“No se debió entregar la concesión”. El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante respecto de la concesión de la mina El Pinabete, otorgada por Vicente Fox, en el comienzo de una etapa que el actual mandatario llamó de “derroche de concesiones mineras”. En efecto, durante los pasados tres sexenios se otorgaron concesiones por montones, de manera que llegamos a un tercio del territorio entregado a la minería.
A dos semanas del evitable accidente, conviene recordar que las condiciones en que trabajaban los mineros, expuestas por el trágico suceso, están lejos de ser la excepción, pues en ese sector, y más todavía en la explotación del carbón, son comunes las condiciones deplorables, la falta de equipos y medidas de prevención. Para los concesionarios, muchos de ellos vinculados al poder político, la vida y la salud de los trabajadores mineros están siempre después de sus ganancias.
Es cierto que estamos frente a una actividad peligrosa, pero también que los riesgos pueden ser minimizados si se aplican buenas prácticas en materia de seguridad y se cumple la regulación más avanzada.
El presidente López Obrador destacó que su gobierno no ha entregado una sola concesión y se refirió a la necesidad de que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades.
Por lo pronto, el infortunio da lugar a múltiples y variados cuestionamientos, de los cuales destacaré uno que me parece relevante en la perspectiva de menor desigualdad y mayor sostenibilidad en el país.
¿Por qué México sigue produciendo carbón si es el combustible que más gases de efecto invernadero produce y su acumulación en la atmósfera está llevando al planeta al borde del colapso climático? ¿Por qué si la tecnología existe, es barata y accesible, el carbón no ha sido remplazado por fuentes de energía de baja emisión de contaminantes?
El argumento de que México apenas si lo utiliza (3.1 por ciento del consumo nacional) y que el esfuerzo debe recaer en China, India y Estados Unidos, por ser los principales consumidores, cae bajo su propio peso. Parecería más válida la tesis de la confiabilidad eléctrica en el norte del país. Acepto que el carbón aporta diversificación, firmeza y precios bajos en la generación de electricidad, pero no es la única opción disponible en esa zona y bien podría ser remplazado por fuentes menos contaminantes.
También se suele justificar la minería del carbón por los empleos y la actividad económica que genera. Sin embargo, la pobreza y marginación no se combaten permitiendo y hasta promoviendo empleos de alto riesgo, mal remunerados y sin acompañamiento de prestaciones sociales, ofrecidos por explotadores neocoloniales o gerentes de minas operadas en la clandestinidad.
Tales empleos no contribuyen en nada a una vida digna, ni a combatir la desigualdad lacerante en el país, ni a la sostenibilidad del desarrollo. Lo único que consiguen es reproducir, de padres a hijos, la disponibilidad de mano de obra barata y explotada que enriquece a magnates y políticos a su servicio.
Se precisa de un plan nacional de reconversión económica de las regiones afectadas por el cierre definitivo de las minas de carbón. Es una decisión ineludible. Entre más rápido se adopte esa medida más vidas se salvarán, y el país avanzará en el cumplimiento de la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a la que se comprometió en el Acuerdo de París.
El aprovechamiento comunitario de la energía eólica y solar apoyado con financiamiento público, propuesto por la 4T, podría ser una alternativa al extractivismo de un recurso natural dañino que dejó de ser útil para el desarrollo.