¡Viva la educación pública! Con esta frase, que encierra un gran contenido, concluyó su comparecencia ante el Congreso de la Unión, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, en el contexto de la glosa del Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La defensa y fortalecimiento de la escuela pública son ejes fundamentales de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), un modelo surgido de la reforma constitucional de 2019, que se propone garantizar el derecho a la educación, impulsar la equidad, la excelencia y la mejora continua. Con ello se busca dar paso a transformaciones sociales dentro de las escuelas y las comunidades.
En su exposición ante el Poder Legislativo, la titular de la SEP ofreció un panorama, con cifras corroborables, que pone de relieve el lugar prioritario que el gobierno de la transformación ha dado al sector educativo, así como el compromiso profundo de las maestras y maestros en contextos tan difíciles como la pandemia.
En ese tenor, informó que se recuperó al 100 por ciento la matrícula escolar, pues más de 34 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior están actualmente en las aulas, atendidos por más de dos millones de docentes. En este rubro destaca la matrícula de educación superior que por primera vez en la historia alcanza cinco millones 193 mil jóvenes en las aulas, en su mayoría mujeres.
Igualmente, reconoció que el abandono escolar sigue siendo un problema, pues alcanza 6.0 por ciento de los escolares, aunque debe decirse que pese a la pandemia estamos por encima de los índices de abandono registrados durante gobiernos anteriores (9.0 por ciento en los gobiernos del PAN y 8.4 por ciento en el mandato de Enrique Peña Nieto).
Atendiendo la obligación constitucional y legal de impulsar la equidad, se ha puesto especial énfasis en sectores que, como las Telesecundarias y Telebachilleratos, se encontraban en un abandono casi absoluto. Así, se ha instalado la tecnología necesaria en 70 por ciento de los 23 mil planteles, lo que beneficia a 1.5 millones de estudiantes.
En la misma línea de garantizar el derecho humano a la educación, lo que incluye en primer lugar a las niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, durante 2023 se incrementó en 151 por ciento el presupuesto para la atención de estudiantes con discapacidad.
Hacer efectiva la justicia social en la educación se ha materializado en la estrategia nacional para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas, que rescata y promueve las 68 lenguas indígenas que componen el mosaico nacional. En este rubro se elaboraron los nuevos libros de texto en 20 lenguas indígenas y 183 programas audiovisuales.
La NEM parte del reconocimiento de maestras y maestros como profesionales de la educación con efectiva autonomía para abordar contenidos de planes y programas de estudio, así como la didáctica de acuerdo con sus saberes y condiciones materiales. Tal reconocimiento se ha expresado también en avances sustantivos en materia de derechos laborales, como la basificación de 940 mil trabajadores de la educación e incrementos salariales sostenidos.
Han sido entregados 151 millones de ejemplares de los Libros de Texto Gratuitos, como parte de un programa que fortalece la justicia social en materia educativa, y que contribuye a moderar las desigualdades que afectan a la niñez y la juventud.
A estos relevantes instrumentos pedagógicos se suman el programa La Escuela es Nuestra, que ha permitido que 134 mil planteles mejoren su infraestructura; las becas Benito Juárez, que benefician a más de 12 millones de estudiantes; las casi 200 Universidades para el Bienestar y el programa de Internet para Todos suscrito con la CFE, entre muchas otras acciones que nos llevan a sostener que en estos años se ha fortalecido la educación pública, por mandato constitucional y con la convicción de que es el centro de la transformación democrática del país.
La autora es directora general de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional de la SEP