La autora es Diputada Federal
La historia electoral de México ha estado marcada por el fraude. En todo el mundo, y particularmente en América Latina, durante décadas se usó la expresión de "elecciones a la mexicana" para referirse a prácticas fraudulentas en los comicios.
Hemos tenido, sin duda, muchos avances que se deben, por encima de todo, a la movilización popular y a la irrupción de nuevos actores políticos que fueron minando al partido hegemónico y su sucia herencia electoral.
Con todo, muchas prácticas persisten aunque se hayan vuelto más sofisticadas. Una de las más socorridas y deleznables es el uso de recursos públicos en las campañas. Los Amigos de Fox, el Pemexgate, Monex, la Estafa Maestra, nos remiten a operaciones que, desde el poder político o económico, tuvieron como fin torcer la voluntad popular.
Sólo el voto masivo, como el ocurrido en 2018, pudo vencer al poder del dinero y de la trampa que por mucho tiempo ha caracterizado a nuestro sistema político, pese a los incontables y añosos esfuerzos por darnos elecciones libres.
Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a las y los mandatarios estatales para invitarlos a suscribir un Acuerdo Nacional por la Democracia, un instrumento que condensa la voluntad política de gobernantes que se comprometen a garantizar la limpieza de los comicios.
En su misiva, escrita en un tono republicano y respetuoso, el presidente consideró que en la actualidad "hay condiciones inmejorables para convertir en realidad esa aspiración histórica de México y establecer una democracia en nuestro país".
En el mismo texto, el primer mandatario hace un recuento de las instituciones que nos hemos dado para garantizar elecciones libres y limpias, y recuerda que gracias a los cambios aprobados en esta Legislatura, los delitos electorales son ahora considerados graves.
La jefa de Gobierno, la gobernadora y los gobernadores en su totalidad han suscrito el acuerdo que propuso el presidente y que lo incluye a él mismo.
Los compromisos asumidos son: no intervenir a favor "de ningún candidato de ningún partido"; no permitir el uso de recursos públicos en la contienda; impedir que se pongan en práctica acciones típicas de otras épocas como el acarreo, el relleno de urnas y otras propias de "mapaches"; así como denunciar la presencia de recursos del crimen en las campañas.
Por supuesto que todas estas conductas, y sus respectivas penas, están previstas en nuestras leyes, pero en la realidad muchas han sido huesos duros de roer.
Conspicuos analistas del viejo régimen dieron por muerto el acuerdo nacional luego de que la Cámara de Diputados admitiera la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Se equivocaron nuevamente, como ya les ocurre con frecuencia a quienes sólo sabían leer la realidad en clave del viejo régimen.
Un proceso electoral libre y en paz debe ser un anhelo colectivo, sobre todo porque los comicios de este año se celebran bajo una situación extraordinaria debido a la pandemia de Covid-19. Pero también encaramos, no hay que olvidarlo, lo que en algunos medios llaman "el proceso electoral más grande de la historia", puesto que las elecciones concurrentes con la federal pondrán en juego 21 mil cargos de elección popular.
Al calor de las contiendas, que ya se percibe plenamente, es una excelente noticia que los actores políticos de primera línea confirmen su compromiso con la democracia y con elecciones limpias. La voluntad política expresada por los firmantes fortalece nuestro sistema democrático y nos encamina a la meta largamente anhelada de una democracia verdadera.