Diputada Federal por la LXIV Legislatura
La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca mejorar la calidad de nuestra democracia y, al mismo tiempo, reducir los gastos en elecciones para que los recursos ahorrados se destinen a atender a quienes más lo necesitan.
Esta iniciativa, que la oposición ha rechazado a priori, busca garantizar la representatividad, la pluralidad y el respeto a la voluntad popular.
Luego de casi cuatro años, la oposición ha sido incapaz de construir un proyecto para el país y su actuación se limita, las más de las veces, a rechazar los programas y propuestas de la Cuarta Transformación, sin importar su contenido ni los beneficios que ofrecen a la ciudadanía.
En su rechazo anticipado a la propuesta, por ejemplo, los líderes opositores han rechazado la reducción de los recursos que reciben los partidos políticos y se han erigido defensores del dispendio de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral.
Les preocupa, al parecer, que la propuesta plantee eliminar el dispendio en aparatos burocráticos electorales y reducir el presupuesto a los partidos políticos, que sólo recibirían financiamiento público en tiempos de elecciones.
La reducción del financiamiento público ordinario a los partidos, es decir, los recursos que se entregan cada año para los gastos de operación de las fuerzas políticas, haya elecciones o no, ha sido rechazada por la oposición. En la propuesta, se plantea que, en años no electorales, los gastos de los partidos sean cubiertos por sus militantes y simpatizantes, mediante aportaciones vigiladas por la autoridad electoral. Esta propuesta recoge el rechazo popular a que los partidos reciban 11 mil millones de pesos anuales para el sostenimiento de sus aparatos burocráticos.
La reforma electoral ensancha los caminos de nuestra democracia. Propone remplazar al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como la elección, por voto popular, de los consejeros y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Garantizar la imparcialidad, neutralidad y objetividad del árbitro electoral es condición indispensable para una democracia saludable.
La reforma electoral plantea la disminución del número de integrantes de los cabildos y de diputados en los congresos locales. Igualmente, pasar de 500 a 300 integrantes en la Cámara de Diputados y de 128 a 96 en la de senadores del Congreso de la Unión.
Estamos, en rigor, frente a una propuesta de reforma política, pues su contenido incide no sólo en las reglas electorales, sino también en la integración del Congreso de la Unión y en la conformación de los órganos representativos en el tercer orden de gobierno en el país (cabildos).
Con esta propuesta, la elección de legisladores federales se haría exclusivamente a través de un sistema de representación proporcional, mediante listas votadas en cada una de las entidades federativas. Así, desaparecerían los distritos electorales uninominales, con lo que cambiaría sustancialmente la forma en la que los partidos políticos definen sus candidaturas y la dinámica de las campañas electorales. Los partidos y los independientes presentarían listas de candidatas y candidatos por entidad federativa, y los aspirantes tendrían que hacer campaña en toda la entidad.
La participación política de las mexicanas y los mexicanos que viven fuera del país, la mayor parte de ellos migrantes en Estados Unidos, ha sido largamente pospuesta. Los intentos por promoverla han sido muy costosos y han resultado fallidos. Es hora de hacer realidad el voto desde el exterior y eso es lo que propone la reforma electoral.
En el camino para mejorar nuestra democracia, la reforma electoral propone el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación y la información, con lo que se abriría la posibilidad de establecer el voto electrónico en la ley.
La oposición ha amenazado con negarse a cualquier reforma que sea propuesta por el gobierno de la transformación. Hasta hace unos meses, algunos de sus voceros insistían en la necesidad de una reforma electoral. Ahora, por un cálculo politiquero, se niegan a discutir siquiera. Exhiben así su verdadera naturaleza y dejan claro, una vez más, que no son demócratas.