Diputada Federal por la LXIV Legislatura
Desde que los gobiernos neoliberales tomaron la decisión de propiciar una escalada de violencia entre mexicanos bajo el pretexto de combatir a la delincuencia organizada y con el objetivo de legitimar los fraudes electorales, numerosos sectores del país quedaron supeditados a subsistir en entornos criminales.
Del supuesto combate al narcotráfico se desprendieron otras violencias y delincuencias. Extorsiones, despojos, desplazamientos, feminicidios, trata de personas, etcétera. Hasta el año 2018 el pueblo se alejó del concepto de “guerra” y comenzó la construcción de paz, de vías distintas para encarar un escenario de desastre.
Una de las características del gobierno actual, una de las más importantes, radica en adecuar la acción política en función del sentir del pueblo. Las encuestas tienen un valor de uso y, en el caso de la seguridad pública, obviar el sentir de la ciudadanía sería dar pasos en la dirección opuesta a la paz.
Pongamos como ejemplo la medición de Parametría. A la pregunta: “¿A quién prefiere cuidando las calles, a la policía o a la Guardia Nacional?”, un 71 por ciento de los encuestados prefiere a la Guardia Nacional.
También, esta semana la casa encuestadora De las Heras Demotecnia publicó una infografía con los resultados de una encuesta telefónica respecto del sentimiento que produce en la muestra que las Fuerzas Armadas patrullen las calles. Un 61 por ciento se siente mejor con los militares en las calles.
Solventar los retos de seguridad que nos plantea una circunstancia como la nacional requiere un abordaje sin adjetivos ni sesgos partidistas. Este tiempo nos impele a ir a profundidad en las causas, sí, pero también en todos los actores involucrados. Existe un nudo complejo, con muchas aristas, con múltiples manifestaciones. Es preciso insistir en que la ruta para recuperar la tranquilidad de la mayoría de los mexicanos, fundamentalmente de los más pobres, debe responder a una valoración estratégica elemental para la acción política: escoger el terreno donde la lucha es favorable.
Y la zona favorable para el país, hoy, se llama Fuerzas Armadas. Esa es nuestra condición objetiva. Es decir, el despliegue militar con un marco legal acorde a las vicisitudes que la transformación heredó de la denominada guerra contra el narcotráfico es un paso más en la ruta de la anhelada paz social. Modificar la normativa para que la calma y seguridad ganen terreno en México significa dignificar y fortalecer un valuarte. A ello, no debemos renunciar.
Transformar, así de amplio, implica cambiar todo lo que no sirve, todo lo que daña el desarrollo armónico de las sociedades, como la corrupción de los cuerpos policiacos, no porque los policías sean naturalmente corruptos e incapaces, sino porque como muchas otras cosas en este país se abandonaron, generaron dependencia y estábamos en una ruta para entregar la seguridad a manos extranjeras.
Finalmente, colocar en el centro de la discusión a las Fuerzas Armadas y no la seguridad del pueblo es un falso debate, un intento más por desestabilizar el proceso que vive hoy México, un camino hacia la justicia, la igualdad y la felicidad. No perdamos de vista las palabras del presidente y construyamos la paz: “¿Qué quieren? ¿Un Ejército desprestigiado, para que entonces sí vengan las agencias del extranjero y sean ellas las que se hagan cargo hasta de la defensa interior o de la defensa nacional, como en otros países? No”.