Dolores Padierna

El rescate de un servicio público

Se trata de invertir para nacionalizar y, sobre todo, para garantizar a la población un servicio del que depende la vida cotidiana.

Diputada Federal por la LXIV Legislatura

Hace un año, las plantas del consorcio español Iberdrola eran el último grito de la moda, instalaciones fabulosas que contrastaban con los “adefesios contaminadores” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hoy, tras la operación de venta de 13 de sus plantas, equivalentes a 80 por ciento de su capacidad instalada en México, resulta que son fierros viejos.

¿Cómo ocurrió ese milagro?

No hace mucho, en efecto, los cabilderos de la industria eléctrica (disfrazados convenientemente de expertos) y los opinadores de la derecha usaban al consorcio Iberdrola como ejemplo de buenas prácticas y afirmaban, con más irresponsabilidad que datos duros, que indemnizar a las empresas en caso de un litigio podría costar hasta 70 mil millones de dólares.

Como se ha anunciado, el costo de la transacción rondará los de 6 mil millones de dólares, aunque la cifra final dependerá de ajustes que vendrán con el tiempo. Lo anterior significa que se pagarán 705 mil dólares por cada megavatio de potencia, cifra que los “expertos” —muchos de ellos, en realidad, empleados de Iberdrola y otras empresas— calificaron como excesiva. Fue ahí donde argumentaron que el gobierno estaba comprando chatarra (lo que tiempo atrás ellos mismos consideraban plantas muy modernas y eficaces).

Con excepción de una, las plantas de Iberdrola son de ciclo combinado (la otra es de energía eólica). Según la Agencia Internacional de Energía Renovable, el costo de cada megavatio de capacidad de las plantas de ciclo combinado ronda los 950 mil dólares.

¿La operación del gobierno de México pagará plantas usadas como si fueran nuevas? No, por la eólica el precio fijado ronda 50 por ciento y 70 por ciento en el caso de las de ciclo combinado.

Conviene destacar que la compra no tendrá impacto en la deuda pública presupuestal y que no hubiera sido posible sin la fortaleza actual de las finanzas públicas.

Con ese acuerdo la participación de CFE en la generación eléctrica pasará de 39 a 55 por ciento en promedio nacional, pero con importantes diferencias regionales: la presencia de la empresa pública en la región eléctrica noreste pasará de un 7.0 por ciento presencial a 45 por ciento; en la región noroeste se elevará de 52 a 92 por ciento y en la norte de 20 a 32 por ciento.

Además de los contratos de producción independiente firmados con CFE, los clientes de Iberdrola son decenas de empresas altamente consumidoras de electricidad que volverán a la cartera de la empresa pública. Las reformas neoliberales le permitieron a la empresa española sustraer los mejores clientes del servicio público, dejándole al Estado los usuarios más pequeños y costosos de atender. Hoy se revierte ese despropósito.

La compra de ese parque de centrales eléctricas es una operación visionaria. El desarrollo del país exige un suministro suficiente, continuo y confiable de electricidad, sin el cual no hay ni modernización ni futuro.

Crecen las necesidades de electricidad en el país, no sólo por el aumento de la población, la actividad económica y mejores niveles de vida de las familias, sino también por el nearshoring, el arribo de numerosas empresas globales que buscan optimizar sus cadenas de suministro produciendo a bajo costo cerca de los Estados Unidos, el mayor centro consumidor del mundo.

La compra de los activos de Iberdrola tiene una significación histórica, pues equivale a una renacionalización, no de toda la industria eléctrica, pero sí de una porción significativa que fue adquirida por extranjeros en forma inconstitucional, en el ambiente de corrupción y entreguismo que caracterizó al periodo neoliberal. Se ha dado un gran paso en la recuperación de la soberanía energética.

Se trata de invertir para nacionalizar y, sobre todo, para garantizar a la población un servicio del que depende la vida cotidiana. Se trata de enderezar el rumbo y poner fin a un modelo que, según la Auditoría Superior de la Federación (en la revisión de la Cuenta Pública correspondiente a 2004), nos conducía a la “extinción del parque de centrales de la CFE” y constituía un atentado al servicio público.

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