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Ayotzinapa, seis años

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Ayotzinapa, seis años

22/09/2020
Actualización 30/09/2020 - 4:50

La noche de Iguala, hace ya seis años, lastimó a la nación entera y tuvo consecuencias en diversos ámbitos. Por supuesto, en primer lugar, significó un tremendo dolor para las familias de quienes fueron asesinados ese 26 de septiembre de 2014, tanto normalistas, como un equipo de futbol y otras personas que tuvieron la mala fortuna de toparse con los sicarios.

Para las familias de los 43 jóvenes desaparecidos el dolor ha continuado, pues a la ausencia de sus hijos deben sumar el hecho de no saber qué ocurrió con ellos.

Los hechos de Iguala sacudieron al país y tuvieron un alto costo para el indolente gobierno federal de entonces. Durante diez días, cómo olvidarlo, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió cerrar los ojos a la tragedia y tratarla como un asunto local.

El clamor que se alzó tanto dentro como fuera del país obligó a un viraje.

Muchos analistas coinciden en que Iguala fue el principio de la caída libre de un gobierno que había comenzado con la etiqueta de “salvador” de México y que terminó totalmente desacreditado, sumido en escándalos de ineficacia y corrupción.

Con el correr del tiempo, se fueron desnudando una a una las atrocidades y trampas llevadas a cabo desde lo más alto del poder para construir la mal llamada “verdad histórica”.

El pasado 22 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncio que el sexto aniversario del crimen se presentaría un importante informe sobre el caso. En la presentación de dicho informe se subrayó la inédita y saludable confluencia de instituciones y poderes que ha permitido rehacer la investigación y dejar atrás para siempre las mentiras de Jesús Murillo Karam y del torturador Tomás Zerón, prófugo de la justicia escondido en Israel.

Así, el informe fue presentado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; la titular de esa dependencia, Olga Sánchez Cordero; el fiscal general Alejandro Gertz Manero; y por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, al hacer el anuncio, reiteró lo que ha sostenido desde el arranque de su mandato: “Es un asunto de Estado, nosotros nos hemos comprometido a esclarecer todos los hechos y se está avanzando en ese propósito, es un compromiso con las madres, los padres de familia, con todo el pueblo de México”.

Para cumplir ese compromiso se ha desplegado un esfuerzo institucional sin precedentes, del que forma pieza clave la Comisión de la Verdad, creada por decreto presidencial en diciembre de 2018. En esa instancia participan funcionarios federales (Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda), miembros de organismos civiles y familiares de los normalistas desaparecidos. La instancia referida cuenta además con la asistencia técnica de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La justa indignación de los padres de Ayotzinapa, como hemos dado en llamar al amplio movimiento que exige justicia, los ha llevado a sostener sus protestas. Recientemente se manifestaron en el Palacio de Justicia de Iguala porque, como se sabe, varios de los jóvenes fueron llevados a ese lugar y posteriormente fueron víctimas de desaparición forzada.

Los videos de esa sede judicial nunca fueron entregados durante la investigación, en una muestra de las numerosas trabas que, desde dentro de los órganos que deberían procurar la justicia, encubrieron y protegieron a los perpetradores del crimen.

Muchas voces están unidas en el conteo del 1 al 43, en la exigencia de justicia y no repetición. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.