La autora es Diputada Federal
Los dos sexenios del Partido Acción Nacional en la Presidencia fueron una gran decepción para el pueblo de México. Las promesas de cambio se esfumaron porque los panistas decidieron no tocar los pilares del viejo régimen político y nada hicieron para combatir la corrupción.
En busca de la legitimidad que nunca consiguió, Felipe Calderón puso en marcha una estrategia de seguridad que no solo resultó desastrosa para muchas regiones del país sino, ahora sabemos, estaba fincada en la protección a las mafias por la vía de su secretario de Seguridad Pública, ahora preso en Estados Unidos.
El desastre se prolonga hasta nuestros días, pero el PAN se niega a hacerse cargo de su responsabilidad histórica y pretende que los mexicanos olvidemos que un mandatario surgido de sus filas condujo al país a la violencia desbocada. Los panistas, que acompañaron a Calderón cuando decidió sacar a los militares de los cuarteles, hacen gala de la doble moral que caracteriza a la derecha y se pronuncian contra la "militarización" del país.
En los últimos días de su responsabilidad, la presidenta de la Mesa Directiva, en el cargo merced una herencia de la época en la que tres partidos se repartían todas las posiciones, presentó una controversia ante la Suprema Corte. Con ese recurso, pretende que no entre en vigor el acuerdo presidencial para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En los transitorios de la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional se establece claramente una ruta para que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus funciones constitucionales y también los mecanismos para su participación temporal en tareas de seguridad pública.
El decreto presidencial está sustentado en esa reforma que en su artículo V transitorio establece que en tanto se consolida la Guardia Nacional, el Ejecutivo "podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria."
Dicha reforma, de la que deriva el decreto que ahora ponen en tela de juicio, fue aprobada por ununanimidad en el Congreso federal y en los 32 congresos locales.
La oposición sin brújula busca minar al actual gobierno mediante una maniobra cargada de politiquería, fundada en aseveraciones falsas y contraria a la institucionalidad que debería ser el sello de la presidencia de un órgano legislativo.
El recurso interpuesto por la diputada del PAN fue presentado sin tomar en cuenta a la mayoría de los integrantes de la Cámara y sin consulta a la Mesa Directiva ni a la Junta de Coordinación Política.
Por encima de las instituciones que dice defender, el PAN ignoró a la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados y contrató despachos privados para preparar su argumentación.
El gravísimo panorama de inseguridad que padecemos es, en gran medida, consecuencia de las erráticas y políticas de sexenios anteriores. Poner piedras en el camino a una estrategia que busca una solución de fondo, la paz y la seguridad para todos los mexicanos, retrata a una oposición sin banderas que, en el colmo del cinismo, quiere culpar al actual gobierno de todo, incluso de querer solucionar los problemas que ellos crearon.