: más y mejor democracia

El ejercicio de revocación de mandato es ya una inmejorable base para fortalecer, ampliar y dar mayor contenido y alcance al marco jurídico para fórmulas como el plebiscito y el referéndum.

Diputada Federal por la LXIV Legislatura

Con un tercio de las casillas respecto de otros ejercicios de votación, en vísperas de un periodo vacacional, con municipios donde prácticamente no hubo urnas y con la escasa difusión –campaña en contra incluida– que decidió el Instituto Nacional Electoral, más de 16 millones y medio de ciudadanos participaron en la consulta popular de revocación de mandato.

Casi 92 por ciento se manifestó por la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La oposición decidió hacer el vacío a la consulta popular. Lo hizo en congruencia con su historia, pues desde que los mecanismos de democracia directa comenzaron a incorporarse a nuestra legislación, el PRI y el PAN buscaron siempre obstaculizar o de plano impedir la participación de la ciudadanía en asuntos de interés público (así se explica, por ejemplo, la negativa a llevar a consulta la reforma energética de Enrique Peña Nieto).

En su afán de desacreditar el proceso de consulta popular, la opinocracia y los líderes partidistas recurrieron a fórmulas retóricas ridículas, como decir que se trataba sólo de un “capricho” presidencial, pese a que se trata de un proceso regulado por la Constitución y validado por todos los poderes del Estado.

“La abstención es debilidad”, resumió el periodista Jorge Ramos, de Univision, cuyas opiniones han sido celebradas frecuentemente por los opositores.

Y sí, la oposición decidió promover la abstención sencillamente porque, contra todos sus discursos, sabía que no cuenta con la fuerza electoral para conseguir un triunfo.

Los resultados han dado lugar a todo tipo de piruetas aritméticas y disparatadas conclusiones que hablan de “debacle”, de “derrota”, a partir de la forzada comparación con los números de comicios anteriores. “Quince millones de votos menos”, dijo, por ejemplo, un líder de lo que queda del PRD, aunque sepa, como sabe cualquier persona que da seguimiento a estos procesos, que no estamos frente a ejercicios electorales comparables.

En medio de todo ese ruido, de la disputa de narrativas, los analistas más serios consideran que los votos obtenidos por el presidente López Obrador en el ejercicio revocatorio son el punto de partida, el piso electoral de la 4T.

La 4T ha movilizado más de 15 millones de votantes. Para ellos, para los electores, la oposición no tiene otra cosa sino insultos. Algún comediante, que sobran de aquel lado, llegó a sugerir, en el colmo del absurdo, que los ciudadanos que fuimos a las urnas ni siquiera merecemos ser considerados mexicanos.

La oposición no participó porque no tenía ninguna posibilidad de ganar. Los argumentos esgrimidos para promover el abstencionismo, no fueron sino pretextos que se añaden a su problema mayor: la carencia de un proyecto de país, de rumbo, y de figuras respetadas que puedan ofrecer un horizonte competitivo.

El ejercicio de un derecho constitucional fue boicoteado por la autoridad responsable de llevarlo a cabo y rechazado por una oposición empeñada en hacer del odio su principal arma narrativa, pero abrazado por millones de ciudadanos que entendieron que se trataba de sentar un precedente histórico: la posibilidad, en el futuro, de sacar del poder, constitucionalmente, a los malos gobernantes.

La revocación de mandato fue, en tal sentido, la victoria de millones de ciudadanos que ahora saben que su voto es determinante en la democracia.

La creciente demanda de participación ciudadana en los asuntos públicos es una respuesta puntual a la crisis de los partidos y de la democracia representativa.

El ejercicio de revocación de mandato es ya una inmejorable base para, hacia adelante, fortalecer, ampliar y dar mayor contenido y alcance al marco jurídico que sostiene fórmulas como el plebiscito, el referéndum, la consulta, la iniciativa popular, la revocación de mandato, la auditoría social y el presupuesto participativo.

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